Duque: el desafío de la corrupción

La indignación ha llegado a un punto en que se ha convertido en bandera electoral, siendo, en realidad, problema de todos. La consulta anticorrupción puede ser un tratado de buenas intenciones o un “saludo a la bandera”, pero ha surtido y surtirá efectos electorales. ¿Debe quedar en manos de la oposición? En realidad es un objetivo de gobierno y en ello deben acompañarlo todas las fuerzas políticas.

No creo que los votos de Petro sean tan  “suyos”, como no lo fueron los cuatro y medio de Fajardo que no le siguieron en su decisión de votar en blanco. Tampoco creo que sean “de la izquierda”. Pero, sin ninguna duda, constituyen una expresión  del malestar profundo que hace rato está presente en la opinión pública. Una rebelión ciudadana contra la corrupción y la mala política a ella asociada. Depende, todavía, de nuestros dirigentes el rumbo del país en los próximos años.

Y aunque eso no se reduce a desarrollar buenos gobiernos, y requiere la participación de todos, el éxito en el cumplimiento de políticas, diferente a “buenas intenciones”, señalará el destino de Colombia. Si la corrupción sigue campeando, como si tal, un salto al vacío en próximas elecciones, comenzando por las de Bogotá, puede ser inevitable.

Transparencia y  eficiencia son principios y no solamente conceptos o criterios ideológicos. La corrupción se ha transformado de un problema penal a uno de Estado, y su erradicación, en un objetivo político;  de gobierno, que debe confrontar, también, el presidente. Esto le puede dificultar su gobernabilidad  porque supone un inminente conflicto con sectores políticos que han convertido  las prácticas corruptas en  su modo de vida.

El “modelo” contratación pública-compra de votos-malos gobiernos, conocido por la opinión y demostrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, se lleva, al menos, un 20% del valor de la contratación. Allí están los sobrecostos de la salud; los de la alimentación escolar; los de las obras públicas; y, en un porcentaje mayor, los de las entidades territoriales y la contratación directa.

La corrupción es un problema ético, moral y político, pero nuestro déficit fiscal, uno de los problemas que debe afrontar en la entrada el nuevo gobierno, tiene relación directa con su generalización y desbordamiento.

La promesa de reducir impuestos para propiciar inversión, crecimiento y nuevos empleos choca con la realidad fiscal. La reducción de la inversión  y el gasto público puede ser lesiva y recesiva. ¿De dónde saldrá la plata para mantener un nivel de gasto público que no ocasione disminución en los niveles de crecimiento y bienestar?  El primer objetivo deben ser los recursos de la corrupción; lograr mayor eficiencia en el gasto y la gestión pública.

Paralelamente con la lucha anticorrupción, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de hacer más eficiente esa gestión, tarea que comienza con el equipo en el alto gobierno: su gabinete. ¿Los más leales o los más capaces? ¿Quienes representen mejor a las fuerzas que le eligieron o sus objetivos? ¿Quienes no estén “contaminados” o quienes tengan experticia?

El entorno de la gestión pública es diferente al privado. A falta de capacidad de gobierno deciden, en una relación inversa, intereses particulares, sorpresas e incertidumbre. No se trata de ideologías sino de administrar en un ámbito complejo plagado de intereses encontrados. Es totalmente diferente al de la administración privada; las “importaciones” desde  allí, generalmente, no funcionan. La cultura de lo público, en nuestro país, es débil en herramientas de  soporte a la toma de decisiones; protocolos de procesamiento y archivos de problemas. Mientras el perfil de los ministros debe ser técnico-político, la opinión espera “magos”.

Y la gobernabilidad, mucho más en esta era digital, no se reduce al Congreso. La comunicación desde el gobierno será una herramienta fundamental en el de Duque.

Suerte y pulso, presidente.

@herejesyluis