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La denuncia del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, por un presunto “mico” en un proyecto de ley que busca regular el sector de la vigilancia y seguridad privada en el país, pone la lupa sobre una investigación de la Fiscalía. Se trata del denominado “cartel de la seguridad privada”, una investigación realizada contra ocho empresas que habrían violado los principios de la libre competencia, que hoy está a la espera a que se realice la audiencia de imputación de cargos.
Y es que, según Robledo, la iniciativa, que avanza en el tercero de cuatro debates, genera muchas dudas. La más grande tiene que ver con que, a juicio del superintendente, “el proyecto atenta contra la libre competencia. Nos preocupa un artículo, que tiene forma de ‘mico’, en el que se pretende tumbar las investigaciones por el cartel de la seguridad privada. Esto tendría un efecto negativo en el proceso que adelantan tanto la Superintendencia como la Fiscalía”.
El proyecto es de autoría del senador Mauricio Lizcano, del Partido de las U, y está a la espera de que se rinda ponencia para que siga su curso en los dos debates que le faltan en la Cámara de Representantes. Pero como la legislatura acaba el 20 de junio, los tiempos están muy apretados. Aun así, Robledo insiste en que el artículo 85, en su tercer inciso, “establece que ‘en Colombia está prohibido que empresas cuyo dueño sea la misma persona puedan presentarse en licitaciones públicas con distintas ofertas’. Eso daría a entender, sin mayores explicaciones, que esa prohibición sólo queda trazada con la expedición de la ley. Ahí está la trampa, pues esa prohibición ya existe y hay gente que ya la violó. Pero de ser aprobado el proyecto, quedaría planteado que en el pasado esa práctica no era una infracción”.
Pero incluso el superintendente habla con nombre propio: “Ese artículo sólo favorecería a un grupo de empresas y a una persona: Jorge Moreno Ojeda. Sólo esa persona tiene interés en desviar las investigaciones”, denunció. Se trata de uno de los más importantes empresarios de la seguridad privada en Colombia, cuyo nombre figura en las investigaciones del presunto cartel de la vigilancia. Moreno Ojeda controla de manera directa e indirecta un importante número de empresas de este sector y habría presentado a las licitaciones públicas diferentes propuestas en cada proceso.
Es por esto que sus empresas están en la mira de las autoridades, mientras en los pasillos del Congreso se dice que es un hombre muy influyente en el medio político. Un rumor que guarda relación con su hoja de vida, en la que pone como referencias personales a siete senadores y exparlamentarios. Entre ellos, al exviceministro del Interior Carlos Ferro, salpicado en el escándalo de la comunidad del anillo; al expresidente del Congreso José Name o al exsenador Efraín Torrado, quien aparece registrado en las investigaciones del cartel de la contratación, por mencionar algunos.
A las acusaciones del superintendente Robledo, respondió el senador Mauricio Lizcano, autor de la iniciativa: “Hay funcionarios que con tal de salir en una declaración de prensa dicen cualquier barbaridad. Se les chorrean las babas por salir en los medios. Rodrigo Rivera, siendo ministro de Defensa, presentó este proyecto de ley y no pasó. Después lo presentó Juan Lozano y se volvió a hundir. El artículo es muy claro, prohíbe las prácticas monopólicas para que no existan carteles de la contratación. ¿De dónde saca este señor, tan letrado jurídicamente, que si uno prohíbe un cartel lo está protegiendo?”, le dijo el parlamentario a El Espectador.
Y agregó: “Las leyes no son retroactivas. Esta es una ley especial, que ya está en la ley general. La tesis del superintendente es descabellada e irresponsable. Este proyecto lleva un año en el Congreso, lo hemos discutido cuidadosamente y a ninguno de los debates este señor ha ido a debatir sus tesis. Hacer un escándalo mediático me parece irresponsable. Si el tipo no va a los debates, no puede decir que estamos metiendo ‘micos’. Ese artículo al que se refiere está desde antes de que fuera superintendente o hubiera investigación alguna sobre el cartel de la vigilancia”.
Como quien dice, se viene una ardua polémica. Más cuando para el senador Lizcano la iniciativa va en la dirección correcta y advierte que esta misma semana citará al superintendente a la Comisión Segunda para que explique por qué no asiste a los espacios para debatir el proyecto y los critica a través de los medios de comunicación. “Hubiera bastado con que asistiera a uno de los varios debates, o que me llamara para que discutiéramos sus apreciaciones”, concluyó el legislador. Y mientras la controversia sube de tono, la Cámara de Representantes espera la ponencia para iniciar los debates.