Campesinos, a vigilar obras

Después de ver cómo la agricultura está cada día más amenazada por los procesos industriales, la tecnología y los tratados de libre comercio, centenares de campesinos de la región, con sus conocimientos básicos, decidieron remangarse sus camisas, meter las manos en las obras y empezar a vigilar de cerca, junto con la Contraloría General de la Nación y la academia, cómo se gastan los recursos que la Nación le otorga a los municipios para mejorar su infraestructura, algo clave para mejorar la comercialización de sus productos.

El proyecto piloto se llama “Promoción del control fiscal participativo a obras de infraestructura con recursos de la Nación” y consiste en crear veedurías ciudadanas conformadas por campesinos, que están dispuestos a mejorar su calidad de vida. El objetivo, principalmente, es que ellos ejerzan control social a los proyectos de adecuación y mantenimiento de algunas vías terciarias y escenarios deportivos. En esta primera etapa, la Contraloría comenzó a trabajar con 13 municipios de Cundinamarca: La Calera, Gachetá, Junín, Macheta, El Colegio, Utica, Nimaima, Girardot, Caqueza, Chipaque, Tocancipá, Zipaquira y Nilo.

Floralba Padrón, contralora delegada para la participación ciudadana, cuenta que esta estrategia de control territorial comenzó con la ayuda de estudiantes de la Universidad Agraria y la Universidad Militar, que están a punto de graduarse de ingeniería civil. Ellos, junto con funcionarios de la Contraloría, les enseñaron a los campesinos el paso a paso de las obras, desde temas de contratación hasta ejecución de las mismas. «Durante todo el año, se capacitaron 350 personas. Hemos creado, conformado y consolidado 19 veedurías. Ésta es la forma de crear realmente ciudadanía, pues las personas hacen seguimiento a la gestión pública y se involucran en ella”, agrega Padrón.

Leonardo Loboguerrero, por ejemplo, es uno de los voceros de la veeduría ciudadana del municipio de Nimaima, encargada de cuidar el mejoramiento de la vía Pinzaima- El Cerro- Guaramal- El Rejo. Gracias a su aprendizaje en construcción pudo denunciar que el material con el que se realizaba la carretera, que beneficiaría a agricultores y turistas de la zona, no era el mejor y que la ausencia permanente del ingeniero responsable hacía que la obra se retrasara cada día. “Estaban en riesgo $337 millones, que para un municipio pequeño como el nuestro es mucho dinero”, cuenta Loboguerrero.

A pesar de que estas no son mega obras, según Padrón, la inversión que hace la Nación en ellas es alta. Para mejorar las vías y los centros deportivos de estos municipios se han otorgado alrededor de $18.000 millones, que hoy están a salvo por la vigilancia de las veedurías, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia de control que realizó la Contraloría y en la que también participó Instituto Nacional de Vías (Invías) y Coldeportes, entidades encargadas de ejecutar la mayoría de los recursos. Allí asistieron 150 representantes de estas veedurías y pidieron soluciones a los retrasos y problemas en las obras.

“Lo importante de este ejercicio es que pase algo y que haya un seguimiento de la Contraloría a los contratos y a las obras. A veces las entidades tienden a evadir estos problemas y lo que queremos precisamente es que den la cara, pero sobre todo que se establezcan tiempos para solucionar cuanto antes los problemas de las comunidades. Pero, además hay que pensar que esto también sirve para prevenir. Sólo hay controles posteriores y selectivos, pero no debe ser sólo así. A través de la capacitación ciudadana podemos hacer que se manejen mejor los recursos públicos durante los proyectos y evitar la corrupción”, dice la contralora delegada para la participación ciudadana.

Algo similar piensa Carlos Alberto Valencia, Subdirector de red terciaria y férrea de Invías, quien añade que, muchas veces, gracias a la información oportuna de los ciudadanos, se toman correctivos a tiempo en las ejecuciones de los proyectos, que podrían descuidarse por algunos vacíos en los mecanismos de control que tienen las entidades, por su incapacidad de permanecer en terreno. Además, dice Valencia, con este ejercicio de empoderamiento de los campesinos, son más visibles las problemáticas que hoy aquejan a las obras, como la escasez de las fuentes de material, el retraso por el clima o la geología, las dificultades en la adjudicación de las interventorías del Invías o el retraso de las alcaldías locales para la continuidad de la contratación de las obras.

Valencia espera que tanto las veedurías y las audiencias continúen, ya que el reto de mejorar la red terciaria del departamento, que es muy grande y a la fecha sólo se ha atendido el 25%.

Gracias al éxito que ha tenido esta estrategia en Cundinamarca, la Contraloría tiene proyectada replicarla en los demás departamentos y mostrar algunas de las experiencias que se han vivido en los 13 municipios pioneros en este esquema de vivilancia ciudadana. (ver recuadro).

Girardot

En enero de este año,  se adjudicó una obra que contrarrestaría el problema de las vías sin pavimentar de las veredas de Barzaloza , Guabinal, El Cerro y San Lorenzo. El tramo, cuyo costo era  de $1.500 millones, debía ser entregado a principios de noviembre, pero hubo incumplimientos y retrasos del contratista, demoras en la entrega de diseños y cambios en los puntos inicialmente establecidos, que la veeduría ciudadana denunció. Los habitantes del sector investigaron además, que la obra no contaba con mano de obra calificada, debido a que la instalación del acero de refuerzo se hizo de manera inadecuada, al no cumplir con el recubrimiento mínimo de concreto y tampoco hubo una planeación adecuada para la construcción de las placas huellas.

Útica

En la rendición de cuentas con la Contraloría General de la Nación, los veedores de este municipio nombraron las irregularidades de  las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Utica-Rodeo- la Peña. Hoy continúan preocupados, pues la inversión fue de $1.000 millones y aunque la vía la entregaron hace seis meses, ahora se encuentra en mal estado. Según los ciudadanos, parte del problema radica en la ausencia del interventor durante la ejecución, quien no estuvo pendiente de los cambios y los materiales de la construcción. Para la veeduría, no hubo una planeación adecuada de alcantarillas y tampoco se contó con mano de obra calificada en la mayoría del proceso.

Junín

Desde septiembre de este año, en Junín se adelanta el mantenimiento de la vía Sueva- San Francisco- El Valle, que aunque no presenta problemas, sí se presentan retrasos, según los ciudadanos, por el lento proceso de la adquisición de material granular de canteras certificadas. Como no es la única obra que se realiza en el sector, el material es escaso.

También, la veeduría notó que existen deficiencias en el acceso a tecnologías para conocer de primera mano los proyectos que la administración municipal tiene en marcha en su región.

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