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En medio de decenas de invernaderos en Pesca (Boyacá), donde la semilla de cannabis crece hasta ser producida como medicina, el presidente Iván Duque firmó, el pasado 23 de julio, el decreto de acceso seguro e informado al uso de cannabis. En las instalaciones de la empresa Clever Leaves, Duque ordenó, entre otras cosas, tumbar la prohibición que pesaba sobre la flor seca, la cual no podía ser producto de exportación. Para 2024, se espera que el mercado mundial mueva alrededor de US$64.000 millones, de los cuales Colombia quiere sacar su tajada. Sin embargo, el campesino, víctima de la guerra antidrogas, por ahora no tiene un pedazo del pastel.
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La exportación de flor seca de cannabis es toda una novedad, pues desde 2016 los esfuerzos de esta industria en el país se concentraron en examinar la planta, iniciar el cultivo de la semilla a gran escala y exportar productos terminados, como aceites esenciales que deben ser prescritos por un médico. Además, se abrió la puerta a que productores utilicen el cannabis en la industria textil y de alimentos. Se pueden crear harinas, leches, suplementos y comida para animales. Es un mercado emergente con grandes expectativas, tanto que, según el Departamento de Agricultura de EE. UU., entre 2018 y 2019, en ese país las plantaciones crecieron de 11.000 a 52.000 hectáreas.
El negocio del cannabis en Colombia inició en 2016, con la puesta en marcha de la Ley 1787. La marihuana, uno de sus derivados, sigue siendo penalizada en Colombia si es cultivada o se financian sus plantaciones sin licencia. Derivados psicoactivos del cannabis son objetivo de la “lucha antidrogas”, en el mismo costal que la cocaína o cualquier droga ilegal. Hace cinco años, sin embargo, se plantearon amplios usos del cannabis con fines médicos. Y así, las reglamentaciones luego florecieron, marcando las verdaderas reglas. Por ejemplo, recién en 2020 se avaló la comercialización de preparaciones magistrales, consumidas por pacientes aquí y en cuatro continentes.
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Según el Ministerio de Justicia, a la fecha hay 1.794 personas que tienen licencias de uso de semillas y de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Adicionalmente, 713 personas tienen licencia para fabricar sus derivados. Desde 2016, 973 personas manipulan cannabis no psicoactivo y 584 personas lo hacen con cannabis psicoactivo. “Tanto las 973 empresas que manejan cannabis psicoactivo como las 584 que manipulan no psicoactivo se encuentran habilitadas para producir flor seca, con el correspondiente porcentaje de THC (componente de la planta que altera la percepción)”, le explicó a El Espectador el ministro Wilson Ruiz.
Cundinamarca es el departamento con mayor número de personas que han logrado licencias para el manejo de semillas y su cultivo: 372. Luego sigue Antioquia, con 327, y Valle del Cauca, con 143. Entre las empresas de Boyacá está Clever Leaves, de las principales exportadoras de productos terminados. “Tenemos 18 hectáreas de cultivo en Pesca, todas activas, licenciadas y operando. En Boyacá tenemos unas 250 personas, un 70 % mujeres, con empleo formal. El cultivo está certificado con buenas prácticas de agricultura y recolección, y también de manufactura de productos farmacéuticos para la Unión Europea”, explicó Andrés Fajardo, presidente y fundador de la compañía.
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Clever Leaves es multinacional y hasta la fecha exportaba flor seca desde Portugal. Su modelo es transversal, pues están involucrados desde la plantación de la semilla hasta el consumo del paciente. En Tocancipá (Cundinamarca) tienen una planta de procesamiento que les permite elaborar productos farmacéuticos como extractos de cannabis, apetecidos en el mercado internacional. Por eso Fajardo ve con optimismo el nuevo decreto: “Es un motor de crecimiento de las empresas, va a ser un tanque de oxígeno. Como empresa, creemos que esto puede traer un impacto crucial en el empleo rural. Espero que crezcamos y adicionalmente creemos empleo formal en Pesca”.
¿Qué demanda el paciente y que están prescribiendo los médicos? Según la médica Paola Cubillos, líder científica de la Asociación Pro Cannabis Colombia (Procannacol), los componentes psicoactivos y no psicoactivos de la planta ayudan a aliviar el dolor crónico y sirven para aquellos que no encuentran un salvavidas en terapias convencionales. “Funciona para tratar los trastornos de sueño. Funciona para el manejo de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Y también para manejo de náusea y vómito relacionado con la quimioterapia. Hay una nueva molécula que se ha separado, el cannabidiol, que tiene una autorización por varios entes sanitarios internacionales para el manejo de epilepsia refractaria en niños”, le dijo a este diario.
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Khiron es otra de las potencias en cannabis medicinal en Colombia, con operación en Uruguay, Perú, Brasil y México. Tiene inversión canadiense y doce hectáreas productivas en Doima (Tolima). Su modelo de negocio está encaminado a la elaboración de productos como cremas corporales. Solo en Colombia tienen más de 10.000 pacientes, que son atendidos en una clínica especializada en derivados del cannabis. La empresa ha diseñado programas de educación con universidades y ha articulado trabajos con asociaciones como la Liga Contra el Cáncer, para que el debate sobre el uso del cannabis deje de ser un tabú y se convierta una opción palpable para mejorar la salud.
Khiron desarrolló un programa para pacientes de cannabis medicinal, llamada Khiero, para hacer un acompañamiento a largo plazo de sus pacientes, dado que muchas de las enfermedades a aliviar son crónicas. “Es un programa de farmacovigilancia. Hacemos acompañamiento a los pacientes para saber de una forma consistente y sistemática cuáles fueron los efectos y cómo se sienten con los productos de la compañía. Es vital, porque son productos que no existían”, le dijo a El Espectador Juan Diego Álvarez, vicepresidente de Asuntos Regulatorios. La empresa ve con buenos ojos el nuevo decreto, pues permitirá que sus productos se vendan en 14.000 droguerías del país.
En contraste, el negocio del cannabis medicinal por ahora no echa raíces en el terreno del campesinado. Arnobis Zapata es vocero legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que suma más de 55.000 familias afiliadas. Hablando por su gremio, le explicó a este diario que desde 2016 el comercio de la planta está enfocado en la agroindustria, un desnivelado competidor para los pequeños y medianos productores licenciados. Asegura que el campesino no tiene el músculo económico para lograr una gran infraestructura industrial, por lo que se ha visto rezagado.
“Anzorc buscó formas de postularse para trabajar cannabis medicinal, pero es imposible cumplir con los requisitos. Para la mediana y pequeña empresa agrícola es difícil competir. No hay posibilidad de que los campesinos accedan a ese tipo de proyectos”, denunció Zapata. Agregó que el Gobierno no les presta atención a los pequeños cultivadores que, incluso, producen cannabis sin licencia. Y exigió que las autoridades cumplan lo plasmado en el Acuerdo de Paz, relacionado con el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Entre los puntos claves está la creación de proyectos de desarrollo económico alternativo en las regiones más afectadas.
La doctora Paola Cubillos adhirió a la tesis de Zapata: “La comercialización de cannabis medicinal no es tan asequible para los pequeños y medianos productores. Esa es la razón por la que no estamos inundados de productos de cannabis medicinal legales y por la cual hay otros agentes que han intentado diversificar de una manera ilegal sus productos, derivándolos al mercado artesanal. La regulación de cannabis medicinal habla de productos ya terminados, de los que se va a presentar información para ser registrados en el Invima, cosa que puede tomar años mientras las compañías reúnen la evidencia científica que necesitan para sustentar el registro”.
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Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), agregó que ya existe un marco normativo nacional e internacional sobre el cannabis, que le permite al Gobierno avanzar con la comercialización. El panorama es distinto con la coca: “En la coca aún estamos conociendo detalles para poder tener esta discusión. Todavía estamos en fase de preocupación, porque la coca está articulada con situaciones de violencia en los territorios. Nosotros podríamos solucionar el problema de la coca, pero el problema de los territorios va a permanecer si no trabajamos en mejorar las instituciones”.
El Ministerio de Justicia se comprometió a darle al campesinado el espacio que solicita para entrar al negocio. “El Gobierno tiene la voluntad de realizar una reestructuración total de los mecanismos de fortalecimiento y protección a pequeños y medianos cultivadores para lograr una verdadera transferencia de tecnología o, mejor llamada, asistencia técnica; no obstante, estas herramientas serán desarrolladas en la resolución posterior”, le dijo Wilson Ruiz a El Espectador. Según el documento, las compañías con licencia para fabricar derivados de cannabis pueden darles asistencia técnica y transferencia de tecnología a titulares de licencia inscritos como pequeños y medianos cultivadores.
Además, grandes empresas deberán adquirir al menos un 10 % del cannabis psicoactivo o no psicoactivo de cada pequeño y mediano productor. El mercado es grande. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de Seguridad y Droga (CESED) de la Universidad de los Andes, solo la comercialización del cannabis medicinal en Colombia reúne a alrededor de un millón de consumidores. Según Pablo Zuleta, director del Área de Consumo, Salud Pública y Educación del CESED, aún más importante que la compra de ese 10 % es que los licenciatarios, sin importar el músculo financiero, aprovechen la ventaja de la exportación de flor seca y compitan por desarrollar una planta prémium.
“La cooperación se va a dar una vez se compita por sacar una buena flor. En el CESED estamos empezando un proceso de investigación sobre las copas cannábicas en Colombia. Evaluar las flores que tienen distintos cultivadores acá. Es un espacio importantísimo para ser examinado por el Estado y construir un marco de legalidad. Eso estimularía a los pequeños cultivadores. Podrían tener acuerdos comerciales en la medida que compitan por las calidades de las flores”, explicó Zuleta. Andrés Fajardo, de Clever Leaves, agregó que será un reto meterle el diente a la flor seca, pues el paciente demanda la misma hoy, mañana y en meses. No obstante, espera que el decreto haga sus efectos en 2022. Por su parte, el campesinado pide permiso para labrar su terreno.
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