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Hoy, 63 Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo. En los últimos dos años, solo cinco países las despenalizaron: Antigua y Barbuda, Barbados, San Cristóbal y Nieves, Singapur y Mauricio. Aún así, las leyes vigentes que criminalizan estas relaciones, siguen castigando con multas, penas de prisión, castigos corporales y, posiblemente, la pena de muerte en varios países.
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La segunda edición del informe “Nuestras identidades bajo arresto”, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo), recopila más de 1.300 casos en los que se aplicaron leyes penales contra las orientaciones sexuales diversas en 72 países. Se registraron, a corte de julio de 2023, más de 600 nuevos casos de detenciones y procesamientos judiciales contra personas LGBTIQ+ en países donde las leyes criminalizan a estas identidades, principalmente, en las regiones de Asia y África.
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Pero las cifras reales pueden ser mucho más elevadas. ILGA Mundo señala que los registros oficiales son a menudo inaccesibles o inexistentes. Además, es posible que muchos casos nunca se hayan registrado o que se haya informado sobre ellos de forma poco clara y sesgada. Lucas Ramón Mendos, gerente de investigación de la organización, afirma que “existe documentación abrumadora sobre policías que golpean, humillan, torturan, violan, extorsionan o maltratan a las personas LGBTIQ+ a las que detienen o encarcelan. Muchas víctimas de estas violaciones no presentan denuncias formales por miedo a volver a ser victimizadas”.
De los 72 países incluidos en este informe, 53 mantienen leyes explícitas que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. También encontraron que, aunque las expresiones e identidades de género diversas no son tipificadas dentro de las leyes, estas son un elemento central en gran parte de las detenciones. Por ejemplo, hay países como Egipto e Irak donde existe una criminalización de facto debido al uso sistemático e institucionalizado de normas aparentemente no relacionadas o ambiguas para perseguir a las personas LGBTIQ+.
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“En muchas jurisdicciones, la forma de vestir, de actuar o de hablar de una persona puede considerarse una ‘prueba’ de ‘homosexualidad’ y ser suficiente para justificar una detención. Es mucho más probable que alguien sea objeto de una detención por su aspecto diverso o sus gestos que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, se lee en el informe. De la misma manera, se registró un aumento de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación con discursos anti-diversidad a nivel mundial.
El contexto más notable de este 2023 fue Uganda. El país de África Oriental adoptó una nueva y agresiva legislación cuyo impacto negativo, según los resultados de la investigación, se está replicando en toda la región. Kenia, Tanzania, Nigeria, Ghana y Senegal han intentado agravar también su legislación vigente, mientras que Níger, Malí, Irak e Indonesia han experimentado un aumento de los esfuerzos para criminalizar formalmente a las personas LGBTIQ+ donde antes no existía ninguna ley. “La experiencia nos dice que el camino hacia la igualdad rara vez es una línea recta”, reflexiona Kellyn Botha, consultora de investigación de ILGA Mundo y autora principal del informe.
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La mayoría de los casos documentados incluidos en el informe muestran que los arrestos y detenciones no seguidos de procedimientos judiciales formales parecen ser la principal forma en que se aplican las disposiciones penales en contra de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En muchos casos, la detención sin juicio puede extenderse a varios días, semanas o incluso meses sin ningún tipo de revisión judicial o administrativa.
Frente al panorama del continente americano, si bien la región ha sido epicentro de avances jurídicos y legales relevantes frente a los derechos de las personas LGBTIQ+, seis de los 35 Estados Miembros de la ONU en las Américas aún tienen marcos legales que penalizan explícitamente la homosexualidad. Estos países son las Islas del Caribe de Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.
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El informe también destaca el caso de Venezuela. En marzo de este año, el Tribunal Supremo del vecino país derogó un artículo del Código de Justicia Militar que prohibía los “actos sexuales contra la naturaleza” contra miembros de las fuerzas militares, que era utilizado contra los militares homosexuales. Sin embargo, persisten los atropellos contra la sociedad civil. En julio, distintas organizaciones y activistas LGBTIQ+ indicaron que agentes oficiales habían allanado un sauna, frecuentado por personas gais, sin orden judicial, deteniendo a 33 hombres, acusándolos de “indecencia pública” y “asociación ilícita”, y utilizando preservativos y lubricantes encontrados en el lugar como prueba de su supuesto “comportamiento ilícito”.
Este panorama legal y judicial a nivel mundial tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de las personas LGBTIQ+. “Seguimos descubriendo lo que la jerga jurídica impersonal implica en la práctica, afectando a las experiencias de vida de formas que exigen atención y acción”, concluyen Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, co-secretarias generales de ILGA Mundo. Por ello, desde ILGA sostienen que aún, a portas del 2024, ser una persona abiertamente LGBTIQ+ en todo el mundo significa vivir bajo una amenaza constante.
Por Mariana Escobar Bernoske
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