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“No accioné el arma de fuego. No gasté munición”. Así respondió el patrullero John Antonio Gutiérrez, el 5 de octubre de 2020, cuando un fiscal lo escuchó en una declaración juramentada. Entonces, el ente investigador recién empezaba a seguirles el rastro a las manifestaciones y a la respuesta policial de la noche del 9 de septiembre de ese año (9-S), en el barrio Verbenal (Bogotá). Año y medio después, aunque declaró no haber escuchado un solo disparo, Gutiérrez está en juicio por el homicidio de los jóvenes Jaider Andrés Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez. Ante las presuntas inconsistencias en su verdad, la defensa de las víctimas lo denunció por falso testimonio y falsa denuncia. Un nuevo panorama judicial para el policía activo.
Para la comunidad del barrio Verbenal, el noveno día de cada mes es distinto. Se rememora, con pancartas, flores y cantos en el parque principal, la muerte de tres jóvenes, quienes el 9 de septiembre de 2020 resultaron baleados tras la respuesta policial a las manifestaciones por la muerte de Javier Ordóñez. Jaider Fonseca, Andrés Rodríguez y Cristian Hernández cayeron en el norte de Bogotá, mientras en el resto de la ciudad se registraron alrededor de 10 muertes civiles. La Policía, por su parte, registró 30 uniformados lesionados y 53 instalaciones afectadas, entre ellos 17 CAI incendiados. Uno de ellos el CAI Verbenal, el cual estaba a punto de ser incinerado cuando a Gutiérrez lo llamaron, estando en Toberín, para que acudiera a la protesta.
Gutiérrez llegó a la marcha en Verbenal a las 7:30 p.m, el 9-S. El comandante de la Estación Usaquén le había encomendado estrictamente no accionar su arma de fuego. Sin embargo, la hipótesis de la Fiscalía es que, en medio de confrontaciones, habría disparado en principio contra Fonseca, quien se resguardaba tras una puerta de madera. Detrás de la víctima, de 17 años, estaba Andrés Felipe Rodríguez, quien fue impactado en el pecho. La Fiscalía ha sustentado su teoría del caso en distintas pruebas. Una de ellas, el informe de policía judicial 11-272554, aceptado en juicio, el cual demostraría que las balas halladas en los cuerpos de las víctimas corresponden al arma SIG SPO 125303 de Gutiérrez.
El juicio contra el patrullero está suspendido, pues su defensor solicitó el mes pasado un conflicto de competencias a la justicia penal militar (argumenta que el caso lo debe adelantar un juez penal militar y no la justicia ordinaria). Entretanto, dadas las pruebas conocidas, como el informe de confrontación balística, la defensa de Fonseca acaba de denunciar a Gutiérrez tras conocer lo que el policía le dijo a la justicia en el pasado. La declaración juramentada, con fecha de 5 de octubre de 2020, contiene información totalmente distinta a la tesis de la acusación. El policía dijo que nunca vio a nadie disparar. Ni policías ni civiles. “No escuché ningún tipo de detonación. No accioné el arma”, mencionó.
Gutiérrez, además, respondió que esa noche tenía en su poder la pistola SIG SPO 125303 y que tenía dos proveedores asignados, pero que uno de ellos “se le perdió”. La abogada Alejandra Garzón redactó la denuncia contra el patrullero. Ella defiende a Maira Páez, la pareja de Fonseca. “Gutiérrez explicó bajo juramento que esa noche no escuchó disparos. Eso contradice la verdad que hasta ahora se ha esclarecido. Los patrulleros sí dispararon y, consecuencia de ello, murieron tres jóvenes. Es decir, ¿que el policía no escuchó ningún disparo, cuando está acusado por el delito de homicidio y las balas que encontraron en los cuerpos de las víctimas, como lo expuso la Fiscalía, solo pudieron salir de su arma de dotación?”, explicó la defensora.
Garzón también solicitó a la Fiscalía que investigue a Gutiérrez por falsa denuncia. Una semana después del 9-S, Gutiérrez aseguró ser víctima de hurto agravado, pues uno de los dos proveedores que llevó, dijo, se le perdió. “Cuando nos dan la orden de formar, para hacer entrega de los elementos de dotación, observo que me hace falta un proveedor con 15 cartuchos en su interior”, expuso Gutiérrez ante la Fiscalía, situación que también fue reportada por el Armerillo de la Estación de Usaquén. Garzón considera que esa versión no tendría lógica: “Nunca extravió un proveedor con 15 cartuchos, pues entregó uno completo y al menos tuvo que disparar tres veces con su arma de fuego, tres proyectiles que quedaron en el cuerpo de las víctimas”.
El pasado 8 de febrero, el Juzgado 85 de Instrucción Penal Militar aceptó la solicitud del abogado Mario Matus, representante de Gutiérrez, y propuso un conflicto de competencias. Sostuvo que “de haber existido un acto irregular o una extralimitación o abuso de poder, este se dio dentro del ámbito funcional, con el fin de guardar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, y el orden público”. Incluso, el abogado sostuvo que los policías fueron objeto de “ataques indiscriminados” y hasta de disparos con arma de fuego. El juzgado militar no solo consideró que las decisiones de Gutiérrez serían de su competencia, sino que las protestas fueron producto de un “terror premeditado para atacar las estaciones policiales”.
El juzgado militar que lleva el caso, por otro lado, plasmó, entre otras consideraciones, que “el arma utilizada por el policial para la noche del 9/9/2020 fue la misma que segó la vida de Fonseca y Rodríguez”. Es decir, tanto la Fiscalía como el despacho castrense concluyen lo mismo: las víctimas murieron producto de disparos que solo pudieron salir del arma del policía acusado, lo cual deja los primeros testimonios de Gutiérrez, días después del 9-S, en el terreno de un posible falso testimonio. El Juzgado Penal 44 del Circuito de Bogotá, que lleva el juicio en el ámbito ordinario, no aceptó dejar el expediente en manos del juez militar y hace unas semanas envió el caso a la Corte Constitucional para que decida quién debe seguir con el asunto.
La nueva denuncia contra Gutiérrez fue radicada el pasado 9 de marzo. No fue una fecha escogida al azar, pues ese número quedó grabado en los familiares de víctimas de aquella noche. Fue la misma Maira Páez quien radicó el documento. “Es una burla la denuncia que Gutiérrez colocó días después. Cuando esté en la cárcel habrá una paz interior. Va a haber una tranquilidad en la que pueda ver a mi hijo a los ojos y decirle: su papá no está, pero el policía está donde debe estar. Ese día podría sentir el alivió que he buscado hace 18 meses”, concluyó en entrevista.
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