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La situación para los inmigrantes va de mal en peor. El Jueves, el Senado italiano aprobó un polémico proyecto de ley de seguridad, que contiene, en su mayor parte, medidas sobre inmigración. Una de las más polémicas es la que obliga a los médicos a denunciar a extranjeros indocumentados que hayan atendido o que hayan acudido al servicio de urgencias de los hospitales.
La medida, que anula la norma aprobada en 1998 donde se establecía que “los médicos no deben denunciar a los extranjeros que acudan a la red sanitaria”, fue aprobada por 156 votos a favor, 132 en contra y una abstención. El paquete de normas establece, además, una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes con orden de expulsión que permanezcan en territorio italiano y eleva la tarifa para obtener el permiso de residencia de US$75 a US$150.
De inmediato, médicos, enfermeros y miembros de varias ONG se pusieron en pie de lucha contra el gobierno de Silvio Berlusconi. Funcionarios de centros de salud iniciaron una serie de protestas en contra de la medida y aseguraron que esta reforma atenta contra el trabajo médico y reduce a los trabajadores sanitarios a un papel de “delatores”. “Esta orden va a crear miedo y hostilidad”, advirtió Kostas Moschochoritis, director general de Médicos Sin Fronteras de Italia.
Además, creen que los inmigrantes, movidos por el miedo a ser denunciados, recurrirán a una red sanitaria clandestina, con el consiguiente riesgo para la salud. Según Médicos sin Fronteras (MSF), cerca de 18.000 extranjeros ilegales acuden cada año a los servicios médicos. “Esta medida es una peligrosa marginación a la población extranjera y aumentará los factores de riesgo para la salud colectiva”, denunció MSF.
La Comunidad de San Egidio y otras organizaciones católicas que se ocupan de inmigrantes mostraron su indignación con la norma. Marco Impagliazzo, presidente de esa comunidad, le dijo al periódico español El País que “la ley es discriminatoria y probablemente inconstitucional. Esto fomentará las situaciones de explotación y multiplicará la aparición de sistemas paralelos de salud”.
Delata y gana
El caso italiano no es aislado. En el Congreso de Estados Unidos también se está estudiando una ley igual: que los médicos reporten a los ilegales cuando éstos vayan a los centros asistenciales.
Según las organizaciones pro inmigrantes, la propuesta viola todos los derechos y las garantías de los inmigrantes y es un atropello del secreto médico decretado en las leyes de Estados Unidos.
Además, varios países de la Unión Europea aplican o estudian implementar la misma medida. Europa ya dio muestra de su intención de endurecer las políticas hacia los inmigrantes esta semana. El Parlamento Europeo respaldó una norma que establece sanciones mínimas en toda la UE para los empresarios que contraten a personas en situación irregular.
Francia, por su parte, anunció una política de recompensas para quienes denuncien redes ilegales de inmigrantes. El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, dijo que los extranjeros en situación irregular que denuncien las redes de inmigración clandestina podrán obtener un permiso de residencia provisional.
Más grave aún es la situación que viven cientos de latinoamericanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Autoridades de inmigración del sur de California ordenaron a los policías fronterizos cumplir con cuotas mínimas de captura de ilegales —150 en enero— . De lo contrario se les cambiaría de horario. Esta orden desató una caza desesperada de ilegales.