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Como un “Congreso de las lamentaciones” bautizaron varios alcaldes la reunión anual de la Federación Colombiana de Municipios, que tuvo dos de sus tres sesiones este miércoles y jueves en Cartagena. Centenares de mandatarios de las seis regiones del país se encontraron en la capital de Bolívar para pedir que el Gobierno atienda sus reclamos y necesidades en varias materias.
Aunque el presidente Gustavo Petro los escuchó el miércoles e incluso abrió un espacio para responder cinco cuestionamientos puntuales, los alcaldes quedaron inconformes porque no lograron acordar una solución clara para los males que aquejan a sus territorios. Además, este jueves, cuando esperaba la presencia de los ministros de Educación (Daniel Rojas) y Salud (Guillermo Jaramillo), para hablar de los rezagos que en ambos sectores tienen los municipios, ninguno de los dos hizo presencia.
El Espectador habló con alcaldes de todas las regiones que asistieron al evento y encontró que son dos los problemas que más los inquietan: la insuficiencia de los recursos que les transfiere la Nación y la creciente inseguridad por cuenta del accionar de grupos armados. En el primer caso, el clamor generalizado es el de medidas urgentes para los municipios de quinta y sexta categoría, que son cerca del 90 % y no son autosostenibles sin el dinero que les da la administración central.
De acuerdo con buena parte de los asistentes, además de la crisis fiscal que afronta el país, la situación se agrava porque el Gobierno no atiende a los alcaldes, pues denuncian que los ministerios no les dan citas ni cuando viajan a Bogotá desde regiones apartadas. “Necesitamos ser escuchados y generar mayor inversión y gasto social. Hay alcaldes y alcaldesas que tienen proyectos en fase tres, con viabilización de los recursos, pero el Gobierno Nacional no los autoriza”, le dijo a este diario el presidente de la Federación de Municipios, Víctor Julián Sánchez, también alcalde de Soacha.
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El presidente Petro les respondió que su gobierno ha bajado considerablemente los niveles de pobreza multidimensional y que ha hecho inversiones históricas en materia social, como en educación, sector en el que resaltó el salto, en dos años y medio, de $50 a $70 billones. Sin embargo, casi al unísono los alcaldes dijeron que ese aumento no se siente en sus municipios y que muchos incluso han visto cómo las plantas de docentes se reducen y las instalaciones no tienen mejoras. “¿Qué pasó con la plata?”, le preguntó a Petro la alcaldesa de Puerres (Nariño), Graciela Hernández, quien despertó los aplausos de sus pares con el reclamo.
El presidente y varios de sus funcionarios que participaron en el congreso señalaron que la apuesta a mediano plazo es implementar la ley de competencias que le da luz verde a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), con la cual el porcentaje de ingresos de la Nación que va a los entes territoriales pasa de un 22 % al 39,5 %. Y aunque los alcaldes han celebrado esta iniciativa, manifiestan que requieren soluciones inmediatas, ya que dicho cambio solo empezaría a regir desde 2027, prácticamente cuando todos estarán a un año de dejar los cargos.
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“El problema ahora mismo es que los recursos no fluyen, los proyectos, aunque están aprobados, no se ejecutan. El presidente debe pedirles a sus ministros que reciban a los alcaldes y acelerar la ley de competencias que definitivamente va a permitir que los recursos lleguen a las regiones”, dijo el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, quien además propuso un diagnóstico de por qué aunque el presidente dice que se aumentó la inversión, ni alcaldes ni gobernadores saben dónde están esos recursos.
Como el presidente también señaló en el evento que el Congreso es el responsable de que este año no haya más caja para inversión, esto por el hundimiento de la ley de financiamiento, varios legisladores que estaban en el recinto lo replicaron y aseguraron que fue el Gobierno el que hizo mal las cuentas de recaudo y hoy debe apretarse el cinturón. Eso sí, algunos reconocieron que la deuda del gobierno de Iván Duque sigue pesando, pero negaron, como dice el presidente, que sea un tema “malintencionado”, sino un efecto de la pandemia.
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En cuanto a seguridad, varios mandatarios señalaron que hay territorios que “retrocedieron 30 años” en materia de orden público y que hoy sufren con ofensivas de los grupos armados, como el Clan del Golfo, que mantiene un “plan pistola” contra la fuerza pública. “Es una triste realidad que enfrentamos día a día con las uñas, sin recursos suficientes, sin la fuerza pública suficiente, sin herramientas tecnológicas, personal de inteligencia, fiscales especializados en antiterrorismo u homicidios, pero sobre todo sin una inversión social como la requieren nuestros territorios. Presidente Gustavo Petro, esto es un S.O.S; la seguridad de nuestros territorios está en sus manos”, dijo Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí.
El alcalde de Argelia, Osman Guaca, quien ha tenido que lidiar con la ofensiva de las disidencias de las Farc en el cañón del Micay, dijo que la prioridad para revertir la situación es desplegar las inversiones prometidas por el gobierno. A pesar de las críticas casi generalizadas al proceso de paz total con varios grupos armados, Guaca aseguró que en su región tienen esperanza de que, si garantiza la transformación del territorio, también se pueda mantener el diálogo y hacer la paz.
Los mandatarios locales agregaron que, además de la seguridad y los recursos, en los municipios empiezan a tener problemas con los gastos para la alimentación de los presos, la alta siniestralidad vial y el atraso en conectividad. Varios funcionarios del Ejecutivo se comprometieron a crear mesas de trabajo para atender situaciones puntuales y, como ya se mencionó, buscar los recursos que ya se han autorizado, pero aún no se reflejan en las condiciones de vida de las comunidades.
Como lo contó este diario, la relación del gobierno con los alcaldes y gobernadores no es un tema menor, ya que el presidente Petro espera que los cuadros de poder regional se sumen a su apuesta de la consulta popular y le ayuden a generar nuevas movilizaciones que impulsen a más de 13,6 millones a opinar en las urnas sobre las 12 preguntas que buscan darle vía libre a varios de los cambios de la hundida reforma laboral.
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