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“Son grupos conformados por cinco u ocho personas aproximadamente. Están distribuidos en las principales ciudades y su objetivo es obedecer a intereses de grupos armados, que pretenden desestabilizar la seguridad”. Esa es la descripción general de las autoridades sobre el modelo “outsourcing criminal” que, a pesar de haber sido identificado en Bogotá hace varios años, sigue haciendo de las suyas.
Dicha modalidad vuelve a estar en el centro del mapa luego de los dos atentados que se presentaron en Ciudad Bolívar en menos de 21 días y que, pese a ir dirigidos contra la Policía, terminaron afectando directamente a la población civil. El saldo del último ataque, contra el CAI de Arborizadora Alta, fue de dos niños muertos y 39 heridos. Esto sin contar la indignación y el sentimiento de desprotección que no solo afecta a la localidad, sino a la ciudad en general.
El alcance delictivo de estas organizaciones revela que cualquier comunidad podría ser el siguiente blanco, en especial por los pocos resultados de la Fuerza Pública para desmantelar estas estructuras. Cada que hay una nueva detonación, las autoridades insisten en que están trabajando para dar con los responsables, pero comparando cifras de atentados y judicializados no hay resultados contundentes, pese a las grandes recompensas y a que buena parte de los hechos han sido contra la misma institución que investiga y vela por la seguridad ciudadana.
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Si bien, vale resaltar, en los últimos meses se han logrado desarticular diferentes redes que impactaban en Bogotá y ha aumentado el pie de fuerza en ciertos sectores, expertos en temas de seguridad coinciden en que el esfuerzo se está centrando en llegar a los tentáculos de y no a las cabezas. Lo que podría demostrar una necesidad de actualizar las estrategias de investigación y análisis.
Según Andrés Nieto, experto en seguridad, una recomendación no solo para Bogotá, sino para todo el país, es que se debe actualizar la mirada, ya que no se pueden seguir concibiendo las organizaciones criminales, los grupos al margen de la ley y los grupos delincuenciales como se hacía a finales de los años 80 y 90. “La diferencia fundamental es que en esos años sí se hablaba de células urbanas, subordinadas a los famosos frentes y que seguían indicaciones como reclutar, movilizar armamento y contactar escenarios de posibles golpes”.
“Sin embargo, después de los 2000 apareció una figura distinta: las redes de apoyo, figuras que son diferentes a las células y no necesariamente son parte del grupo criminal. Son personas que terminan ayudando a los grupos armados a cambio de favores de economía ilegal”, señaló.
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“Outsourcing” criminal
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad durante el primer año de la administración de Claudia López, dijo que desde hace más de 30 años las guerrillas han venido operando en varias ciudades, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, a través de distintos grupos de milicias, que son bastante pequeños y que, incluso, no se conocen entre sí. Además, debido a su experiencia, hay “distintos niveles de actuación”.
“Están las pequeñas acciones de lanzamientos de petardos, granadas y bombas panfletarias e incendiarias, que pueden ser ejecutadas por los milicianos presentes en las ciudades”, aseveró. También hay acciones “de bajo impacto”, que estarían a cargo de las pequeñas células, que están posicionadas en los centros urbanos, y finalmente la otra cara de la criminalidad, que convoca a las grandes organizaciones al margen de la ley para planear atentados a mayor escala.
“Las acciones más grandes, como el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, carros bomba e incluso los dos últimos atentados en Ciudad Bolívar, generalmente son planeados y realizados por estructuras más grandes, en especial frentes que actúan en áreas rurales. Este método se aplicó a comienzos de siglo, cuando las Farc se enfocaron en el terrorismo urbano, especialmente en Bogotá, después del fracasado proceso de paz del Caguán”.
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Y agregó: “Estas acciones terroristas grandes las planean y ejecutan grupos que, en muchos casos, no se conocen entre ellos (y tienen labores precisas). Unos son los que hacen la inteligencia, otros los planean, otros consiguen los explosivos, unos más los acondicionan, para que no llamen la atención, y finalmente son otros los que lo transportan y activan las cargas”, explicó Acero.
Precisamente ese modelo de operatividad y “subcontratación” es lo que estaría dificultando el trabajo investigativo, pues además de brindarle seguridad al criminal, porque solo efectuó una parte del proceso, las autoridades no tendrían cómo llegar a cada uno de los participantes y el proceso de indagación podría demandar largos períodos.
¿Ataques sistemáticos?
Los atentados en Ciudad Bolívar, y dicho modus operandi, no serían un hecho aislado, porque desde 2014 se han presentado varios ataques a estaciones de Policía y a uniformados, situación que, pese a que ha sido reiterativa, no han podido contener. Eso sin contar los atentados del centro comercial Andino y el que se cometió contra la Escuela de Cadetes General Santander, que fueron calificados como la muestra máxima del alcance que tiene la criminalidad en Bogotá.
En marzo de hace ocho años, un bus de la Armada, en inmediaciones Guaymaral, fue atacado con una carga explosiva que detonó a su paso. Tres meses después, también en 2014, en el CAI de Lourdes, al norte de la capital, se registró una explosión que dejó heridos a dos policías y un civil.
Para febrero del año siguiente, en el barrio La Macarena (Santa Fe), la Policía encontró dos explosivos camuflados en paquetes cercanos a una CAI móvil, con los que se pretendía atacar a la Fuerza Pública. En marzo de ese 2015, una caravana de la Policía, que iba pasando por el barrio Quiroga rumbo a Ciudad Bolívar para adelantar una operación, fue atacada con un artefacto explosivo, que detonaron de manera remota.
Lo mismo ocurrió una vez por año, entre 2016 y 2018. La detonación en Usaquén, en donde murió un policía y otras siete personas quedaron heridas; el atentado en el barrio La Macarena, en donde 26 policías y dos civiles quedaron heridos, así como la detonación de una granada contra el CAI La Joya (Ciudad Bolívar), son parte de la lista conocida de acciones delincuenciales contra la Policía.
Las voces de los expertos plantean que una parte del reto, del Gobierno y la Fuerza Pública, es concentrar sus esfuerzos en identificar los corredores por donde ingresan los explosivos, pues esta sería una oportunidad para atacar los brazos armados que aportan a la zozobra por la que pasa la ciudad. Asimismo, deben ajustarse las acciones de inteligencia, que brindarían control para tipificar el crimen y prevenir atentados.
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