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La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), Luis Lizcano Contreras, al establecer la ocurrencia de un posible daño patrimonial por más de $350 millones, correspondiente a gastos no justificados en desarrollo de un contrato firmado en enero de 2010 que fue ejecutado durante su administración.
La imputación también cobija al supervisor del contrato, Javier Enrique Trujillo Camacho, y al contratista, Guillermo Rojas Rodríguez. La entidad ambiental aceptó pagar al contratista gastos, que este presentó por concepto de costos directos, de más $209 millones. Asimismo se dieron liquidaciones por $133.641.290 y pagos de seguridad social del orden de $6.599.075, sin que los mismos tuvieran los soportes documentales debidos.
Por esto la Contraloría estableció que no existen documentos o soportes que evidencian la legalización de los gastos y se advierten algunas incoherencias en varios casos, por lo que deben considerarse pagos no debidos.
Conducta gravemente culposa
Para la Contraloría, la conducta desplegada en este caso por el exdirector de CORPONOR, Luis Lizcano Contreras, “se califica con culpa grave, teniendo en cuenta el detrimento al patrimonio público con ocasión de su gestión fiscal antieconómica e ineficiente en la administración de los recursos ejecutados a través del contrato firmado en 2010”.
La entidad también le atribuye culpa grave, y se considera antieconómica e ineficiente la gestión fiscal del supervisor del contrato, Javier Enrique Trujillo Camacho, en la supervisión de los recursos ejecutados a través del mismo, y la del contratista Guillermo Rojas Rodríguez, en la ejecución de los recursos puesto a sus disposición por CORPONOR.