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Luego de que 2022 iniciara con enfrentamientos entre grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, Human Rights Watch se puso a la tarea de entender qué sucedía. Fueron al terreno y entrevistaron a más de cien personas, entre víctimas, funcionarios y líderes. Encontraron que desde el 1 de enero se han desplazado forzadamente al menos 3.680 personas en Arauca, al menos 103 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses del año y más de 3.300 han huido de Venezuela hacia este departamento colombiano, así como al de Vichada. Cifras sin precedentes que reflejan que la región está en guerra.
Human Rights Watch publicó sus hallazgos este 28 de marzo en el informe “Colombia-Venezuela: abusos de grupos armados en zona fronteriza”. En el documento se reconstruye la guerra que se libra en la región entre disidencias y el Eln. Además de denunciar la grave situación humanitaria, el documento concluye que “miembros de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del Eln y han sido cómplices de sus abusos”. Si bien desde hace años se habla de que los grupos armados colombianos se mueven con más facilidad en el vecino país, ahora, al parecer, estarían actuando mano a mano.
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La oenegé llegó a esa conclusión a partir de múltiples testimonios. “Esa mañana llegaron más de diez hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el Eln y otros eran de la fuerza militar venezolana”, contó una mujer, cuyo relato aparece en el informe, quien además aseguró haber visto las insignias de la FANB en los uniformes de los desconocidos. Otro de los entrevistados contó así lo que pasó en su comunidad: “Los militares llegaron junto con los del Eln, pensé: ‘Nos van a matar a todos’. Empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.
Al parecer, a quienes se llevaron los acusaban de ser colaboradores del Comando Conjunto de Oriente, una coalición que reúne al frente 28 de las disidencias de las Farc, que venía de Casanare; al 45, que operaba en Norte de Santander y Arauca; y el 10, conocido como Martín Villa. Según el informe, la alianza disidente nació en respuesta a los enfrentamientos de enero con el Eln, disputas que se explican por varias razones: porque el Eln acusa al frente 10 de arremeter contra civiles y expandirse a territorios controlados por ellos; y porque los disidentes no han recibido el apoyo que esperaban del Eln para enfrentar un enemigo que los ataca con particular fuerza.
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Se trata, de nuevo, de las fuerzas militares venezolanas. Según Human Rights Watch, desde enero de 2021 la FANB se ha enfrentado abiertamente al frente 10 Martín Villa. Y, si bien, “las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados (colombianos)”, el foco estaría centrado, principalmente, en disidencias del Comando Conjunto de Oriente. “No a otros grupos”, aseguró la oenegé estadounidense, a la vez que reseñó que desde hace un año viene denunciando violaciones a los derechos humanos en medio de esos enfrentamientos.
No es la primera vez que se denuncian este tipo de vejámenes por parte de las fuerzas militares venezolanas. De hecho, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal por posibles crímenes de guerra a finales de 2021 y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó en 2019 una misión independiente para investigar la situación de derechos en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Para Human Rights Watch, es esa la instancia llamada a “evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel”.
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Asimismo, la oenegé le pidió a la Fiscalía colombiana priorizar las investigaciones sobre los abusos de grupos armados en Arauca y aumentar el número de fiscales en la zona. Como los enfrentamientos han llevado a una tragedia humanitaria, las alcaldías y gobernaciones de Arauca y Vichada, que han tenido que atender a miles de desplazados, están rebasadas. Human Rights Watch le recomendó al gobierno del presidente Iván Duque, entonces, apersonarse de la situación y asegurarse de que la atención también tenga en cuenta a indígenas y venezolanos que huyen. El documento refleja una cruda situación que no se veía en la región desde hace años.
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