Igualdad para niños y adolescentes LGTBI en los colegios, en retroceso

Las instituciones educativas tienen, entonces, la misión de construir modelos de convivencia en los que puedan caminar juntas personas diferentes y asegurar que esas diferencias se celebren y sirvan de cimientos para la construcción de una sociedad igualitaria que permita el acceso pleno a derechos de quienes están en formación y genere condiciones equitativas frente a sus necesidades, gustos y cualidades.

En Colombia, en 2014 sucedió un hecho que hizo estremecer a gran parte del país y, a la vez, generó condiciones para avanzar en el marco jurídico de protección a los derechos: un joven llamado Sergio Urrego decidió quitarse la vida como respuesta a la discriminación ejercida en su colegio por el hecho de ser homosexual.

El suicidio de Sergio movilizó a la sociedad y generó la expedición, el año siguiente, de una sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al sector educativo a crear y mantener el sistema unificado de convivencia escolar y establecer mecanismos de atención integral en casos de acoso escolar.

La sentencia también generó la revisión de los manuales de convivencia de todas las instituciones educativas para incluir en ellos el respeto la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes.

Según Emily Quevedo, educadora y Secretaria Técnica de la Red Iberoamericana de Educación LGBTI – RIE, entre 2015 y 2016 se avanzó en la protección y la convivencia en las instituciones educativas. Por desgracia, desde 2017, debido al efecto de campañas mentirosas y perversas que han demonizado la educación sexual y a movilizaciones internacionales en contra de la incorporación del enfoque de derechos y la perspectiva de género en la educación como las campañas “Hazte oír” y “Con mis hijos no se metan”, que se escudan en la supuesta protección de la infancia y de la familia, tanto el Ministerio como las secretarías de Educación han hecho a un lado el cumplimiento de su deber de crear y mantener el sistema de convivencia, incumpliendo así las obligaciones consignadas en la Ley 1620 de 2013.

Con este retroceso se ha creado una situación en la cual los niños, niñas y adolescentes LGBTI están desprotegidos para afrontar las terribles consecuencias del acoso escolar. Está demostrado, según estudios de la Secretaría de Educación de Bogotá en 2015, que quienes sufren acoso escolar en razón de su orientación sexual o identidad de género, no cuentan con una red de apoyo eficaz en su familia, escuela o grupos de pares, a diferencia de otros grupos vulnerables como afrodescendientes o personas en situación de discapacidad.

En el gobierno que se avecina, sería deseable que quien asuma las riendas del Ministerio de Educación retome el enfoque de poner la vida como centro fundamental de la escuela y haga cumplir lo que ordena la ley en materia protección de los derechos, la diversidad y la generación de una sana convivencia ciudadana para la “construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural”, como ordena la Ley 1620 de 2013, de acuerdo con la Constitución de 1991 y con la legislación vigente en materia de educación y no discriminación.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir protección por parte de las instituciones; no habrá justicia mientras existan personas a quienes el maltrato y el acoso las lleven a pensar que no deberían estar en este mundo.

*Coordinador de la Red de Liderazgo Educativo en la Fundación Empresarios por la Educación