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José Reyes Rodríguez lleva un poco más de un año como director del Sistema de Justicia Penal y ya destituyó a ocho jueces de esa jurisdicción por aparentes casos de corrupción. Para muchos, el abogado llegó “para arreglar la casa” y el número de personas que ya han salido de la entidad, incluso con procesos penales en su contra, solo es el abrebocas de su gestión. En entrevista con El Espectador, el director se refirió a las decisiones que ha tomado para impulsar los casos de esa jurisdicción, evitar la corrupción y de cómo avanza la implementación del sistema acusatorio para que los juicios sean públicos. Además, mencionó una de las papas calientes con las que cierra el año: el caso del coronel Carlos Feria, investigado por las chuzadas a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.
A su llegada al cargo hace un poco más de un año, usted aseguró que encontró un alto número de casos estancados, congelados y con poco avance. ¿Cuántos casos identificaron y cómo avanzan ahora?
Yo tengo un símil que lo he institucionalizado. Esto es una carrera de ciclismo, donde hay personas que van adelante del lote, con muy buenos estándares de producción; hay otros que van dentro del lote, quienes son buenos; y hay otros que van rezagados, quienes se incorporan al pelotón o se van. Hacemos un esfuerzo por identificar la causa y se hace algo por apoyarlo, pero si definitivamente no se pudo porque es una constante, porque ni contestan o el tema es de índole ético, es decir, que si tenemos delincuentes en esa oficina, eso sí es innegociable. Por eso documentamos los casos, no solo para declararlos insubsistentes, sino para interponer denuncias y quejas disciplinarias.
¿A qué refiere con temas éticos? ¿Qué han encontrado?
Por ejemplo, que se falsean documentos. Eso ya es un crimen, porque la sociedad no confía en nosotros, porque le estamos diciendo mentiras en documentos públicos. Que de adrede se omiten decisiones judiciales, ciertos casos que han prescrito o están a punto de hacerlo. Eso no es una especie de torpeza o de falta de conocimiento, sino que nos sitúa en un posible delito.
Tras estos hallazgos, ¿cuántos jueces han sido declarados insubsistentes este año?
Llevamos desde la gestión ocho insubsistencias. Todos ellos tienen un componente rayano con la corrupción. Casos dramáticos, lo que significa una disfunción difícil de regularizar o temas ya éticos e intolerables. Nos demoramos un poquito porque tenemos que ser responsables con la institución. Esto significa que, si tomamos unas decisiones, tenemos que tener un soporte documental muy sólido y robusto. Esto no puede ser ni intuitivo ni emocional.
Una de las jueces declaradas como insubsistente fue María Teresa Ladino porque permitió que prescribieran siete casos y 33 más estuvieran a punto de correr ese mismo camino. ¿Qué han hecho para evitar que esos casos prescriban?
Destacar a una jueza encargada y a un secretario nuevo para que pongan funcional ese despacho y fijarles unas metas. Lo que esperamos es que en menos a un año, ya este funcional. Ellos tienen inclusive que levantar información, porque había mucha que no se tenía. Por ejemplo, había muchas denuncias que no estaban radicadas. También había muchos casos que no eran competencia de Justicia Militar, por lo que los enviamos a la justicia ordinaria. Y, si hay casos de riesgo de prescripción, priorizarlos. En realidad era ponerlos a trabajar. Además, se puso una denuncia contra la juez Ladino y su secretaria por más de 70 delitos.
¿Se vienen más decisiones parecidas?
Posiblemente, pero responsables, documentadas y sustentadas. No podemos tomar decisiones ni emotivas ni ligeras.
Una de sus grandes apuestas al frente de esta justicia es implementar el sistema acusatorio y que este sea público. ¿Cómo avanza ese proceso?
Va muy bien. La primera fase que era Bogotá, que ya lleva un año y tres meses y va funcionando bien dentro de los términos. La segunda fase también fue ya puesta en marcha, apenas está creciendo, llevamos tres meses. Eso incluyó gran parte del país en departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Boyacá. Y ahora nos estamos preparando para la tercera fase que involucra a los departamentos de la costa, es decir, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, ya incorpora Antioquia, Chocó, Santander y Norte de Santander.
La Justicia Penal Militar dice ser competente para investigar el caso, que se le sigue al coronel Carlos Alberto Feria por el mal uso del polígrafo en el caso de Marelvys Mesa ¿Por qué?
Dentro sus criterios de autonomía e independencia, los jueces y los fiscales tienen la posibilidad de examinar los hechos y verificar varias circunstancias para ver si son competencia de la justicia penal militar o de la ordinaria. Entre esos está que se trate de personas que se encuentren en servicio activo, o sea, no retirados ni en vacaciones ni en licencia, y que los hechos que se le atribuyen tenga una relación directa y estrecha con el mismo servicio. Esas valoraciones fueron las que bajo principios de autonomía e independencia que hicieron los fiscales, quienes debían concluir que si eso se configura como una extralimitación de funciones, entonces si es competencia de justicia penal militar.
¿Es decir que lo que ustedes consideran que lo que presuntamente hizo el coronel Feria es una extralimitación de funciones?
Yo no me voy a comprometer con un criterio exacto, porque eso está dentro del rol del respectivo fiscal, pero ese es uno de los criterios, que es una extralimitación de funciones.
En días pasados la Justicia Penal Militar reclamo el caso de Jaime Fandiño, quien presuntamente fue asesinado por el exagente del Esmad, Néstor Samuel Pacheco. ¿Por qué?
Se tiene conocimiento que ese caso es diferente al antecedente de Dylan Cruz, y que por eso el juez de instrucción militar considera que ese antecedente jurisprudencial no le aplica. Que este caso es por homicidio preterintencional y no doloso y que la investigación está muy avanzada.
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