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La Asociación Distrital de Educadores (ADE) protagonizará este jueves una nueva protesta, de 24 horas, contra la Secretaría de Educación, por incumplimientos a una serie de acuerdos en 2024. Es una lista de 16 puntos, en la que rechazan la ineficiencia del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la jornada única, los entornos escolares inseguros y la eliminación de las aulas de apoyo pedagógico, entre otros. “Ese día no debe haber clase en ningún colegio distrital. La situación ya no da más”, aseveró Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE.
En el pliego resalta un punto álgido sobre la educación inclusiva: el anuncio de eliminar por completo las Aulas de Apoyo Pedagógico (AAP), espacios especializados en 12 colegios, creados para estudiantes con discapacidad múltiple, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual. Su objetivo ha sido desarrollar procesos orientados a eliminar barreras de comunicación, que puedan obstaculizar su aprendizaje y participación.
“Estas aulas, que reciben estudiantes entre los 8 y los 15 años, funcionan como aulas paralelas, orientadas a fortalecer habilidades en asignaturas específicas como matemáticas y español e incluso fonodiología”, resalta la Secretaría de Educación. A la fecha, en Bogotá están matriculados 23.233 estudiantes con discapacidad. Para este universo, el Distrito cuenta con 1.689 educadores especiales, 398 más que en 2023.
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A pesar del papel que juegan, están ad portas de desaparecer, por cuenta del Decreto 1421 de 2017 —que orienta la atención educativa a entornos no segregados—. Desde su expedición, 21.684 estudiantes con algún tipo de discapacidad los incluyeron en las aulas comunes. Por ahora, solo falta el traslado de 1.549 para dar cumplimiento a esta normativa.
El inconformismo
Las protestas por el cierre de estas aulas comenzaron hace seis meses. Como lo indica Andrea Rodríguez, madre de un menor de 13 años con discapacidad cognitiva, quien rechaza que las APP se consideren como aulas de segregación: “Es una maravilla que estén en aula regular, pero cada uno aprende a su ritmo. ¿Cómo los van a poner en un aula con sus pares en materias como física, trigonometría o química? Si es así, habrá deserción. Y si nos mandan al ICBF, pues ni modo. Mi hijo no va a ser un experimento”, sentenció angustiada.
A su voz se suma la de Alejandra Rodríguez, quien tiene una hija de 13 años, con discapacidad cognitiva leve y autismo, quien cursa sexto grado. Su preocupación radica en que nuevamente sea víctima de hostigamiento escolar. “Ella viene de tres procesos fallidos. Le hacían bullying. Por eso pedí su cupo en las aulas pedagógicas. No estoy en contra de la inclusión, pero sí cuando no hay garantías. Los docentes no están preparados. No sabemos bajo qué criterios los están caracterizando para ese tránsito”, reclama.
Para el concejal Andrés Onzaga (Alianza Verde), quien ha hecho seguimiento a este tema, dice que espera que con la aprobación de una comisión accidental, haya más control político. “Lo que ocurre con los 20.000 estudiantes que están en aulas regulares es que se gradúan sin poder leer o escribir. ¿Vamos a mandarlos a un modelo que no funciona? ¿Por qué no tener un sistema híbrido?”, planteo.
Desde la orilla académica, Paula García, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes analizó que, si bien puede ocurrir que esta población en un aula típica estimule algunas áreas, “eso no quiere decir que vayan a progresar mejor solo por esa exposición. Debe existir un ambiente adecuado que pase por la preparación de los docentes o la disposición cultural de los estudiantes. Tal vez porque no hay garantías, existe esta preocupación. Pero es importante que se haga de manera gradual”.
Por su parte, Fernando Lopez, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la Universidad Javeriana, resalta que las políticas de inclusión educativa deben centrarse en cuatro estrategias clave:
- Fortalecer la detección temprana de discapacidades en la primera infancia mediante programas de tamizaje y capacitación a familias y educadores.
- Mejorar el acceso y la asistencia escolar ampliando la matrícula inclusiva, adecuando infraestructura, fortaleciendo centros especializados y formando docentes para la atención de estudiantes con discapacidad.
- Reducir brechas en alfabetización y permanencia mediante currículos flexibles, apoyo especializado y programas que promuevan la equidad de género.
- Facilitar la transición a la educación terciaria a través de cuotas reservadas, apoyo financiero y tutorías para estudiantes con discapacidad.
¿Qué responde el Distrito?
Erika Sánchez, directora del área de inclusión de la Secretaría de Educación, defendió el proceso, argumentando que “las personas con discapacidad tienen mejores resultados desde lo educativo cuando están con personas sin discapacidad”.
Para ella, el balance de los casi 21 mil estudiantes que ya hicieron el tránsito ha sido positivo, ya que “muchos se han graduado y hoy están en la universidad. Otros han mejorado sus habilidades sociales y comunicativas”, explicó en entrevista con El Espectador.
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Como ejemplo, allegó a este diario casos como el de Paula Valero, quien obtuvo un puntaje alto en las Pruebas Saber 11 y es egresada del Colegio 21 Ángeles. O el de Ximena, diagnosticada con parálisis cerebral espástica, también graduada de bachillerato.
En contraste, sobre casos de hostigamiento escolar, como el de la hija de Alejandra, responde que se entrarían a revisar, recalcando que estas situaciones de convivencia, de acuerdo con el sistema de alertas, se presentan muy poco en razón de la discapacidad. “Nosotros también tenemos rutas para intervenir de manera directa”, agregó.
Sánchez agregó que para el tránsito a aulas comunes (en los mismos colegios) cuentan con un sistema de apoyo “para que sea respetuoso, progresivo y contemple su situación emocional”. De ahí que ocho de los 12 colegios con aulas de apoyo pedagógico ya firmaron un plan de tránsito que, entre otros, incluye valoraciones y caracterizaciones alumno por alumno. Esto, con el fin de que “seamos nosotros, como sistema educativo, quienes nos acomodemos a ese niño y no al contrario (…) Para el segundo semestre de 2026 puede que algunos ya transiten a las aulas comunes o que todo este año nos preparemos para ello”.
Finalmente, sobre qué pasará con los 1.689 educadores especiales, explicó que “ninguno ha perdido ni perderá su trabajo asociado a los procesos de tránsito, porque necesitamos ese sistema de apoyo”.
Algunas madres de familia aseguraron que se unirán a esta jornada de paro, en lo que ya la Secretaría de Educación anunció que sí habrá clases, pero que aquellos docentes que participen de la manifestación deberán reponer el tiempo el próximo sábado 14 de marzo.
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La transición de 1.549 estudiantes con discapacidades múltiples avanza bajo lineamientos distritales, pero ante dudas de padres y concejales, que insisten en tener mayor preparación para garantizar que el acceso a la educación sea realmente inclusivo y no se traduzca en falta de aprendizaje, hostigamiento escolar o deserción.
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Por María Angélica García Puerto
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