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El abogado Diego Martínez, quien defiende los intereses de 13 campesinos señalados por la Fiscalía General de ser colaboradores de la guerrilla de las Farc, solicitó vigilancia en el proceso penal que se adelanta en contra de sus defendidos al manifestar que fueron acusados por el denominado ‘cartel de los falsos testigos’.
La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) le solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades judiciales para que garanticen el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Estas personas fueron capturadas el pasado 19 de diciembre junto a un edil de la localidad de Sumapaz, Alexander Garzón.
Después de tres días de audiencia, en la cual los procesados se declararon inocentes del delito de rebelión imputado por la Fiscalía General, un juez de control de garantías decidió cobijarlos con medida de aseguramiento. En su decisión se enviaron a la cárcel al edil del Polo Democrático y otros nueve campesinos, mientras que otros tres fueron cobijados con la detención domiciliaria.
Según la investigación de la Fiscalía General, estas personas, pertenecientes a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria harían parte de una red que le suministraba información a la guerrilla de las Farc sobre los movimientos del Ejército Nacional en dicha zona.
En su defensa aseguraron que esto hace parte de una persecución en su contra por pertenecer a movimientos que están en oposición a las políticas del actual gobierno.
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