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EL EXAMEN DE LO QUE PADECEMOS está a la vista en las ciudades colombianas.
Su aumento exponencial de homicidios revela cómo en lo local está en juego la mayor violencia, porque los ciudadanos asumen la doble dificultad de la supervivencia: una para conseguirla y otra para mantenerla por los riesgos que entraña un territorio que se ha vuelto minado. Ya no es un centro que agrupa servicios y oportunidades, sino el botín donde habitantes armados tienen un coto de caza, para saquear a los demás y controlar todo el poder posible.
En Colombia se decidió experimentar una desmovilización paramilitar en el orden nacional pero sólo tuvo aplicación local porque fueron Medellín y Bogotá en principio las dos ciudades que tuvieron que albergar a aquellos miles que, entrenados como militantes, quedaron cesantes con aspiraciones de vivir en otro estrato. Los 1.717 homicidios que ya van este año en Medellín o los 1.450 que van en Bogotá, más los asesinatos en Cali (disparados en noviembre, incluso siete personas muertas en un cementerio), muestran una generalizada tendencia de violencia cuya complejidad es difícil de resolver sólo en el plano local donde son todas sus consecuencias. Este caos urbano en por lo menos 35 ciudades colombianas involucra a jóvenes sin ningún proyecto personal, cuyos aprendizajes en milicias guerrilleras, en bandas paramilitares, en combos de narcotráfico o en delincuencia, propenden por los consumos impuestos por el modo de vida urbano. Esta batalla territorial implica una ausencia de control que puede llevar a la sociedad al retroceso que tuvo en la década del 90 cuando el narcotráfico era la única causa a la que se le atribuía la violencia urbana.
El crecimiento actual en esta nueva magnitud hace que sea cínica la explicación del ministro de Defensa, Gabriel Silva. Que es la prueba de la eficacia de la seguridad democrática porque todos los violentos salieron del campo y se han venido a las ciudades.
Si como calcula la investigación de León Valencia, puede haber unos 11 mil nuevos paramilitares; un mercado de narcotráfico al detal de más de 14 mil millones y unas 160 bandas activas sólo en Medellín, mientras el remedio del orden nacional que se le da a esta ciudad son 5.300 policías y 600 soldados, deja en manos de los solos alcaldes el gobernar sus ciudades como pequeños Estados amenazados. Sin que la órbita nacional busque una política de convivencia urbana, ni haya unos institutos dedicados a trabajar el problema, éste tiende a empeorar y a hacer más escasos los gobernantes que puedan manejar ciudades en pleno desmadre.
De la apuesta de Medellín por combatir la violencia a largo plazo al invertir el 81% en lo social, su resultado está por verse. Es otro método, hay que reconocerlo. Pero el manejo total del país pasa cada vez más por lo local y no puede gobernarse a Colombia en abstracto, con instituciones y procedimientos generales sin acatar la fiebre de violencia urbana que es hoy el mal que nos examina. Como también lo es en Brasil o en México… pero es más grave aquí donde un conflicto interior de casi 50 años ha hecho que no atendamos el crecimiento y las características propias de este habitante urbano alzado en armas, saturado de consumo, que no forma parte de nada. Este analfabeto político que hace de la ciudad la negación de la polis, la tierra de nadie donde el armado es rey.