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El juzgado 22 penal de conocimiento fijó para el próximo 13 de febrero la audiencia en la cual definirá si avala o no el preacuerdo firmado entre el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda y la Fiscalía General en el marco del proceso que se le adelanta por su responsabilidad en la búsqueda y obtención de información privilegiada de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz que se adelanta con las Farc.
En la diligencia de este lunes, que se adelantó a puerta cerrada por motivos de seguridad, se presentó el documento en el cual Sepúlveda Ardila acepta su responsabilidad en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, espionaje, concierto para delinquir agravado y usurpación de función pública por lo que pagaría 10 años de prisión.
Igualmente, de ser avalado, se convertiría en testigo de cargo de la Fiscalía General en otros procesos e investigaciones que se adelantan actualmente en contra de miembros del Centro Democrático y personas relacionadas con la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluiaga que lo habrían contactado y pagado para conseguir esta información y así “sabotear” el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.
Se ha podido establecer que en la audiencia la delegada de la Procuraduría General se opuso a la pena establecida y le solicitó a la jueza de conocimiento el aumento de la condena. Por su parte el representante del Ministerio de Defensa, que actúa como víctima en este proceso, mostró su acuerdo con las bases del preacuerdo.
En entrevista con BluRadio, el jefe del ente investigador aseguró que Sepúlveda Ardila ha colaborado con las autoridades judiciales mediante la entrega de información permitiendo esclarecer la conformación de una campaña en contra de las negociaciones de paz que ya cumplen dos años.
“La segunda fase de investigación, de impulso y de toma de decisiones importantesserá de personas muy vinculadas con la campaña de Óscar Iván Zuluaga”, precisó el Fiscal General quien prefirió no revelar los nombres se las personas que serán vinculadas en dichas investigaciones en las que también serán llamadas personas cercanas al Centro Democrático.
En este punto aseguró que es claro que el ‘hacker’, quien se encuentra privado de la libertad, hacía parte de una campaña “dirigida a entorpecer y afectar” el proceso de paz “y él lo ha reconocido”. Igualmente se ha establecido que tenía una vinculación con miembros de la Fuerza Pública “razón por la cual ya existen dos acusaciones contra miembros del Ejército por delitos de espionaje, cohecho y violación de datos personales”.
“Si se gestó un complot contra el proceso de paz y en el cual formó parte el ‘hacker’ y era un complot para desarticular, desacreditar y estigmatizar las negociaciones”, manifestó Montealegre al hacer referencia a los avances de las investigaciones que se han adelantado por estos estos y las cuales serán reveladas en el primer trimestre del 2015.
“Tenemos que corroborar muchos temas, en estos momentos tenemos muchas investigaciones judiciales, examinando contabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), es un tema demasiado sensible y la Fiscalía General tiene que actuar con mucha prudencia y ‘pies de plomo’ en la toma de decisiones y no nos podemos equivocar”, señaló.
Sepúlveda Ardila se encuentra actualmente privado de su libertad en el búnker de la Fiscalía General por motivos de seguridad. En la audiencia el abogado aseguró que Sepúlveda Ardila ha recibido amenazas en contra de su integridad personal y la de sus familiares.