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El naufragio del Titanic tiene mucho que ver con que, desde hace casi un siglo, el Estado se apropiara de las frecuencias radioeléctricas.
Entonces se consideró indispensable que el Estado asumiera el control del tráfico radioeléctrico y se reservarán unas frecuencias exclusivas para la protección de la vida y la seguridad. Por este camino, poco a poco, se creó la escasez artificial de las frecuencias que a lo largo de los años ha generado inmensos recursos para el patrimonio de los Estados y se ha constituido en un valioso instrumento de poder.
La fijación del precio que deben pagar los particulares por el uso de ese recurso es una cuestión que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Al inicio de la explotación comercial de las frecuencias el Estado recibía nada o casi nada por ese concepto. En Colombia, tal como sucedió hace años en Estados Unidos y en Europa, empezó a utilizarse el mecanismo de la subasta para determinar el precio que debían pagar los particulares. En nuestro país el primer antecedente fue el de la telefonía móvil celular cuando en los años noventa los operadores pagaron la suma de US$1.200 millones. En el caso de los servicios PCS se realizó una subasta en la que existió un único oferente que pagó alrededor de US$60 millones (¿alguien quiere acordarse de Ola?).
En el caso de la televisión, la CNTV —que se vive quejando injustificadamente de que su caja está casi vacía por el pago del pasivo pensional de Inravisión— se negó a realizar una subasta seria para la asignación de la frecuencia del tercer canal y prefirió recurrir a criterios subjetivos, un vicio más de los muchos que obligaron a iniciar de nuevo el proceso de la respectiva licitación.
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