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Durante 20 años, las extintas Farc reclutaron a alrededor de 18.677 menores de edad. Esa es la conclusión revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estableció que, entre 1996 y 2016, el extinto grupo guerrillero afectó la integridad de niños campesinos, indígenas y afrodescendientes. La deducción de la justicia especial se registró en la investigación del macrocaso 007, denominado Reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, que se abrió en marzo de 2019 y en el cual reposan sendos documentos que dan cuenta de este flagelo en el país. Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a rendir versión voluntaria a 26 personas, entre los que se encuentra Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, conocido como “el carcelero de las Farc”. Esto es lo que se sigue en la investigación.
Por el momento, la JEP hizo pública la estrategia de la investigación que vincula a las Farc -existe otro subcaso centrado en la Fuerza Pública- y la hipótesis central allí es que la exguerrilla usó el reclutamiento como estrategia político-militar para robustecer sus filas. Lo que reposa en el documento de más de 40 páginas, conocido por El Espectador, es que la guerrilla reclutó de manera “sistemática” a alrededor de 5.691 menores de 15 años, y aproximadamente a 9.870 jóvenes entre los 15 y 17 años. “En desarrollo del reclutamiento y utilización, las Farc-Ep generaron condiciones de vulneración de múltiples derechos y la comisión de múltiples crímenes en contra de niños y niñas, y de sus familias y comunidades”, dijo la Sala.
La investigación de la JEP se enfocará, además, en tres conductas que fueron reiteradas contra los menores de edad en la guerrilla. Estos hechos son: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos. A la JEP le interesa establecer por qué, de manera tan reiterada, se asoció el reclutamiento con estas tres conductas. Víctimas acreditadas en el caso revelaron, por ejemplo, que fueron afectadas con aborto forzado, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor de 14 años, esclavitud sexual, acto sexual abusivo o violento y otras conductas que atentaban contra la integridad sexual y reproductiva de las mujeres.
Pero al reclutamiento también va atada la desaparición forzada, encontró la JEP, pues, por ejemplo, la mayoría de las víctimas acreditadas en el proceso son familiares de menores que fueron reclutados en el pasado y de quienes hoy se desconoce su paradero. “La importancia de enfocar la investigación en este delito se hace más evidente al tener en cuenta que ha habido cuatro solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la localización, exhumación y entrega digna a familiares de los cuerpos de niñas y niños víctimas del reclutamiento que fueron dados por desaparecidos”, expuso el documento, y añadió que otra razón para que este flagelo sea un enfoque investigativo es debido a que se puede constituir como un delito de lesa humanidad.
La JEP señaló, además, que de acuerdo con información recopilada, los menores estuvieron expuestos a sanciones disciplinarias que atentaron contra su vida y las condiciones que tuvieron en el interior de las filas de las Farc. Además, tienen documentado la retaliación de la que fueron víctimas las familias de los menores reclutados, sin contar que los magistrados priorizaron investigar esta hipótesis porque los tratos crueles e inhumanos son crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y constituyen graves violaciones a los derechos humanos. En la siguiente fase de la investigación, la Sala de Reconocimiento indagará sobre las dinámicas territoriales que se presentaron en estos hechos.
La Sala tiene previsto avanzar con la individualización de los bloques en los cuales se estructuró, en las Farc, esta escabrosa práctica de reclutar a niños y niñas. El tribunal encontró que es pertinente ahondar en la forma en la que operaba el reclutamiento en cada una de las subestructuras de la guerrilla conforme se movían en el territorio nacional. “Se encuentra que, de las 18.677 víctimas registradas, 16.466 están asociadas a bloques únicos, es decir, víctimas que todas las fuentes consultadas refieren al mismo bloque como responsable”. De acuerdo con la JEP, el bloque Oriental es al que más se le atribuyen reclutamientos, con 8.987 víctimas, seguido del bloque Sur (2.669), bloque Noroccidental (1.818), bloque Occidental (1.420), Comando Conjunto Central “Adán Izquierdo” (977), bloque Magdalena Medio (727), bloque Caribe (719) y al bloque móvil “Arturo Ruiz” (114).
El bloque Oriental tiene el mayor pico de victimizaciones registradas en 1999 y 2000. En relación con el rango de edad de las víctimas relacionadas con esta estructura, el 54,21 %, que equivale a 4.872 personas, corresponde a la edad entre 15 y 17 años, mientras que el 29,71 % (2.670 personas) eran menores de 15 años. Las víctimas acreditadas en el macrocaso de la JEP e informaciones adicionales apuntan a que Arcenio Silva Ramos, Reinel Guzmán Flores, Jairo González Mora, Desiderio Aguilar Vargas, José Orlando Cortes, José Luis Calvo, Juan Carlos Ordóñez Cristancho, Wílmar Antonio Marín, Rafael Antonio Vargas, entre otros excombatientes del bloque Oriental, tendrían información relevante para este caso. Esta estructura armada cobijaba los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.
El bloque Sur, que ocupa el segundo puesto en la lista, registró el mayor número de victimizaciones en 2013, y el rango de edad en materia de afectados estuvo en el 51,14 %, que equivale a 1.365 personas que tenían entre 15 y 17 años, mientras que el 27,24 %, eran 727 niños y niñas menores de 15 años. Esta estructura delinquía en Caquetá, Putumayo y Amazonas. El bloque Noroccidental, que operó en Chocó, Córdoba, Antioquia, Caldas y Risaralda registró el tercer mayor número de víctimas: 1.818 personas, que corresponde al 9,8 % del total del universo hechos priorizado por la JEP. Este bloque registra un pico de victimizaciones en 2013, y al menos 907 personas tenían entre 15 y 17 años, mientras que 552 eran menores de 15 años.
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