Ataque a la democracia

Se trata nada menos que la prueba de fuego más difícil de la institucionalidad democrática en el hemisferio occidental y el compromiso colectivo con su defensa desde el fin de la guerra fría.  La democracia ha salido perdiendo y Estados Unidos ha sido cómplice.  El atípico pero no por ello menos ilegítimo golpe de Estado del 28 de junio, junto con unas elecciones imperfectas que dieron como ganador a Porfirio Lobo, han sido representados como un “mal menor” frente al intervencionismo de Hugo Chávez en Centroamérica y el intento del presidente derrocado, Manuel Zelaya, de sondear a la opinión pública hondureña sobre la deseabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, supuestamente para reelegirse.

Luego de exigir como condición para el reconocimiento de las pasadas elecciones la restitución de Zelaya en el poder, Washington cambió sorpresivamente de posición, básicamente porque los Republicanos – que avalaron el golpe ¬ retenían el nombramiento en el Senado de Arturo Valenzuela como nuevo Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.  El mensaje implícito que se envió a las élites hondureñas (y latinoamericanas) es que los funcionarios electos “indeseables” pueden ser retirados del poder, y no pasa nada. Y que las elecciones “democráticas” sirven para borrar la mancha de ilegalidad producida por un golpe.  Sin duda, se trata de un precedente nefasto.

La participación de hasta un 60% de la población así como la ausencia de violencia a gran escala durante las elecciones no obvia el hecho de que las condiciones para unos comicios libres y limpios seguramente no estaban dadas. Distintas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado abusos a los derechos humanos y la restricción de las libertades civiles, así como un clima generalizado de intimidación antes de la jornada electoral.  Por su parte, más de 50 candidatos, entre ellos el aspirante de la oposición a la Presidencia, se retiraron de las elecciones por considerar que no existían garantías suficientes.

El dilema que plantea Honduras para América Latina y el mundo es considerable.  Entre el reconocimiento sin rubores del gobierno de Colombia, que afirmó que se trató de una contienda “sin fraude e inobjetable” y el desconocimiento – entre lánguido y robusto ¬ de la mayoría de los países de la región, hay una distancia inmensa.  Tal vez la postura de España, que afirmó que “no reconocemos las elecciones ni las ignoramos” sea la que mejor capta el reto que se enfrenta.  Que consiste básicamente en cómo integrar nuevamente a Honduras a la comunidad internacional sin condonar un golpe de Estado.   En lugar de ejercer presión para que el mundo acepte los resultados de las elecciones sin condiciones, Estados Unidos podría adoptar un papel menos imperial y más constructivo mediante la búsqueda, junto con otros países de América Latina, de mecanismos que permitan reparar el orden constitucional ¬ incluyendo la restauración de los derechos civiles y el esclarecimiento de los hechos mediante una comisión de la verdad ¬ sin aislar al presidente electo.  De la actitud que éste adopte frente al golpe depende también el futuro doméstico e internacional de Honduras.