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Imagine ir por la calle, un día cualquiera, rumbo al trabajo, a realizar una diligencia o a un puesto de votación, y en una rutinaria verificación de identidad las autoridades le notifiquen que existe una orden de captura en su contra para cumplir una condena, de meses o años, por robo, extorsión u homicidio. Esto último fue lo que le ocurrió a Manuel Mena, un humilde chocoano, que vino a Bogotá a buscar trabajo y le apareció una condena de 18 años por un homicidio que no cometió.
El caso Mena
El caso ocurrió en 2006 y Mena terminó pagando cuatro años en la Picota, hasta que se convirtió en el primer caso de éxito del ‘Proyecto Inocencia’ en Colombia, un programa creado por Alfonso Beltrán Ballesteros, fundador de la universidad Manuela Beltrán.
Él se inspiró en el caso de un docente norteamericano, condenado injustamente, y que luego de demostrar su inocencia fundó el proyecto original. Beltrán Ballesteros dejó los cimientos de la versión local, que sigue aportando a la justicia y sentando precedentes judiciales.
Sobre la historia de Mena, de 50 años, se conoce que era casado, tenía dos hijos y llegó a la capital procedente de Cartagena, ciudad que lo acogió cuando dejó su natal Chocó, pero donde no logró echar raíces. Justo el día de su captura buscaba empleo en construcción, que era lo único que sabía hacer. “Era un hombre sin educación y humilde, no tuvo las garantías al momento de ser capturado”, cuenta Juan Carlos Cárdenas, director del proyecto y quien lo asesoró en su proceso para recuperar su libertad.
Este fue el primer caso y, quizás, el que de mayor impacto entre los creadores del Proyecto. No solo porque tuvieron que acudir a la Corte Constitucional para demostrar su inocencia, sino documentar que él nunca estuvo en la región minera donde ocurrió el crimen y que hacía poco había perdido su cédula, lo que podría explicar cómo su identidad terminó en el expediente.
Lo que más los impactó fue toparse con evidentes errores jurídicos y las imborrables consecuencias para Manuel. Sobre el procedimiento, “Lo condenaron en primera instancia. Como él estaba ausente, nadie apeló y quedó en firme el fallo. Nosotros nos dimos cuenta de las falencias en el proceso, demostramos el error en la identificación e individualización, y en todas las pruebas”.
El Tribunal de Antioquia, en principio, les negó el recurso de apelación. Vía tutela acudieron a la Corte Suprema, donde también fracasaron: “tristemente la Corte ligeramente estudió el expediente y rechazó la tutela, porque Mena voluntariamente ‘había decidido no defenderse’. Fue grave lectura, pues Manuel no se defendió, porque nunca supo que lo estaban investigando”.
Cómo toda tutela se remite a la Corte Constitucional, fue allí donde los magistrados ordenaron pruebas, la revisión de los expedientes y les dio la razón: anuló la condena. Mena, la misma noche que recuperó su libertad, sufrió un infarto, “de la emoción”, dice Cárdenas. “Lo llevamos a cuidados intensivos. Allá duró dos meses. Salió, pero nunca se pudo recuperar. Las condiciones en la cárcel le habían dejado secuelas de salud. A los meses falleció”.
Los efectos de la injusticia de la justicia: una sentencia contra un inocente todo lo que puede acabar. Le acabó la familia, le acabó su proyecto de vida, su futuro.
Juan Cárdenas, director del Proyecto Inocencia.
Inocencia
Este caso sentó un precedente con la sentencia T-395 de 2010 y sacó a flor una realidad de la que poco se ha indagado en el país: la cantidad de inocentes que hoy están en prisión. Lamentablemente, el fallo no ha impedido que la injusticia prevalezca en algunos casos. Por esta razón, los casos siguen llegando. El grupo de la universidad acumula 18 años estudiando expedientes, al punto de completar casi 25.000, que han sido analizados por cientos de estudiantes de derecho, psicología y criminología, que hacen parte del grupo sin ánimo de lucro.
El proyecto tiene lineamientos claros, dice su director. Primero, que la persona alegue siempre su inocencia, a pesar de haber sido condenada. Segundo, que la sentencia ya esté en firme, es decir, que haya agotado todos los recursos ordinarios: condena en primera instancia, confirmación en segunda y ratificación en casación.
“Hasta diciembre del año pasado llevábamos 25.000 expedientes estudiados. Hemos logrado 17 casos de éxito. Si uno compara esas cifras podría decir que la efectividad es baja, pero nosotros siempre hemos dicho que así sea un interno el que recuperó la libertad gracias al proyecto, ya habría valido la pena el esfuerzo. La satisfacción de ver a un inocente recuperar su libertad es indescriptible”.
Uno de estos casos es el de Steven Morales. Hoy tiene 29 años y se la rebusca a diario como vendedor ambulante. Pero no siempre fue así. Antes trabajaba como cableador de una empresa de telecomunicaciones. “Estaba ascendiendo poco a poco, me encaminada a esa labor que llevaba haciendo desde hace tiempo”, narra.
Un día, en diciembre de 2024, cerca al Portal Suba, dos oficiales le pidieron la cédula para un registro de rutina. Enseguida le notificaron que tenía una orden de captura por hurto agravado, por el supuesto robo de unas joyas, hecho del que él no tenía ni la menor idea.
“A mí se me hizo raro, porque ellos se demoraron en registrar mi cédula. Por lo general siempre la pasaba, no me decían nada y seguía normal. Pero ese día se demoraron un poco más y me dijeron que tenía una orden de captura y que si los podía acompañar al CAI”.
De ahí lo llevaron a la URI, donde le informaron que debía pagar una condena de 96 meses de prisión. “En ese momento no entendía nada, porque a mí nunca me habían hecho ni siquiera una citación o algo así. Tengo entendido que me condenaron como reo ausente”.
Los abogados le informaron que supuestamente, Steven había robado a una persona unas candongas avaluadas en COP 5 millones. “Pero hasta donde tengo entendido, la persona que cometió el hurto se presentó con mi nombre completo y mi número de cédula. Por un mal procedimiento policial lo soltaron, lo dejaron libre, pero el caso siguió. Él nunca se presentó a las audiencias y por ende salió la orden de captura en mi contra”.
En su caso, duró un mes en la estación de Suba. “Después me pasaron a La Picota. Y de ahí me llevaron para “las colonias” de Acacías, Meta. Cuando llegué allá fue cuando me pude comunicar con mi familia y me dijeron que el caso ya lo tenía el Proyecto Inocencia”.
“A los 50 años conocí la cárcel por cuatro kilos de leche en polvo”.
La historia de Fabio comenzó en 2010 con un episodio que, según cuenta, jamás imaginó que terminaría en condena. Se encontraba en una bodega del barrio Carvajal cuando un conocido le ofreció varios kilos de leche en polvo. Fabio aceptó el producto sin saber que se trataba de mercancía robada. Al salir del lugar, la policía los detuvo y ambos fueron procesados por receptación.
En la audiencia, la misma persona que le entregó la leche declaró que Fabio no tenía relación con el hurto ni con la mercancía. Aun así, el proceso siguió adelante y el juzgado los condenó. Primero pasó 25 días en la estación de policía de la calle 100 y luego un mes en La Picota. Continuó su pena en detención domiciliaria, debido a que no tenía antecedentes penales.
Con el tiempo conoció el trabajo del Proyecto Inocencia a través de un reportaje en televisión y decidió contactarlos. El equipo jurídico revisó su expediente y encontró inconsistencias en el proceso judicial, que permitieron reabrir el caso y cuestionar la condena.
A su caso se suma el de Rosalba Correa, capturada en su puesto de votación, por hurto calificado, debido a una suplantación de identidad. O el caso de un peruano que, por una homonimia con un delincuente buscado por la Interpol, terminó recluido tres meses en la cárcel La Picota e, incluso, enfrentó una orden de extradición por un delito que jamás cometió.
Hoy el proyecto, sin más recursos que el esfuerzo de la universidad, sigue vivo. “No es una obligación y tampoco genera ingresos. Tenemos pocos recursos. Quisiéramos tener más abogados de planta y poder viajar a más cárceles del país, pero todo eso cuesta dinero. Nuestro llamado es que empresas o personas se vinculen con esta iniciativa social. La meta es seguir buscando inocentes para devolverles su dignidad, su libertad y su nombre ante la sociedad”.
Así como Manuel Mena, la vida les cambió a Steven, Fabio, Rosalba y demás personas privadas de la libertad de manera irregular. Durante años, Fabio siguió cumpliendo las condiciones del proceso y presentándose ante las autoridades judiciales, pero el error judicial siguió afectando su vida cotidiana, como ocurrió con Steven, en especial por el lastre de los antecedentes.
A ninguno de los dos les dan trabajo por este registro que, pese a los nuevos fallos, “demora mucho tiempo en quitarse”, cierra Steven. Y a ninguno se les ha quitado las secuelas, a pesar de la asesoría psicológica prestada por la universidad, de lo vivido en la cárcel siendo ajenos a la delincuencia.
Historias así siguen sucediendo a diario en Bogotá y el país. La universidad continúa en la búsqueda de esos casos verificables que puedan hacer parte del proyecto.
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Por Juan Camilo Parra
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