La deuda más grande del mundo

Netta Barzilai resultó aclamada como ganadora de Eurovision, más que por la forma, por el fondo de su canción, que se suma a la secuencia mundial de #MeToo, contra los abusos de los que son víctima las mujeres, aún en los lugares más insospechados. De manera casi simultánea, con motivo del Festival de Cannes, un grupo significativo mujeres denunciaba una vez más las diferencias de trato laboral que representan una de las diversas formas de discriminación en contra de las mujeres en el seno de muchas sociedades.  El eco de las voces de todas ellas no se puede esfumar como un resuello efímero. El mundo entero debe avanzar en el empeño de erradicar la discriminación y el maltrato hacia la mujer, y lo debe tomar como un compromiso de avance democrático y de respeto por el estado de derecho.

La discriminación y la violencia contra las mujeres son manchas que afectan a todas las civilizaciones, inclusive a aquellas que se reclaman como campeonas de la democracia. La suma de dichos fenómenos termina por convertirse en uno de aquellos problemas universales que reclaman soluciones inaplazables, como el hambre o la pobreza.

A raíz de las denuncias que surgen desde todos los rincones, y de las que se sabe que existen pero no han podido aflorar precisamente por las proporciones y la intensidad de la represión, y la ausencia misma de canales de reclamo, resulta claro que el maltrato físico, sicológico, cultural, sexual o económico en contra de las mujeres, no tiene fronteras de países ni de culturas.

No cabe duda de que los principales victimarios son hombres de diferente edad, condición social y nivel educativo, que obran desde una aparente posición dominante que en muchos casos se considera “normal”. También es conocido que la agresión adquiere formas muy diversas, explícitas unas y sutiles otras, reforzadas todas por una indebida idea de sumisión que se convierte en paradigma y conduce a que las propias mujeres acepten en muchos casos la inequidad.

Desde el punto de vista social, el problema produce un impacto de primera importancia, si se tiene en cuenta que, sobre el denominador común de su condición humana, esencial en la marcha del mundo, las mujeres juegan un papel definitivo en la formación de nuevas generaciones, contribuyen al mismo tiempo con su trabajo a las actividades de uno u otro sector de la economía, y además, de manera paralela o complementaria, se ocupan de funciones discretas pero esenciales para la marcha de la vida cotidiana.

El panorama anterior plantea retos de gran importancia en materia de diseño institucional, de acierto legislativo y de capacidad tanto de transformación cultual como de hacer cumplir las reglas de juego de la sociedad. A la hora de los grandes pactos de gobierno, ese es uno de aquellos indispensables acuerdos sobre lo fundamental que deben unir en un mismo propósito a todas las fuerzas políticas y los movimientos sociales.

Las dificultades de la tarea de enfrentar todos esos retos son ciertamente muy grandes, si se tiene en cuenta que los hechos depredadores de la integridad física y moral de las mujeres se presentan principalmente en el ámbito de la vida privada. A lo que hay que agregar que en muchos casos ellas mismas, por diferentes motivos, esconden su tragedia, paradójicamente, con el ánimo recóndito de protegerse. Esto implica enormes dificultades de visibilidad, configuración de evidencias, capacidad de vigilancia, y posibilidades de superar esos y otros obstáculos para la consecución de justicia, y mucho más para impulsar políticas adecuadas de prevención que tengan el impacto cultural necesario.

Sin perjuicio de que la sola expedición de normas sea insuficiente, un esquema normativo idóneo, que trascienda fronteras, se hace indispensable como plataforma de compromiso político y social. Diferentes Estados han adoptado medidas legislativas y procedimientos institucionales con al ánimo de defender la integridad de la mujer frente a la eventualidad de la violencia en su contra. En muchos casos no solamente se ha actuado en el ámbito interno, sino que se han consolidado acuerdos internacionales orientados en la misma dirección. Ese es sin duda un buen principio de acción, aunque todavía insuficiente ante la magnitud del problema. Insuficiencia que se demuestra no solamente por el cubrimiento precario de la legislación adoptada, sino por la brecha existente entre las formulaciones normativas, con sus mecanismos de acción, y la capacidad efectiva de conseguir que sean respetados, cumplidos y adecuadamente utilizados.

El catálogo de los derechos relacionados con la protección de la mujer debe comprender y enfrentar toda una serie de situaciones que la colocan injustamente en condiciones de vulnerabilidad. Tal es el caso de la afectación de sus derechos reproductivos, la existencia, en muchos países, de alianzas matrimoniales obligatorias, la mutilación genital, el embarazo adolescente, en la mayoría de los casos no deseado, los desórdenes alimenticios fruto de discriminación, y la crueldad mental, que abarca elementos que van desde las limitaciones en el acceso a la educación y el sometimiento a tratos vejatorios.

Ante este panorama, que pone en cuestión la calidad de vida que los Estados deberían proveer en condiciones de igualdad, de verdad, a todos los seres humanos, es urgente acometer un compromiso sin fronteras, de encuentro de civilizaciones, que permita pagar la deuda más grande del mundo, de la que son acreedoras las mujeres, que representan al menos la mitad del genero humano.