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Al menos 100 universidades privadas del país podrían verse afectadas por el Decreto 0173 de 2026, con el que el Gobierno creó un nuevo impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica declarada por los desastres climáticos. “No somos empresas ni damos utilidades”, dice Harold Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios, quien asegura que la noticia los tomó por sorpresa.
Con la medida, instituciones privadas como la Uniminuto, cuenta Castilla, también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), ahora están replanteando sus presupuestos para este año, pues la expedición del decreto genera un gasto que no tenían contemplado. “Tenemos que buscar la forma de conseguir COP 2.000 millones para cumplir con la obligación”, menciona.
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Otras universidades privadas también deberán hacer desembolsos iguales o incluso mayores. El Externado, por ejemplo, reseña el Observatorio de Universidades de Colombia, pagará cerca de COP 23.000 millones, lo que la convierte en la institución con el cobro más alto por el nuevo impuesto. La Universidad Javeriana deberá asumir alrededor de COP 9.000 millones; Los Andes, unos COP 8.000 millones; la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), cerca de COP 1.300 millones, y la EIA unos COP 390 millones, entre otros casos.
¿Por qué está pasando esto? El decreto busca crear la obligación del impuesto en personas jurídicas con más de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). La UVT es simplemente una medida utilizada para calcular impuestos, sanciones y otros tributos. Lo que significa, en este caso, es que cualquier entidad o empresa con un patrimonio líquido igual o superior a COP 10.474 millones debe pagar. Y si bien es cierto que algunas universidades cumplen con ese criterio, el problema, dice Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, es que una universidad no es como una empresa o entidad cualquiera.
Domínguez explica que las universidades (no importa si son privadas o públicas) hacen parte de un régimen especial y están catalogadas como entidades sin ánimo de lucro. En otras palabras, no acumulan riqueza ni la distribuyen entre socios, sino que reinvierten sus recursos en sus funciones misionales: educación, investigación y extensión. Por eso, gravar su patrimonio sin hacer esa distinción, advierte Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, termina “imponiendo un costo adicional sobre los recursos destinados a cumplir una función esencial”: la educación.
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Aunque el decreto establece una tarifa de 0,5 % que se cobra sobre el patrimonio para la mayoría de sectores, a juicio de José Manuel Restrepo, que consultamos cuando aún era rector de la Universidad EIA, el impacto puede ser mayor para las universidades. Según explica, este impuesto podría representar realmente entre el 5 % y el 7 % de los excedentes netos de la operación que generan las instituciones, recursos que normalmente se reinvierten en el propio plantel. Esto es así porque, a diferencia de las empresas, que pueden cruzar ese impuesto con las utilidades e incluso descontarlo de las ganancias en algunos casos, las universidades no lo pueden hacer porque no generan “utilidades” ni “ganancias” en el sentido empresarial.
Por eso, cree Restrepo, el nuevo impuesto termina volviéndose una carga mayor sobre presupuestos que, además, ya estaban aprobados para este año. Para pagarlo, cree el economista, muchas instituciones tendrán que “resolver”, ya sea mediante créditos de flujo de caja o capital de trabajo. Gloria Bernal, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, coincide y advierte que el impuesto terminará cobrándose no sobre dinero disponible, sino sobre lo que se puede considerar activos, como laboratorios, hospitales universitarios o edificios.
A su juicio, si el objetivo es recaudar recursos, la teoría económica suele recomendar gravar actividades que generan externalidades negativas. Es decir, “poner más carga tributaria sobre lo que perjudica a la sociedad, como la contaminación o el consumo de cigarrillos y alcohol”.
El contexto ya era difícil
Para el padre Castilla, este impuesto terminará generando un mayor estrés financiero en las universidades privadas, especialmente en medio del contexto actual de contracción de la matrícula y los cambios demográficos del país. “Con el dinero que deberán pagar todas las universidades, que, según cálculos de ASCUN asciende a COP 135.000 millones, quedarían congeladas cerca de 15.000 matrículas”, señala. Por eso, agrega Abadía, aunque el impuesto podría generar ingresos fiscales en el corto plazo; sus efectos en el largo plazo podrían resultar preocupantes.
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En particular, anota la economista, esta carga podría impactar directamente en el bienestar de los estudiantes (becas o apoyos financieros), la contratación de profesores, el desarrollo institucional, la investigación y, en general, en la posibilidad de alcanzar estándares más altos de calidad académica. “Es un impacto enorme sobre el patrimonio de las universidades, que no representa riqueza privada, sino que garantiza sostenibilidad y calidad”, resume. El costo, añade Restrepo, “es elevado, pues el impuesto se lleva buena parte de los recursos destinados a mantener la excelencia del sector”.
Ahora, indica el padre Castilla, “las universidades tendremos que hacer milagros para cumplir con las obligaciones, optimizar el presupuesto, mantener la sostenibilidad, preservar la calidad y continuar con la expansión del proyecto educativo”.
Desde las instituciones privadas aseguran que es fundamental apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales y subrayan que no se oponen a las ayudas para los damnificados. Sin embargo, consideran necesario buscar otras formas en las que las universidades puedan contribuir sin comprometer su estabilidad financiera. “Es una decisión muy compleja para el sistema universitario privado”, en opinión de Restrepo. “Compartimos esta condición con las universidades oficiales y ellas no tienen esta carga adicional”. Por decisión del Gobierno, la medida no cobija a las IES públicas.
Las peticiones de las universidades
Domínguez, de ASCUN, afirma que no recuerda un impuesto similar aplicado a las universidades. Por eso desde la asociación le piden al Gobierno que “repiense la medida, porque esto va a dejar muy debilitada la educación superior privada y va a generar grandes impactos en la manera como ofrecemos el servicio de educación superior”. Entre sus planes inmediatos está obtener una respuesta por parte de los ministerios de Educación y Hacienda, pues el 1 de abril vence el primer plazo para realizar un pago equivalente al 50 % del total que le corresponde a cada institución.
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Mientras llega esa respuesta, las universidades se preparan para cumplir con la obligación. Según Restrepo, si las instituciones incumplen esa fecha, incurrirían en mora y asumirían costos adicionales que no tendría sentido enfrentar. “Sería gravísimo para las universidades no pagar y preferimos sacrificar las situaciones presupuestarias que hoy tenemos”, comenta Lorenzo Portocarrero, de ACIET. El segundo pago deberá realizarse el 4 de mayo.
Si esas conversaciones no se concretan o se extienden más de lo previsto en las mesas que estarían integradas por ASCUN, comisiones de rectores y vicerrectores financieros, el plan B de las universidades es presentar ante la Corte Constitucional una posición de cuestionamiento frente a la medida. “En toda esta tarea hemos buscado el apoyo jurídico y tributario para encontrar varias alternativas antes de pagar la primera cuota”, explica el padre Castilla. A su juicio, parte de la compleja situación financiera que enfrentan las instituciones privadas se relaciona con “una conceptualización errónea de que somos negocios privados, que tenemos accionistas y dueños. De seguir esta narrativa, nos vamos a seguir perjudicando”.
El Espectador contactó al Ministerio de Educación para conocer si existe la posibilidad de eximir a las universidades privadas de este impuesto; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo una respuesta. Ahora, plantea Abadía, de la Javeriana, el debate que abre este decreto va más allá del impuesto y pone sobre la mesa la forma en que el país entiende el patrimonio de las instituciones de educación superior y el papel que cumplen dentro del sistema educativo. Entonces, agrega, queda una pregunta por resolver: de mantenerse este tributo, ¿abriría la puerta para que en el futuro las universidades privadas queden gravadas con otros impuestos?
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