Autoritarismo en la salud

El presidente Uribe echó mano de los estados de excepción para regular autoritariamente lo que no hizo democráticamente. Se pierde una oportunidad de oro para que los colombianos reflexionen, deliberen y decidan sobre un tema sensible, del que dependen su calidad de vida, la responsabilidad personal y la solidaridad social. Más grave es que fueron las propias acciones y omisiones oficiales las generadoras de la emergencia que ahora se invoca para dictar medidas regresivas en materia del derecho a la salud.

El Gobierno acumuló durante años deudas con los prestadores públicos y privados de salud. Utilizó los aportes de los contribuyentes al Fosyga, invertidos en títulos de tesorería, para financiar el gasto público en lugar de cancelar oportunamente sus deudas. La Superintendencia de Salud tampoco sirvió para regular, vigilar y controlar la prestación del servicio. Por el contrario, uno de sus directores abandonó el cargo acosado por escándalos de corrupción. Cuando la amenaza de millonarias demandas internacionales por parte de los operadores privados se hizo realidad, los responsables oficiales optaron por acudir al atajo. En lugar de tramitar una ley estatutaria —por tratarse del derecho fundamental a la salud— optaron por declarar la emergencia social, arrogándose competencias legislativas reservadas por la Constitución al Congreso. Si la Corte Constitucional convalida esta reforma, ya sabrá el Gobierno cómo hacerle conejo a la garantía institucional de las leyes estatutarias que protege a las minorías políticas y  los derechos fundamentales.

Asombra que en la reforma a la salud el Gobierno reincide en su tendencia de no consultar los compromisos del Estado colombiano con los Derechos Humanos. Las normas internacionales vinculantes para el país prohíben el retroceso en la prestación de los derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos la salud, respecto del nivel ya alcanzado. Se desmejora a una persona que sufre una enfermedad catastrófica cuando se le dice que su tratamiento es muy costoso y otros necesitan salud básica, por lo que ahora debe pagarse ella misma con sus ahorros para pensión y vivienda los costosos medicamentos mientras el Estado le ayudará a conseguir un crédito blando. La Constitución y los tratados internacionales no admiten razones utilitarias según las cuales la salud de muchos potenciales enfermos vale más que la salud de una persona gravemente enferma pero costosa para el sistema. Esta solución es de bulto regresiva. ¿Qué pasa cuando la persona agota sus recursos pensionales y de vivienda, y luego los de su familia? Nada dicen los decretos al respecto. ¡Curiosa concepción de la solidaridad social la que defienden los decretos extraordinarios!

Nadie discute la necesidad de una revisión estructural al sistema de salud para universalizar su prestación y hacer más equitativo su goce por toda la población. Tienen razón los economistas en que el actual sistema no es económicamente sostenible. Pero el Gobierno tenía medios menos lesivos a su alcance para lograr el objetivo buscado. Podía, por ejemplo, combatir la corrupción que desangra al fisco nacional, desmontar las extensiones tributarias innecesarias y cesar el clientelismo electoral, para poder con los recursos así ahorrados avanzar en la universalización del derecho a la salud. Cualquier limitación al mismo debe ser fruto de un debate amplio, documentado, técnico y democrático y no el resultado de medidas autoritarias y represivas.