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Que la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro aún no esté aprobada por el Senado y, por ende, tampoco convocada, no ha sido impedimento para que el oficialismo y la oposición hayan destapado todas sus cartas de campaña electoral. Aún cuando la normativa prohíbe la promoción del SÍ o el NO en esta etapa, ambos sectores están armando sus estrategias y ya pusieron a andar las narrativas a favor y en contra.
El presidente, sus funcionarios y congresistas tienen una indiscutible ventaja, pues enfocaron todos sus esfuerzos en sacar adelante el mecanismo —incluso dejando en segundo plano las peleas internas— y se han apalancado en las capacidades del Estado. En las toldas opositoras ya se dieron cuenta del terreno perdido y por eso, entre otras medidas, decidieron convocar a una reunión entre los jefes de Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador para organizar el frente contra la consulta, primero en el Senado y eventualmente en las urnas.
Sin embargo, el jefe de Estado no suelta el pie del acelerador y, además de movilizar a sus bases el 1 de mayo (centrales obreras, indígenas, organizaciones campesinas) y de llevar a los estudiantes del SENA a la Casa de Nariño para abanderar la lucha en favor de sus condiciones laborales, en las últimas 24 horas desplegó una nueva estrategia: sumar apoyos en las regiones.
Este miércoles se reunió con buena parte de los alcaldes del país, que están en Cartagena en el Congreso Nacional de Municipios, para atender reclamos en varios frentes y defender su apuesta de gobierno como una forma de transformar positivamente las regiones. Según el mandatario, los alcaldes deberían tener en cuenta avances como la reducción, en dos años y medio, de los índices de pobreza y el aumento en el gasto de la educación de $50 billones a $70 billones.
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La respuesta de los mandatarios locales no fue la esperada por el presidente, pues varios soltaron frases como “Hemos tenido que gobernar bajo el fuego”, “En los ministerios ni siquiera nos dan cita” o “Qué pasó con la plata”. Esta última fue la que más eco generó, pues los alcaldes insistieron en que lo que les gira la Nación no es suficiente para atender las demandas de sus habitantes.
En este punto entra en juego un proyecto que a mediano plazo podría sintonizar los intereses del gobierno central y los locales: la puesta en marcha de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que en pocas palabras aumenta los porcentajes de las transferencias a los municipios. Aunque el cambio aprobado nació de un proyecto parlamentario, el presidente Petro dijo que fue su gobierno el que la impulsó y que, además, sigue comprometido con la ratificación de la misma con la ley de competencias.
El encargado de ese trámite será el ministro de la política, Armando Benedetti, quien justamente les dijo este martes a los alcaldes de las capitales que tendrán “la garantía de que este Gobierno le apuesta al desarrollo desde las regiones y trabajaremos juntos para lograr ese objetivo”.
Varios funcionarios del Gobierno que asistieron al evento en Cartagena aseguraron, en voz baja, que el compromiso del Gobierno es dejar todo listo para que la reforma sea realidad desde enero 2027, fundamentalmente porque saben que ese es el último año de las actuales alcaldías y gobernaciones y muchos buscarán fortalecer su ejecución para futuras aspiraciones políticas. Así las cosas, pese a los roces con los mandatarios locales, el Gobierno tiene en el bolsillo una moneda de cambio clave que podría reforzar más la apuesta de sumar apoyos regionales para la consulta popular.
Algunos alcaldes consultados por este medio aseguraron que no están cerrados a apoyar el debate de la consulta, en parte porque hay un vacío legal que no se los impide, ya que, aunque se puede hablar de posible participación en política, en 2018 la Procuraduría emitió un concepto que habilitó a muchos a opinar sobre la Consulta Anticorrupción.
Además de estas movidas, se han producido varias más en el mismo sentido y desde la Casa de Nariño. Varios mandatarios departamentales han hecho romería por las oficinas de Palacio en las últimas 24 horas. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya (Alianza Verde), estuvo este martes en el palacio presidencial y se reunió durante varias horas con el jefe de Estado. El hecho no es menor, ya que Amaya fue el primer gobernador que mostró su respaldo a la consulta popular. “Haré campaña con toda la fuerza del mundo en esa consulta popular. Y no porque hable con Petro, como algunos dicen. Es por ser coherente con mi historia de vida (…) es una injusticia que las empresas digan que van a quebrar por pagar un recargo nocturno a los trabajadores”, dijo.
A esto se suma que el gobernador analiza una posible renuncia a su cargo para entrar en la carrera presidencial del 2026. Desde su entorno aseguraron que en la cita con el presidente se habló de proyectos estratégicos para Boyacá, pero algunas voces de la Presidencia señalaron que el tema electoral estuvo sobre la mesa. Fuentes del alto gobierno le dijeron a este diario que el nombre de Amaya cae bien en varios sectores del petrismo, pues lo ven como uno de los hombres fuertes de la Alianza Verde y un posible puente con otros partidos que sería útil en la búsqueda del llamado “frente amplio” entre izquierda y centro. A esto se suma que el presidente también se reunió con Roy Barreras, otro de los posibles candidatos de ese sector.
Este mismo martes, la consejera para las Regiones, Luz María Múnera, recibió en la Casa de Nariño al gobernador de Vaupés, Luis Alfredo Gutiérrez. De ese encuentro llamó la atención la presencia de Alexander López Maya, ex director de Planeación Nacional, quien ha sonado para asumir nuevos cargos en el Ejecutivo, pero también podría sumarse al grupo de exfuncionarios que entrarían de lleno en la campaña de la consulta popular y, por esa misma vía, de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
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Lo que el presidente busca es sumar más voces como las de Amaya, que le apuesten a la consulta, tanto con los votos que pueden influenciar con sus senadores aliados, como con la puesta a punto de sus maquinarias y cuadros políticos a la hora de llamar a las urnas con la meta de más de 13,6 millones de participantes.
En ese camino también ha planteado que las estructuras de algunos de los programas de gobierno en las regiones sirvan de plataforma para la consulta, como por ejemplo la reforma agraria, que cuenta con cientos de grupos de campesinos organizados. En entrevista con este diario, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reconoció que “el movimiento campesino ha generado expectativas con su capacidad de movilización” y que hay 450 comités de reforma agraria, en 450 municipios, que estarían dispuestos a sumarse al debate.
El presidente Petro ya anunció que, tras las marchas del 1 de mayo, le “tocará” convocar a una nueva jornada de movilizaciones “más poderosa”, especialmente en el campo. Así las cosas, desde la Casa de Nariño esperan que, luego de su viaje a China, el presidente redoble su apuesta por las regiones y salga todas las semanas hacia cualquier rincón del país para mostrar gestión y defender su consulta popular.
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