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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un veterano de los tribunales. Antes de llegar a la Casa Blanca, el republicano estuvo envuelto en más de 3.000 demandas, de las cuales 1.300 son en su contra y en más de 1.900 él es demandante.
De acuerdo con un análisis de Usa Today, el número de procesos legales en los que Trump ha estado implicado supera con creces a cualquier inquilino de la Casa Blanca. La mayoría son por sus casinos, negocios inmobiliarios y difamación.
Desde que comenzó la campaña presidencial, Trump se ganó 70 nuevas demandas, de las cuales 50 siguen abiertas. Sus empresas, por otro lado, están implicadas en más de 100 disputas fiscales.
Como presidente la lista se sigue alargando, pues el magnate-presidente se niega a desvincuarse de su emporio empresarial. Tras asumir la Presidencia en enero, Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr.
Cuando llegó a la Casa Blanca llegó la primera demanda por conflicto de intereses. Siete días después de convertirse en Presidente, un grupo de especialistas en la Constitución de Estados Unidos y exabogados de ética de la Casa Blanca presentaron la primera demanda contra el 45.º presidente de EE.UU., por la presunta violación de la cláusula de emolumentos de la ley fundamental del país.
Los expertos advertían que Trump, a través de sus hoteles y otros negocios, recibe compensaciones de gobiernos extranjeros, que adquieren así el derecho a utilizar estas instalaciones ubicadas en el territorio estadounidense.
La organización demandante Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW por sus siglas en inglés), aseguraba entonces que no busca recibir ningún dinero del propio magnate, ya que su único objetivo era poner fin a las compensacoines que el nuevo presidente recibe de China, India, Indonesia y Filipinas, entre otros.
Esta semana los fiscales generales del estado de Maryland y del Distrito de Columbia presentaron una nueva demanda contra Trump en el mismo sentido: mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de Gobiernos extranjeros.
En una rueda de prensa en Washington, los dos fiscales acusaron a Trump de cometer una «flagrante violación» de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear un Gobierno «corruptible».
El miércoles llegó una tercra demanda similar. Un grupo de casi 200 legisladores demócratas presentaron ante una corte federal de Washington una demanda en la que acusan al presidente de EE.UU., Donald Trump, de violar la Constitución por aceptar regalos y dinero de Gobiernos extranjeros en sus negocios globales.
Esa aceptación sin la aprobación del Congreso supone una violación de la Constitución de EE.UU., según los demandantes. Pese al «mandato constitucional» existente, «el acusado ha optado por aceptar numerosos beneficios de Estados extranjeros sin buscar u obtener primero la aprobación del Congreso», sostienen los demandantes.
Los impulsores de esta iniciativa judicial contra Trump son el senador Richard Blumenthal y el legislador John Conyers, a quienes se han sumado otros 194 miembros demócratas del Congreso.
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