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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 96 meses de prisión emitida en contra del exfiscal local de Puerto Boyacá (Cesar) , César Augusto Fernández Vega, procesado por haber recibido tres millones de pesos a cambio de no dictar medida de aseguramiento en contra de dos personas capturadas por receptación de hidrocarburos.
En la investigación se determinó que el entonces funcionario judicial recibió dicha comisión por parte de los procesados con el fin de que los dejara en libertad. Por estos hechos fue hallado responsable por parte del Tribunal Superior de Manizales del delito de concusión al darle validez a las pruebas que indicaban el pago de dicha suma de dinero.
“En la conducta concusionaria hay miedo y angustia por el constreñimiento, inducción o solicitud indebida efectuadas por el servidor público, dadas las consecuencias que produce la petición corrupta en el particular, suele cometerse tal comportamiento delictivo en ausencia de testigos, sin que ello impida que la víctima pueda ofrecer un relato coherente, claro y preciso”, precisó el alto tribunal.
La Corte Suprema no aceptó los argumentos presentados por el demandante quien manifestó que se había presentado una violación al debido proceso puesto que solamente se tuvo en cuenta un testimonio cuyo dicho fue catalogado como incoherente y contradictorio durante la investigación adelantada por la Fiscalía General.
Al resolver el recurso de casación no se pudo demostrar las falencias citadas en el fallo de segunda instancia motivo de estudio, puesto que se quedó solamente en la mención y no se logró desvirtuar el dicho del testigo.