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El sistema colombiano pensiona poco y lo hace demasiado bien o demasiado mal. Solo un 40 % de la población alcanza a pensionarse. Se benefician los del régimen público, pero se perjudican los afiliados al régimen privado. Las edades de retiro son muy bajas (57 años para mujeres, 62 para hombres), mientras que la esperanza de vida de la población se ha alargado a 74,5 años para hombres y 80 años para mujeres. El sistema tiene que totearse hacia 2030 con esos parámetros de pocos cotizantes y muchos en edad de pensionarse.
Colpensiones es generoso con sus afiliados, que reciben una mesada cercana al 65 % del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años de su vida laboral, generando un déficit creciente. En 2021 el déficit que debió cubrir el Gobierno fue de 3,9 % del PIB, cercano a los $44 billones.
El Gobierno carga además con los regímenes especiales que cubren a los empleados públicos, que cuentan con más de 400.000 pensionados, a un costo de $15 billones. Están además los regímenes exceptuados que incluyen a trabajadores de Ecopetrol, a los retirados del Ejército y de la Policía, que suman 400.000, se retiran con menos de 50 años de edad y cuestan otros $18 billones. Asofondos gusta de sumarle esta carga a Colpensiones para hacerlo pasar como un barril sin fondo.
Muchos congresistas están afiliados al régimen público (recuérdese la maroma del senador Ernesto Macías del Centro Democrático para aterrizar en Colpensiones), al igual que más de un funcionario de Asofondos, el gremio que representa a los fondos privados de pensiones dominado por Porvenir (de Sarmiento Angulo) y Protección (del Grupo Empresarial Antioqueño). Ese tipo de movidas surgen de un proceso de arbitraje, cuando la gente va hacia donde más le conviene.
Asofondos administra los ahorros de 18 millones de contribuyentes por un valor de $358 billones, mientras Colpensiones solo tiene cinco millones de afiliados. Pero al momento de jubilarse un gran número de personas migran del sector privado al público, agravando el déficit del Gobierno nacional. De esta manera, los fondos privados reciben las cotizaciones, pero Colpensiones atiende a sus pensionados; buen negocio para ellos, pésimo para el Estado.
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad está obligado a que ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo. El sistema está basado en una falacia: que los rendimientos de los ahorros de toda una vida darán para una pensión digna. Lo cierto es que la tasa de interés es una variable fijada por los gobiernos, presionados por las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos que la ha mantenido cercana a 0 desde la crisis de 2008.
Petro tiene la propuesta de un sistema pensional integrado sobre dos pilares: uno de hasta de cuatro salarios mínimos, atendido por Colpensiones, y el otro por encima, donde entran los fondos privados. Kevin Hartmann acepta la bondad de un sistema integrado, pero piensa que la propuesta es viable solo si el primer pilar es de un salario mínimo. La reforma al sistema se hará en esa dirección.
Los fondos privados invierten en lo que quieran: si lo hacen en deuda pública (los TES), que renta un 5,5 % anual, hay que restarle una comisión del 3 % que es excesiva frente a lo que cobra el sistema financiero internacional, terminando en una rentabilidad negativa, dada una inflación del 8 % en 2022. En plata blanca, por esa parte los fondos privados están obteniendo hoy para sus afiliados el -5,5 % real anual.
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