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Luego de una denuncia en la que se alertaba sobre la presencia de residuos peligrosos en la bahía de Cartagena, la Contraloría General emitió este miércoles un concepto en el que avala que, por cuenta del proyecto de ampliación del canal de acceso a la bahía, sí se han presentado posibles daños ambientales provocados por el vertimiento de elementos como mercurio, zinc, cromo, calcio y cobre.
La advertencia fue hecha inicialmente por un consultor de la Corporación de Inspectoría Ambiental (Coriambiental). El funcionario de la entidad indicó que la limpieza de sedimentos y rocas de la bahía provocó el desprendimiento de residuos en una cantidad que podría representar factores de riesgo para la salud de las comunidades que se encuentran cerca de la zona.
Luego de los resultados de un análisis fisicoquímico a las muestras de agua y sedimentos, el ente de control concluyó que “los parámetros correspondientes a Sustancias de Interés Sanitario, establecidos en el artículo 20 del decreto 1594 de 1984, indican la presencia de compuestos tales como Mercurio, Cadmio, Cromo, Zinc, Cobre y Calcio, cuyo origen es extremo a las actividades de dragado, en concentraciones que no se pueden comparar en valores razonables”.
Esto último, según la Contraloría, porque en el país aún no existe una regulación sobre las concentraciones de estos compuestos. De esta forma, la entidad resolvió que esos metales pesados, presentes en inmediaciones a las comunidades de Bocachica y Caño del Oro, están concentradas de manera que pueden constituir factores de riesgo para la salud de los habitantes.
“Los registros de los análisis fisicoquímicos realizados a las muestras tomadas en los sedimentos del dragado en la Bahía de Cartagena, perteneciente al Programa de Seguimiento y Monitoreo de Condiciones Ambientales del Agua y Sedimentos Marinos del PMA del Proyecto, que fueron presentados a la ANLA, confirman la presencia de Sustancia de Interés Sanitario, en concentraciones que se constituyen en factores de riesgo para la salud de las comunidades de Bocachica y Caño del Oro, principalmente”, indica la advertencia de la Contraloría.
De esta forma, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las autoridades de salud a nivel nacional y distrital son, según la Contraloría, las responsables de la identificación de niveles de concentración de sustancias tóxicas en los ecosistemas naturales, así como sus respectivas consecuencias en la salud de las poblaciones de la isla de Tierra Bomba.