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Mientras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe contra Wade fue la ley del país, los conservadores se quejaron de que había aplastado el proceso democrático, que hombres con togas negras a los que nadie había elegido habían dictado un edicto nacional en lugar de dejar que el pueblo estadounidense llegara a un consenso.
Tras la revocación de Roe en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, celebraron y declararon que por fin se permitiría a la democracia tomar las riendas y resolver la cuestión del aborto de una vez por todas. “Ahora el pueblo estadounidense recupera su voz”, declaró Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Mientras que el tribunal en el caso Roe había “inflamado el debate y profundizado la división”, escribió el magistrado Samuel Alito Jr. para la mayoría en el caso Dobbs, “el pueblo y sus representantes electos” alcanzarían el “acuerdo nacional” que el país no había logrado durante tanto tiempo.
Dieciocho meses después, el pueblo estadounidense ya se está pronunciando, pero no como los detractores del aborto habrían esperado. En un avance constante de medidas electorales, incluso en estados conservadores como Ohio, se ha reconocido el derecho al aborto y se han rechazado los intentos de restringirlo. Las encuestas muestran un creciente apoyo al derecho al aborto en los 50 estados, con mayorías en casi todos los estados (incluso en los más republicanos) que afirman que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.
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La dinámica del debate ha cambiado por completo: los demócratas, que antes temían pronunciar la palabra aborto, ahora basan su plataforma electoral en este tema, mientras que los republicanos luchan por definir qué excepciones aceptar en la prohibición a este procedimiento y el expresidente Donald Trump ahora dice que revocar el fallo Roe fue un error.
Y, sin embargo, un “acuerdo nacional” parece menos posible que nunca. Una de las razones es simplemente el federalismo estadounidense, que permite a los estados establecer sus propias normas cuando no existe una federal. Pero una razón de mayor peso es que los republicanos de todo el país (los mismos que, en muchos casos, se quejaron en el pasado de que Roe bloqueaba el proceso democrático e imponía una norma única para el aborto en todo el país) han dedicado gran parte de su energía a mantener la cuestión alejada de los votantes.
Las legislaturas controladas por los republicanos, escandalizadas por los resultados de las medidas electorales que dejan en manos del pueblo la decisión del aborto, están intentando dificultar la aprobación de esas medidas e incluso abolirlas como opción. La cuestión se encuentra ahora en otros tribunales, en los de los estados, donde los grupos antiabortistas han buscado jueces afines en un intento de retirar del mercado las píldoras abortivas. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos (esos hombres de togas negras que supuestamente se habían apartado del tema del aborto) anunció que se haría cargo del caso. Y algunos de los mismos republicanos que antes defendían que el aborto debía decidirse por la voluntad de los ciudadanos de los estados, ahora sostienen que lo que hace falta es que el Congreso apruebe una ley federal uniforme.
Pocos predijeron hasta qué punto el aborto definiría las elecciones de 2022; ahora es el tema que definirá las de 2024. Pero cualquiera que espere que la democracia resuelva el debate tendrá que esperar mucho más. Si el objetivo del fallo del caso Dobbs era dejar que la voluntad del pueblo decidiera la cuestión del aborto, la pregunta ahora es si, en gran parte del país, se permitirá que la opinión del pueblo cuente.
Un patrón claro
Los grupos que abogan por el derecho al aborto siempre dijeron que, si el precedente del caso Roe desaparecía, el país se convertiría en un entramado de leyes y se ha demostrado que tenían razón. Pero hasta ahora, no es el entramado que nadie esperaba.
En algunos casos, la voluntad popular protegió el acceso al aborto. En Kansas y Ohio, la confirmación del derecho al aborto en las constituciones estatales les permite ahora a las mujeres abortar hasta bien entrado el segundo trimestre. En Míchigan, una medida similar en las urnas llevó a una nueva legislatura demócrata a consagrar el precedente de Roe. Y en Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin intentó que los votantes le otorgaran a su partido el control de la Asamblea Legislativa mediante una campaña en la que prometió aprobar lo que presentó como un proyecto de ley consensuado que permitiría el aborto hasta las 15 semanas. Los votantes rechazaron la oferta y eligieron una legislatura que ahora se unirá a otras en el patrocinio de una medida electoral para codificar el derecho constitucional al aborto.
Los votantes de Pensilvania y Wisconsin también salieron a las urnas para elegir a jueces de la Corte Suprema que apoyan el derecho al aborto, incluso cuando éste no figuraba de manera explícita en la boleta electoral. En Wisconsin, los médicos dejaron de practicar abortos inmediatamente después de que se anuló el precedente del caso Roe por miedo a entrar en conflicto con una prohibición de 1849, pero la elección del magistrado le dio a Planned Parenthood la confianza suficiente para reabrir sus clínicas allí.
Incluso los electores republicanos en los estados gobernados por este partido apoyan cada vez más el derecho al aborto, pero sus representantes electos muestran poco interés en cambiar la ley para reflejarlo.
En julio, Christine Matthews, encuestadora republicana, encuestó a personas en nueve estados donde el aborto solo se permite para salvar la vida de la mujer embarazada y descubrió que pocos conocían los pormenores de su ley, pero cuando se les informaba, la mayoría se declaraba partidaria de añadir excepciones. El sentimiento era mayor en Texas, que prohibió el aborto nueve meses antes de la caída de Roe, mediante una ley aplicada por civiles, lo que sugiere que cuanto más sabe y ve la gente, más quiere liberalizar las leyes.
De manera más reciente, otra encuestadora, PerryUndem, puso a prueba dos medidas electorales similares para ver cuál encontraba más apoyo: una establecería un derecho individual a la libertad reproductiva, incluido el derecho a tomar “todas las decisiones” sobre el aborto; la otra establecería ese derecho, pero le permitiría al Estado regular el aborto después de la viabilidad, a menos que el procedimiento fuera “médicamente necesario”. La versión sin restricción gestacional obtuvo mejores resultados en las encuestas.
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A Tresa Undem, una de las fundadoras de la empresa, le sorprendió tanto el resultado que le pidió a su equipo verificar las cifras cuatro veces y realizó otra encuesta y entrevistas de seguimiento para preguntar a los votantes por qué respondieron así. Esos sondeos revelaron que los encuestados que habían oído historias sobre mujeres con complicaciones en el embarazo que se veían obligadas a viajar a otro estado para abortar eran mucho más propensos a apoyar una medida electoral, lo que incluía al 57 por ciento de los republicanos. Incluso el 46 por ciento de los votantes que afirmaban que el aborto debería ser ilegal en la mayoría de los casos apoyaban una medida electoral que estableciera el derecho al aborto tras escuchar esas historias. Y una y otra vez, los votantes explicaron su preferencia diciendo que no querían que el gobierno interviniera en la decisión de quién puede abortar.
Pero el potencial de las medidas electorales es limitado; menos de 10 estados que prohíben el aborto también permiten medidas electorales promovidas por los ciudadanos. Y en esos estados, los grupos y los legisladores antiabortistas se están esforzando por impedir que las medidas lleguen a las urnas. Los grupos que defienden el derecho al aborto en Misuri llevan nueve meses luchando en los tribunales contra los funcionarios republicanos del estado por sus intentos de que el texto de la papeleta diga que un voto afirmativo permitiría “el aborto peligroso y no regulado hasta el nacimiento”.
Las victorias de los grupos de defensa del derecho al aborto en las votaciones no necesariamente se han traducido en cambios en la legislación o en la apertura del acceso al aborto. En Kentucky, aun cuando los votantes rechazaron una medida electoral que pretendía declarar que no existía el derecho al aborto, y luego reeligieron a un gobernador demócrata que hizo campaña a favor del derecho al aborto, un tribunal confirmó una prohibición casi total del aborto aprobada por la legislatura republicana.
Así que, aunque los votantes de Kentucky se parezcan mucho a los de California en las preguntas de las urnas, en lo que respecta al aborto, los estadounidenses vivirán en dos países diferentes. En un estado, es un delito que priva a los médicos de su licencia y los envía a prisión durante 99 años; en el otro, no solo es legal, sino que está financiado con fondos públicos.
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