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El alcalde de Pereira, Carlos Maya, pidió investigar y retirar de sus cargos a quienes estuvieron detrás de las acciones que terminaron con la demolición de una vivienda en el bario La Libertad, que fue presentada por las autoridades como una supuesta olla de microtráfico. La polémica surgió luego de que los propietarios de la vivienda indicaron que la información dada por las autoridades era falsa y que, de hecho, hasta hace tres meses allí habitó una mujer de la tercera edad.
“Esas personas que han liderado este operativo, que presuntamente es un falso positivo, deberían hacerse a un lado y renunciar al cargo para la tranquilidad de la investigación y en especial de todos los pereiranos. Soy respetuoso del debido proceso, pero en un país decente esas personas no pueden liderar y garantizar la seguridad de la ciudadana”, dijo Maya.
Sumado a esto, el mandatario le pidió a la dirección general de la Policía y al ministro de Defensa, Diego Molano, identificar a los presuntos responsables e iniciar las debidas investigaciones disciplinarias, mientras que se espera que en los próximos días se haga el relevo de la comandancia de la Policía Metropolitana.
Por su parte, la familia Sánchez, propietaria de la vivienda, prepara una demanda civil ante el anuncio que hizo la semana pasada el ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló que la vivienda era una olla de consumo de droga. Frente al error, el director Nacional de la Dijín, el general Fernando Murillo, pidió disculpas a través de los medios de comunicación.
De acuerdo con la familia, en la vivienda vivía una mujer de la tercera edad que hace tres meses tuvo que ser trasladada a un hogar de la alcaldía, ante el deterioro de la estructura, que estaba en riesgo de colapso, mas no asociada a temas de microtráfico.
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Esta versión es corroborada por un boletín de la inspección 15 municipal de la Policía, adscrita a la secretaria de Gobierno de Pereira, en el que se estipula que la vivienda debe ser demolida por “amenaza de ruina”.
Al respecto, el pasado 25 de marzo, el alcalde Maya indicó que sí existían evidencias, investigaciones y denuncias penales “que a través de la Fiscalía General de la Nación indagó y concluyó que ahí había centro de expendio, distribución y comercialización de droga”. Sin embargo, ahora se retracta y pide acciones ante las declaraciones más recientes de la Policía, que dan la razón a la familia.