Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, al ser consultado acerca del deber constitucional del Banco de la República de mantener a raya la inflación contestó que se debería cambiar la Constitución o tomar una interpretación más liberal de sus palabras. Según él, no tiene sentido que la banca central se dedique primordialmente a cumplir la meta de inflación y se descuiden otros objetivos como el crecimiento del empleo.
J. Uribe, el gerente del Banco, un tanto molesto con los juicios de Stiglitz, manifestó que el problema es que el ilustre Nobel no sabía mucho de la Constitución colombiana, ello es obvio, pero no le resta valor a su opinión. Es verdad que la junta del Banco está cumpliendo su tarea de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, pero también lo es que el Estado colombiano, que se dice fundado en el respeto de la dignidad humana, no logró en estos años de crecimiento económico —de los más altos de nuestra historia—, reducir el desempleo o mejorar las profundas diferencias en la distribución del ingreso. Colombia sigue siendo un país pobre y desigual.
En la combinación de factores que pueden explicar ese fracaso se tiene que indagar por la responsabilidad de nuestras autoridades económicas, las de ahora y las de antes. Stiglitz anota que los sabios se equivocan al formular y aplicar las políticas. Paradigmas errados, como pensar que el mercado es la solución a todos los problemas o como el propuesto por él al presidente Clinton en el sentido de que nunca se permitiera un déficit, que de haber sido aplicado no se hubiera salvado la economía de Estados Unidos.
También hay que plantear la responsabilidad del Congreso y del Gobierno al no acometer con seriedad y decisión la profunda reforma que requiere el régimen pensional, tan inequitativo y aberrante como lo describen Rivas y Montenegro en su libro Las piezas del rompecabezas.
Ojalá la clase política se hubiera dedicado a entender y a ajustar nuestro modelo económico con la rapidez y el empeño con que tramita la reforma constitucional para hacer viable una segunda reelección.