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El Gobierno de Colombia pidió a la Corte Constitucional que revise el impacto de su fallo contra la prohibición de que las empresas de combustibles fósiles deduzcan los pagos de regalías del impuesto corporativo, argumentando preocupaciones sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales de la nación.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo la solicitud al tribunal, a la luz de su fallo de noviembre que, según el ministro, conducirá a la pérdida de unos ingresos estimados de $6,6 billones (US$1.700 millones) en 2023-2024, o el 30% de los ingresos previstos por la reforma tributaria aprobada el año pasado. El golpe fiscal podría ascender a alrededor de US$7.000 millones para 2034, advirtió Bonilla.
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La decisión del tribunal “disminuye de forma permanente los ingresos fiscales que el Gobierno nacional tenía proyectado para financiar sus necesidades de gasto”, afirma el ministro en su carta.
Un comité autónomo que supervisa los compromisos fiscales del Gobierno ya había advertido a principios de este mes que Colombia registrará un déficit mayor de lo esperado en 2024 con un aumento en su nivel de deuda/PIB, incumpliendo los objetivos de su regla fiscal.
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La nación andina apunta a un déficit fiscal del Gobierno central del 4,3 % del PIB para este año, con un pequeño aumento el próximo año hasta el 4,5 % del PIB.
Antes de fin de año, se prevé que el Ministerio de Hacienda publique su plan de financiación para 2024, en el que se fijarán objetivos para el déficit presupuestario, la deuda y el endeudamiento, entre otros.
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