La opinión y el Estado de Opinión

Poco importó que poco antes de la votación hubiera declarado que independientemente del resultado de ella, ya el Ministro había sido condenado por la opinión pública. Entonces se esperaría que el presidente del Senado aclarara a cuál opinión pública se refería, porque se debe presumir que los senadores que votaron a favor de la absolución sean voceros de la opinión pública.

Algo parecido puede ocurrir con el dictamen de los conjueces al respecto de los fraudes cometidos por los organizadores del referendo reeleccionista. Es probable que después de alguna maniobra el resultado sea que triunfará la tesis de la legalidad de las maniobras, porque al fin y al cabo en el referendo se expresa la opinión pública.

En el caso del tratado sobre las bases militares concedidas a los Estados Unidos, en cambio, se prefirió actuar por fuera del Congreso, con lo que se evitó que la opinión pública se manifestara. Probablemente si se sometiera la iniciativa ante esa opinión por fuera del Congreso, habría una muy fuerte oposición. Entonces cabe preguntarse cuáles son los criterios que utiliza el Gobierno Nacional respecto de la actitud de los ciudadanos frente a sus iniciativas.

Estos juegos y maniobras suscitan fuertes cuestionamientos sobre lo que este gobierno piensa de ese invento de alguno de los maquiavélicos ex asesores presidenciales sobre el llamado Estado de Opinión, una forma superior, se dice, del Estado de Derecho. En la práctica estamos viendo que mientras la segunda forma de Estado tiene la virtud de que se debe amoldar a un marco jurídico preexistente que sienta límites a la acción de los gobernantes, que impide, en teoría al menos, que se manipulen las decisiones al arbitrio de los intereses inmediatos de quienes detentan el poder del Estado, en la primera se puede jugar a voluntad, con independencia de marcos reguladores objetivos.

En fin, mientras el Estado de Derecho requiere que se gobierne con reglas claras, así los resultados sean inciertos o contrarios a los intereses de los gobernantes, en el Estado de Opinión el requisito es contar con políticos hábiles para la manipulación de sus redes de apoyo. Es decir por manzanillos que elevan sus intereses a criterios de conveniencia nacional.

El invento del Estado de Opinión se convierte así en un recurso arbitrario que, bien manejado, con una retórica habilidosa y una buena dosis de prebendas, logra superar los obstáculos del ordenamiento legal. No tiene pierde, y así se pasa tranquilamente por encima de la democracia, así la retórica insista en que esta forma de Estado es esencialmente democrática.

Esa democracia se entiende como la simple mayoría, cuyo silencio o inacción se toma como un signo de aprobación de la gestión gobernante. No se trata de una mayoría informada, deliberante y consultada, escéptica de la demagogia y manipulación a la que se pretende someter. Ya estamos viendo las consecuencias de semejante engendro teórico.