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El pasado 20 de enero, a las 7:22 de la noche, el presidente Gustavo Petro trinó: “Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real”. El anuncio del jefe de Estado causó desconcierto, ya que no se entendía muy bien por qué estaba convocando a una movilización en las calles sin que se conocieran aún los contenidos de esos proyectos de ley tan sensibles. Desde entonces esa anunciada defensa de la reforma a la salud ha ocupado el debate nacional, mientras simpatizantes y opositores del Gobierno convocaron marchas ciudadanas para la próxima semana. Entretanto, la ministra Carolina Corcho avivó más la controversia con una reciente publicación en Instagram que, parafraseando la última canción de Shakira, decía: “¡Las EPS no curan! ¡Las EPS facturan!”. (Recomendamos: Lo que no le han contado sobre el funcionamiento de las EPS).
En medio de un ambiente así de tenso se espera que, por fin, este lunes el Gobierno radique la reforma a la salud en el Congreso. Más allá de las bondades prometidas o de las preocupaciones divulgadas, detrás de la convocatoria a las calles impulsada por la Casa de Nariño hay un documento de 11 páginas en poder de El Espectador. Se trata de un estudio elaborado por el sociólogo e investigador Ricardo Vargas Meza titulado “El proceso participativo por el derecho a la salud y la reforma al Sistema Nacional de Salud vigente”. En dicho texto, en donde Vargas Meza se presenta como asesor del despacho de la ministra de Salud, se hace una radiografía sobre las regiones y los municipios de Colombia en donde el proyecto de Gustavo Petro tiene mayor respaldo y donde es más fuerte la oposición. Desde esa perspectiva, se plantea una estrategia para concentrar los esfuerzos del Ejecutivo en la ambientación de la reforma en los feudos electorales que los hicieron ganar en junio de 2022.
Según la metadata del documento, este estudio se les remitió a la ministra Carolina Corcho y a su grupo de asesores en la primera semana de enero de 2023; es decir, 15 días antes de que el presidente Petro hablara por primera vez de defender la reforma en las calles. Para la elaboración de este detallado diagnóstico político, Vargas Meza firmó un contrato por un mes (entre noviembre y diciembre pasado) por un valor de $9 millones con el Ministerio de Salud.
El texto del investigador tiene frases inquietantes. Por ejemplo, en la página 10 señala lo siguiente sobre los beneficios de la movilización social: “Una sociedad apropiada de los contenidos de la reforma a la salud en términos de derechos se convierte en la mayor garantía y presión social para que el conjunto de las entidades institucionales de diferente orden sean proclives al proceso o sitúe marginalmente a los defensores del status quo del actual sistema”.
En otras palabras, se advierte que esas marchas ciudadanas serían mecanismos de “presión social” para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso y, al mismo tiempo, para aislar a los contradictores de esta iniciativa. El estudio comienza así: “La idea de visualizar un mapa político buscó en primera instancia despejar una mirada de los escenarios políticos donde se posibilite una mejor focalización de los eventos de difusión y de participación de la sociedad civil alrededor de la reforma a la salud”.
El documento es una hoja de ruta para señalarle al Gobierno los lugares en donde debería priorizar ese llamado ciudadano para respaldar la reforma. Como siguiendo esta directriz, el pasado 4 de febrero, con una asistencia de 3.000 personas en el coliseo Evangelista Mora de Cali, la ministra Corcho y la vicepresidenta Francia Márquez defendieron con ahínco esta propuesta y la emprendieron contra las EPS.
“La Silla Vacía” tituló así este evento: “Con buses y pancartas: así fue la defensa de la reforma de la salud en Cali”. ¿Por qué se escogió a la capital vallecaucana como epicentro de la primera manifestación de apoyo social a la reforma a la salud y antesala de las movilizaciones convocadas para este 14 de febrero? La respuesta parece estar en el informe presentado por el contratista Vargas Meza.
En la página 7 se lee que “las regiones más consolidadas” de reconocimiento al gobierno Petro son el Pacífico nariñense y caucano, el Valle del Cauca y el Caribe. Según el documento, más allá de las complejidades propias de la incidencia social en las políticas gubernamentales, es clave entender el espacio público “como el lugar donde se debaten temas cruciales más allá de la pertinencia natural que tiene el Congreso de la República, ámbito donde se proponen y/o aprueban las leyes y supuestamente se recogen demandas de la sociedad para ser incorporadas al cuerpo legal vigente”.
Y más adelante añade: “La reforma a la salud, si bien se esgrimió como argumento político para el triunfo programático del progresismo en Colombia, puede llegar a trascender como una bandera de apropiación de la sociedad civil, cuya fortaleza es el cimiento más importante de la democracia. La democracia se entiende como un proceso de conquista de derechos universales y no una mera formalidad legal o normativa. Ese trascender supone que los valores más universales, en este caso los signados por el derecho a la salud, son apropiados por la sociedad y logra romper las narrativas y el corpus institucional vigente hoy, y que expresa de manera dominante y fundamental los intereses privados. La esfera civil solo se construye con la vigencia de los intereses universales de la sociedad civil, y se entiende que este es el núcleo de lo que se pretende políticamente con la propuesta de reforma a la salud. Este punto dimensiona el tamaño del desafío que se tiene al frente”.
El documento advierte que este diagnóstico aproximado del mapa político colombiano posibilita “encontrar contextos de mayor respaldo ciudadano” a la reforma. Para documentar cuáles son esas regiones más o menos afines al proyecto de la Colombia Humana, Vargas Meza tomó como referencia una investigación que publicó en 2017 en la revista “Análisis Político” el profesor de la Universidad Javeriana Juan David Velasco.
En su artículo “El voto uribista en los municipios colombianos: patrones y significados 2002-2014”, Velasco identificó y caracterizó los territorios en los que el expresidente Álvaro Uribe y sus aliados políticos fueron más exitosos en las urnas, como Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Meta, Casanare, Antioquia, Cundinamarca, Caquetá, Boyacá y Tolima. También se refiere a que las regiones menos uribistas son Cauca, Nariño, Putumayo, Valle, el Bajo Cauca y Urabá antioqueño, el Catatumbo y el llamado Trapecio Amazónico.
Con esos datos electorales, sumados a un artículo de “La Silla Vacía” de Andrés Sampayo y Silvia Otero, que analizó los resultados de la segunda vuelta presidencial que llevaron a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el documento de Vargas Meza da las pautas de cómo deberían ser los eventos de apoyo a la reforma a la salud y “el proceso de organización de los ejercicios de participación local”. En ese sentido, y tomando como base una encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre los primeros 100 días del Gobierno, diferencia con claridad las regiones en donde el jefe de Estado tiene mayor respaldo popular, donde la oposición tiene mayorías consolidadas y donde las cargas están más repartidas. De acuerdo con el informe, Bogotá, Popayán, Pasto, Tumaco, Santander de Quilichao (Cauca), Buenaventura, Cali, Quibdó, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, el sur de Córdoba y la Amazonia son los lugares más afines a la Colombia Humana.
En contraste, se hace énfasis en que debe hacerse una “estrategia fuerte de comunicación e incidencia política” en ciudades donde ganó la oposición “al proyecto progresista”, como Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Arauca, Villavicencio, Tunja y Girardot (Cundinamarca). El estudio, sin embargo, recalca que los “lugares de mayor cuidado en el diseño comunicacional y de incidencia preparatoria” para apoyar la reforma a la salud son Medellín y Yopal, donde la oposición es más fuerte. La utilidad de este mapa electoral, agrega el investigador, es que revela el “soporte de las fuerzas sociales y políticas” que se mueven en esas regiones y que permiten trazar una estrategia diferenciada. “No se trata simplemente de la escucha de argumentos que incluso pueden ser muy convincentes, sino al logro de la apropiación movilizadora de sus contenidos, de modo que puedan cualificarse como demandas políticas del conjunto de la sociedad”, asegura el documento.
Por último, señala que son necesarias estrategias de comunicación precisas, una “estructuración de equipos pedagógicos bien definidos” y una línea de trabajo que se “pueda traducir en la movilización social”. Para ello propone enfocar esfuerzos en seis grupos poblacionales: mujeres, pueblos indígenas y comunidades negras, trabajadores de la salud y sindicatos, empresarios, alcaldías y gobernaciones, y sectores privados del área de la salud. “Este tipo de acciones viabilizan la especificidad comunicativa al recoger prácticas sociales diferenciadas que han vivido diversas experiencias en relación con el actual modelo vigente”, resalta el estudio enviado a la ministra Corcho. El diagnóstico establece que en el ejercicio de discusión pública sobre “este cambio de paradigma” es necesario posicionar cuatro temas: la salud como derecho fundamental, el modelo de atención, los regímenes complementarios y el “desarrollo en la territorialización del sistema de salud”.
Concluye: “Los desarrollos argumentativos desde estos contenidos conducen a fundamentar un proceso que cobra raíces profundas en la cualificación de la sociedad que se moviliza e incide en la esfera pública hacia la incorporación institucional del rescate conceptual y performativo del derecho a la salud. Con ello lo participativo cobra una relevancia política que supera demandas meramente reivindicativas. Aludimos a lo participativo como nueva pragmática cultural, proyectado no solo en la movilización en la esfera pública, sino en la proyección estratégica del nuevo sistema. Allí tendrá que expresarse alrededor de contenidos que necesita la misma reforma en su desarrollo”.
Uno de esos contenidos, marcados en el estudio, es “la participación en salud como paradigma de la construcción de democracia”. En síntesis, un catálogo de cómo movilizar a la ciudadanía que, al parecer, el Gobierno parecería estar aplicando al pie de la letra. El Espectador se comunicó con Ricardo Vargas Meza, quien manifestó su extrañeza porque este documento estuviera en manos de un medio de comunicación, porque, según él, “era de uso interno del Ministerio de Salud”. Agregó el investigador que no podía pronunciarse sobre su trabajo porque había firmado un documento de confidencialidad, pero aceptó que este diagnóstico de preferencias políticas fue el resultado final del contrato que suscribió con el Ministerio.
Este diario intentó obtener una respuesta oficial de la ministra Carolina Corcho sobre el estudio elaborado por Vargas Meza, pero no contestó a los mensajes que se le dejaron en su teléfono. Por último, el equipo de comunicaciones del Ministerio solamente respondió que Vargas Meza fue contratista de la entidad hasta el mes de diciembre de 2022. Sobre lo que plantea el documento como estrategia de movilización social, no contestaron a las preguntas formuladas por este periódico.
¿Quién es Ricardo Vargas Meza?
Ricardo Vargas Meza es un sociólogo doctorado en Filosofía Social por la Universidad Nacional de Colombia y reconocido por ser autor de varios libros, informes y artículos sobre cultivos ilícitos de drogas, desarrollo alternativo y su relación con el conflicto interno colombiano,
Trabajó con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, donde coordinaba el proyecto Drogas y Violencia. Ha hecho publicaciones especializadas en medios de comunicación de Brasil, Venezuela, Chile, Suiza y el Reino Unido. Ha sido investigador asociado del Transnational Institute (TNI) con sede en Ámsterdam. Hace poco dijo a la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional que respaldaba las propuestas antidrogas del gobierno de Gustavo Petro: “La nueva política, como formulación general, está muy bien; pero le hace falta mucha precisión y un buen balance de la capacidad institucional; en este momento todavía no se sabe qué entidades manejarán el tema de los cultivos de uso ilícito”.
Por Juan David Laverde Palma
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