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Rafael Rodríguez (exsecretario de Movilidad), William Quintero Duque (subdirector administrativo) y Alexander Rincón Endes (asesor del mismo despacho del subdirector), fueron los citados por la Procuraduría General por posibles irregularidades en contratación en la prórroga con el SIM.
La Procuraduría considera que Rodríguez debió realizar un nuevo contrato por medio de licitación pública, ya que se trataba de un objeto contractual nuevo, distinto al que pactaron en principio con la empresa de Servicios Integrales para la Movilidad.
Las faltas disciplinarias lanzadas a los tres personajes fueron consideradas eventualmente como gravísimas a título de culpa gravísima.
El documento de cargos señala que la dirección del Servicio al Ciudadano de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad elaboró los estudios de oportunidad y conveniencia, donde se justificó la necesidad de contratar por medio de concesión, la prestación de los servicios administrativos de los registros de automotor, conductores y tarjetas de operación para la Secretaría de Movilidad.
El 3 de febrero de 2014 los investigados suscribieron los estudios de conveniencia y oportunidad, donde justificaron adicionar y prorrogar el contrato celebrado en 2007, para lo cual, Rodríguez Zambrano celebró un otro sí en el que acordó que el concesionario debía adelantar los estudios técnicos y realizar una obra civil para ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría de Movilidad a la concesión y como compensación prorrogó el plazo de ejecución del contrato de concesión por seis años más, contados a partir del vencimiento del primer plazo.
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