Necesitamos reformas estructurales

En la discusión del proyecto de ley respectivo, acomodan las cifras. Con la ley aprobada del plan, viene el chantaje de parte y parte en las discusiones de las leyes anuales de presupuestos, para concretar las partidas, de acuerdo con el comportamiento del congresista, en apoyo de los proyectos de ley que presenta el gobierno. Los congresistas, en su apetito voraz, chantajean en la aprobación de cada proyecto de ley para garantizar que les cumplan.

La pregunta es, ¿por qué esos manejos de un gobierno que tiene el interés de hacer obras y de unos congresistas que quieren beneficiar a su región? La respuesta es que ello es la base de la corrupción, que se hace en tres vías: la primera tiene relación directa con el nombramiento, desde los ministros, superintendente, hasta el director de la institución más pequeña, de personas afines a los partidos que apoyan al gobierno y muchas veces de un solo congresista, dependiendo de su poder electoral o de convocatoria. Se conoce con el nombre de clientelismo. Estos altos jerarcas se encargan de entregar los contratos y nombramientos de personal directivo, según los acuerdos que se hacen al interior del partido.

La segunda es cuando desde el mismo Ministerio de Hacienda se le indica al ministro, director o presidente de institución, qué obra o nombramiento debe hacerse, según recomendación del congresista.

La tercera es la financiación a elecciones, incluyendo las presidenciales, por grandes empresas que tienen interés en la construcción de obras, reformas tributarias o proyectos de leyes que los benefician.

Las tres vías tienen un propósito: pasar un porcentaje en dinero por parte de quien hace la obra o presta el servicio correspondiente, al congresista. Muchas veces el presupuesto de la obra se infla para este menester o sencillamente el bien o servicio que se entrega es ineficiente. En otras palabras, hay una confabulación para robarse los impuestos.

Por este “botín presupuestal” es que hay todo tipo de delitos en las elecciones, desde la compra de votos, que se hace con la plata que dan las empresas, o futuro beneficiario de una ley determinada, hasta los carruseles, acuerdos con manzanas podridas de los contratistas que manejan las elecciones y uno que otro empleado de la Registraduría. ¿Todos los congresistas, funcionario público, empresario o contratista están involucrados? Claro que no, pero la magnitud de los hechos minimizan a esos honrados.

Bien lo del fiscal, pero la solución está en reformas estructurales del Estado, incluyendo una reforma política que abarque todo lo electoral.

* Exrepresentante a la Cámara.