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Este lunes la Procuraduría había citado a audiencia pública al exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, para que presentara sus descargos por las posibles irregularidades que cometió al extender por seis años el contrato del consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), que se encarga de los trámites de movilidad de los bogotanos. Aunque Rodríguez no se presentó, el ente de control leyó los cargos –calificados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima– contra él y otros dos exfuncionarios de su despacho.
La investigación de la Procuraduría se desprende de la queja disciplinaria que presentó el 4 de junio el concejal Julio César Acosta contra el entonces secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, por las posibles irregularidades que cometió en el contrato extendido al SIM.
En la audiencia se conoció que en noviembre de 2013 el propio consorcio SIM presentó una propuesta para la construcción de una nueva bodega, así como la ampliación de la existente para los archivos de los trámites que realizan los bogotanos con esta firma. Además, esta empresa también propuso los valores de $20 mil y $8 mil millones, respectivamente y como contraprestación señaló la posibilidad de ampliar el contrato por seis años.
El siguiente paso en esta historia lo dio el entonces secretario Rodríguez al suscribir los estudios de conveniencia y oportunidad el 3 de febrero para estas obras y a cambio de la extensión del acuerdo. Luego firmó el contrato en el cual pactó dichas obligaciones.
La Procuraduría señala que Rodríguez desconoció los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rige la contratación, porque amplió el negocio del SIM por seis años “a pesar de que en el contrato inicial no estaba incluida la posibilidad de construir obras nuevas y la ampliación de la bodega existente era un compromiso que tenía el concesionario desde que el Distrito le entregó el primer contrato”, condición que había incumplido.
Para el ente de control la razón por la cual se prorrogó el contrató del SIM corresponde a un objeto diferente al acuerdo inicial, de manera que el exsecretario debió adelantar un proceso de selección por medio de una licitación pública, como lo ordena la ley.
Según los datos aportados por la Procuraduría, el consorcio SIM ha recibió $255.905 millones entre 2008 y julio de 2014 por cuenta de sus actividades para que los bogotanos acudan a sus sedes a realizar trámites como la solicitud de licencias de conducción o el traspaso de un vehículo.
El Ministerio Público también dijo que Rodríguez se pudo asesorar de la dirección de asuntos legales o del comité de contratación de la Secretaría de Movilidad para analizar la propuesta del SIM, pues así lo ordena el reglamento de la entidad, pero esto nunca ocurrió. Por ello considera que la falta disciplinaria que cometió es “gravísima” y fue cometida con “culpa gravísima”.
Respecto a William Quintero Duque y Alexander Rincón Endes, subdirector administrativo y asesor de la Secretaría de Movilidad en la época de la extensión del contrato, que cometieron faltas gravísimas, a título de culpa gravísima porque suscribieron los estudios de conveniencia para la prórroga e influyeron en el proceso, infringiendo las normas de selección objetiva.
El próximo lunes será la siguiente audiencia para que los investigados presenten sus descargos.
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