‘Lo de la Fiscalía es un chiste’

Un nuevo salvavidas intentará lanzar la Procuraduría para que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sea declarado delito de lesa humanidad. Por segunda vez, según pudo establecer El Espectador, el Ministerio Público elevará una petición a la Fiscalía para que el homicidio ocurrido el 2 de noviembre de 1995 no prescriba el próximo año ni quede en la impunidad. El súbito impulso que le ha dado la Fiscalía al caso —incluido el testimonio pedido a la periodista María Isabel Rueda— ha sido catalogado por la familia del líder conservador como una “bufonada”. Para el abogado Enrique Gómez, sobrino de la víctima, mientras el discurso del fiscal Eduardo Montealegre va para un lado, las acciones del organismo van para el otro.

En julio de 2013, el procurador Jorge Alberto González radicó una solicitud ante la Fiscalía para que el caso de Gómez Hurtado tuviera la condición de delito de lesa humanidad. Ante el silencio del organismo investigador, el Ministerio Público radicó una tutela a finales de abril de 2014 ante el Consejo de Estado, con el fin de que la Fiscalía resolviera de fondo esta solicitud.

Fuentes cercanas al proceso, que hoy adelanta la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac), afirmaron que todavía no se ha desechado la posibilidad de declarar el caso como de lesa humanidad. Agregaron que apenas el pasado 18 de diciembre una fiscal de la Dinac recibió el expediente, proveniente de la Unidad Antiterrorismo, y que si bien se pudieron presentar irregularidades durante la investigación, esto sucedió antes de que el proceso llegara a la Dinac.
Aún más, el llamado a la periodista, sostuvo otra fuente de la cúpula de la Fiscalía, “se hizo con la única intención de que perfilara políticamente a Álvaro Gómez Hurtado, como lo hizo en su libro”, y se hizo “mucho antes de que publicara sus columnas de opinión sobre el tema”. Las últimas publicaciones de Rueda han revivido serios cuestionamientos y preguntas sobre este crimen impune. Por ejemplo: ¿por qué no se ha vinculado al proceso al polémico abogado Ignacio Londoño Zabala, salpicado por capos del narcotráfico? Hoy no hay una sola persona vinculada formalmente a la investigación.

Londoño Zabala apenas rindió una versión libre en diciembre de 2013, cuando el proceso aún estaba en la Unidad Antiterrorismo. En cuanto a la situación jurídica del senador Horacio Serpa, quien era investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, su expediente ya pasó a manos de un magistrado de la Corte, que lo asumió hace 10 días. Los principales argumentos de la Procuraduría son la impunidad y la falta de investigación porque sólo hay un condenado: el autor material, Héctor Paúl Flórez, sentenciado en diciembre de 2001 a 40 años de prisión.

En la primera solicitud presentada por el procurador González Vásquez se precisó que estaba demostrado en el expediente que el magnicidio fue planeado meticulosamente por un numeroso grupo de individuos y armas de alto poder. Asimismo, que por cuenta de la dilación procesal, los escasos resultados investigativos y los erráticos desvíos de los caminos de la verdad, el proceso estaba ad portas de prescribir. El abogado de las víctimas, Enrique Gómez, aplaudió la solicitud del Ministerio Público y exigió resultados.

Gómez dijo que no entiende la posición de esa entidad, pues en medio de las pesquisas del Proceso 8.000 se evidenció una serie de asesinatos sistemáticos que se relacionaban con el crimen de su tío. El abogado de las víctimas añadió que mientras otros homicidios en los que se revelaron nexos entre narcotraficantes y políticos fueron declarados como de lesa humanidad, el de Álvaro Gómez Hurtado no ha tenido la misma suerte.

La propia periodista María Isabel Rueda reveló un informe de la Dinac, en el que se determinaba que un total de 18 personas que quisieron entregar información sobre el crimen del constituyente terminaron asesinadas. Asimismo, insistió la columnista, Ignacio Londoño Zabala ha sido salpicado por Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien lo señaló de ser su testaferro mientras fue capo del cartel del norte del Valle. De hecho, Rasguño declaró que Londoño Zabala habría sido el puente entre la mafia del cartel del norte del Valle, el coronel Danilo González y Orlando Henao con el gobierno de Ernesto Samper.

Para el abogado Gómez lo que está haciendo la Fiscalía es un “chiste”. Asimismo, la familia de Gómez Hurtado, encabezada por su hermano e hijo, Enrique y Mauricio Gómez, llegó ayer hasta la Fiscalía para plantearle cinco cuestionamientos al fiscal Montealegre, a quien acusan de querer dejar el crimen en la impunidad y de proteger a los principales sospechosos de la investigación.

“Si el mismo fiscal general reconoce como las dos hipótesis del homicidio de Álvaro Gómez la participación del narcotráfico a instancias de Ernesto Samper y Horacio Serpa, y la de los militares activos en el marco de un golpe de Estado, ambas que implican la existencia de un crimen de Estado. ¿Por qué se niega a declarar este caso como de lesa humanidad?”, fue una de las preguntas.

Los otros cuatro cuestionamientos fueron sobre el informe de la Dinac, que habla de la sistematicidad de los homicidios relacionados al Proceso 8.000; de los testimonios contra Ignacio Londoño Zabala, su relación con Samper, Serpa y el cartel del norte del Valle; por qué el homicidio de Luis Carlos Galán sí es de lesa humanidad y el de Gómez Hurtado no, y por qué no se ha llamado a declarar a Guillermo Palomari, Víctor Patiño, Fernando Henao, Arcángel Henao, Javier Antonio Calle Serna, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, y Humberto Domínguez.

– Enredo jurídico

La Fiscalía dice tener dos salidas en el caso Gómez Hurtado. La primera es mostrar resultados antes del 2 de noviembre de 2015. La segunda es acogerse a una figura que plantea la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los casos por graves violaciones a los DD.HH. —como es catalogado el crimen de Gómez Hurtado— deben ser investigados por los Estados y no puede oponerse ningún obstáculo como las prescripciones, indultos, amnistías o caducidades. Esta figura se utilizó cuando se solicitó procesar al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el caso del Palacio de Justicia.