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A pocos meses de que se implemente el Sistema Penal Oral Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, la entidad que dirige Fabio Espitia, a su juicio, va a toda marcha en su implementación. El nuevo sistema jurídico que servirá para investigar, juzgar o absolver a miembros de la fuerza pública tendrá una transición que servirá, según, Espitia para garantizar no solo los derechos de las víctimas, sino también de los uniformados que estén ante los estrados judiciales.
En diálogo con El Espectador, el director Espitia, quien fungió como fiscal general encargado, resaltó la manera en la que estará compuesta la Unidad, la forma en la que trabajarán los fiscales y jueces, así como los planes que están implementando para que el sistema penal acusatorio empiece a funcionar desde el próximo 1 de julio.
Hace dos meses empezó el plan piloto que le dará vida al Sistema Penal Oral Acusatorio para miembros de la fuerza pública ¿De qué se trata esta iniciativa?
Con la compañía de expertos del Instituto de Defensa de Estados Jurídicos Internacionales de los Estados Unidos, los jueces y fiscales colombianos pusieron en práctica las técnicas de juicio oral y cada una de las etapas previstas en el sistema procesal militar para la investigación y el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública que cometan delitos en actos del servicio o que tengan relación con el mismo. La idea es contar con grandes insumos posibles para que nuestros jueces y fiscales identifiquen sus funciones una vez entre en rigor el nuevo sistema penal.
¿Qué tendrá de diferente el sistema anterior al que fue anunciado hace unos años por el Gobierno de Iván Duque?
En primer lugar, el sistema anterior se ha venido trabajando de forma que cada juez lleva sus propias investigaciones, práctica pruebas y determina si hay una apertura de investigación y determina si hay medida de aseguramiento contra algún uniformado. Después de eso, el caso se remite a los fiscales de conocimiento para que determinen si la investigación está completa y se cierra ante los jueces de conocimiento.
Ahora, habrá un principio de unidad. No van a existir los jueces de instrucción. Habrá fiscales que dependan de un fiscal general para avanzar con las investigaciones. Entonces, los jueces de instrucción ya no van a existir y los fiscales estarán sujetos a las directrices de un fiscal. Eso lo que representa es una estructura diferente que corresponde a la Jurisdicción Penal Militar.
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¿Ese fiscal ya está elegido?
Todavía no se tiene conocimiento de quién pueda ser. Eso es una decisión netamente del presidente de la República. En este momento lo que se está adelantando es el proceso de reglamentación a efectos que se garantice la meritocracia que impone la ley para que las personas que consideren prudente y aspiren a ese cargo se postulen y después de un proceso de verificación se haga un proceso de selección para presentársela al presidente.
¿Esa Unidad tendrá una vicefiscalía?
No. La ley establece que un fiscal delegado ante el tribunal reemplazará las veces del fiscal mientras el presidente nombra a la persona oficial para el cargo. Debemos tener en cuenta que una cosa es la estructura de la Fiscalía General que cuenta con 25 mil funcionarios, más los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, en cambio en esta jurisdicción no se tiene esa capacidad de personal. Nosotros tenemos 230 entre jueces y fiscales y llegamos casi a los 700 con secretarios y asesores.
¿Quiénes serán los jueces?
Hay que recordar que un principio fundamental de esta jurisdicción es el de la especialidad. Los jueces son personas que vienen regularmente de las fuerzas porque son quienes, no solo conocen el derecho, sino también entienden los protocolos de interdicción en cada una de las fuerzas. Entonces, es natural que en esta jurisdicción especializada haya jueces que sean uniformados.
No obstante, lo que se busca es que esta jurisdicción sea independiente completamente en la orden de mando. Para eso se dio paso a la Unidad Administrativa que fue separada del Ministerio de Defensa y creó un órgano de Gobierno que integra al director de la Policía, el director de las Fuerzas Militares, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ministros de Justicia y Defensa. Esto lo hace diferente al anterior sistema de gobierno que era una dirección ejecutiva que dependía del Ministerio de Defensa y que su órgano de gobierno eran los comandantes de las fuerzas.
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¿Entonces este nuevo sistema penal, a su juicio, supone una garantía de imparcialidad?
El principio fundamental es que haya garantías para todos. Es decir, que la oralidad y la publicidad se convierta en una garantía para todos. Nuestra apuesta es que la decisiones de los jueces se conozcan: cuando haya decisiones de los jueces, cuando se tome la decisión de archivar un proceso por parte de los fiscales, que todo sea público. La idea es que se pueda garantizar tranquilidad, no solo a las personas que tienen un derecho afectado, sino también a todos los procesados.
En materia de investigación existirá el rol de una Fiscalía ¿en este momento ya hay lineamientos de cuáles son los criterios para identificar una conducta irregular de un miembro de la fuerza pública?
Esos son criterios que se decantan en cada uno de los casos. Hemos tenido varios casos en donde se considera que un acto fue cometido en medio del servicio y también existen otros en donde la competencia la tiene la jurisdicción ordinaria. Los términos de afectación y relación interna con el servicio ya son valoraciones que se hace en cada caso particular.
La Fiscalía tiene seccionales en diferentes partes del país ¿así lo tendrá la Penal Militar?
Existirán unas formas de organización, pero no se llevarán a cabo bajo esa distribución. Estamos hablando de que esta es una jurisdicción muy pequeña. Una jurisdicción que, a diferencia de la Fiscalía, que cuenta con más de 5.000 fiscales, esta por el contrario, no tendrá más 230 servidores públicos entre jueces y fiscales.
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Es decir que la base principal de acopio de información y expedientes estará exclusivamente en Bogotá…
Los fiscales y jueces tienen competencia en todo el territorio nacional. Aquí se va a establecer los lugares en los que es importante mantener una presencia de esta jurisdicción.
En muchas ocasiones los centros de los operativos se encuentran en zonas apartadas del país. Entonces, la base sí será Bogotá, pero tendremos jueces y fiscales en sitios que regularmente no son los que llamarían la atención desde un punto de vista general. Podemos hablar de zonas de alta incidencia de orden público Buenaventura y el Urabá antioqueño, donde existen situaciones en las cuales hay interdicciones de nuestra fuerza pública.
A lo que quiero llegar es que en la jurisdicción manejamos criterios completamente diferentes a los que se adelantan en la justicia ordinaria.
¿Y en materia de infraestructura?
En este momento estamos trabajando con la logística para empezar a funcionar desde julio. En Bogotá hay salas de audiencias. En la primera implementación no avizoramos problemas en materia de infraestructura. Las otras fases del país estamos procurando establecer salas de audiencias y estamos haciendo un plan para que se pueda cumplir en todas las partes donde se necesite.
¿Cuántos procesos tiene activos la Penal Militar y qué pasará una vez se implemente el nuevo sistema penal?
Hay alrededor de 100 mil. Ninguno pasa al nuevo sistema penal acusatorio. Todas las conductas que se cometan a partir del primero de julio se analizarán y juzgarán bajo las nuevas directrices. Los restantes que están bajo el modelo inquisitivo siguen su curso sin alguna alteración.
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