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¿Cuánto le cuestan al Estado los anticipos de financiación de campañas electorales de los partidos y movimientos que aspiran llegar al Congreso y el Parlamento Andino el próximo 9 de marzo? La respuesta arroja una cifra nada despreciable para el erario: $45.750 millones.
Al Partido de la U, con 35 peticiones de anticipos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le aprobó $19.444 millones. Lo sigue Cambio Radical, con 17 peticiones que suman $5.569 millones. Luego viene el Partido Conservador, con 23 peticiones, y al cual le avalaron $5.000 millones. Después está el Polo Democrático, con siete peticiones de anticipos que suman $4.197 millones, seguido por el Partido Liberal, con 31 peticiones y una suma de $4.000 millones. A la Alianza Verde, con 15 solicitudes, le aprobaron $3.025 millones y al Uribe Centro Democrático, con 24 solicitudes, le aprobaron $2.891 millones.
Los demás movimientos políticos no solicitaron más de $1.200 millones, pero llama la atención, por ejemplo, que la Alianza Social Independiente (ASI) no inscribió lista de candidatos al Senado y sin embargo pidió anticipo electoral para esta corporación por un valor de $170 millones, el cual el CNE no autorizó.
Cruzando los datos de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, el CNE también encontró que la Alianza Verde no inscribió lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Casanare, pero sí solicitó anticipo por $27 millones por esta circunscripción, que también le fue negado. Un caso similar fue el del Polo Democrático, que no inscribió lista de candidato a la Cámara de Representantes por Nariño, pero sí solicitó anticipo electoral para esta circunscripción por un valor de $122 millones.
El CNE autorizó los anticipos electorales el 19 de diciembre de 2013 a través de la resolución 3761, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, donde se señala que las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos serán financiadas parcialmente con recursos estatales y un porcentaje de esa financiación se entregará previamente a la elección.
Sin embargo, antes de la expedición de la resolución del CNE a finales de 2013, sólo estaban disponibles $8.000 millones para anticipos, como lo certificó la Dirección Financiera de la Registraduría Nacional. Por esa razón, en un principio sólo se autorizó un desembolso equivalente al 17% de lo solicitado por cada uno de los partidos y movimientos políticos.
De inmediato, algunas colectividades políticas manifestaron su inconformidad. La Registraduría tramitó ante el Ministerio de Hacienda una adición de recursos estatales para atender el pago de estos anticipos, que al final esta cartera autorizó. Aun así, las críticas de algunas colectividades no cedieron. El Polo Democrático denunció, a finales de diciembre, que a menos de tres meses de las elecciones de Congreso, el CNE aún no les había girado los recursos de los anticipos para financiar sus campañas porque no tenían garantías bancarias para que les giraran el dinero, situación que Clara López, presidenta de la colectividad, calificó como “una nueva falta de garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia”.
Por lo pronto, mientras algunos hablan de garantías de financiación, otros creen que en Colombia las campañas son muy costosas y los partidos siempre terminan comprometiendo el presupuesto que les asigna el Gobierno, por cuenta de la reposición de votos y los gastos de funcionamiento, para seguir en el escenario político. Con este panorama, entre compra de votos, maquinaria y ríos de dineros imposibles de fiscalizar por el Consejo Nacional Electoral, se realizarán las elecciones de 2014 al Congreso, como lo ha advertido la Misión de Observación Electoral.
nherrera@elespectador.com
@Natal1aH
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