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La denominada paz total del presidente Gustavo Petro empieza a tomar fuerza. Dentro de poco, el Congreso tendrá en sus manos el proyecto de ley, que ya fue aprobado por Presidencia, para el sometimiento de bandas criminales y de narcotráfico. Las cartas ya están sobre la mesa: las estructuras que se sometan purgarán entre 6 y 8 años de prisión; no entran organizaciones con estatus político, como el Eln o las disidencias de las Farc; deberán entregar las armas; se comprometerán a garantizar justicia restaurativa a las víctimas; entregarán la gran mayoría de sus bienes; y deberán develar los métodos del negocio del narcotráfico.
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Aunque el texto está listo, hay un mecanismo de cooperación judicial que no fue incluido: la extradición. En el articulado del Ministerio de Justicia, no hay una sola mención al posible traslado al extranjero de criminales que se sometan bajo esta ley. No es un dato menor, por dos razones: En principio, porque podrían entrar estructuras enteramente narcotraficantes, con las cuales el Gobierno ya ha tenido acercamientos. Hablamos del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Pelusos, La Cordillera, entre otros, cuyos líderes y mandos medios pueden tener cuentas pendientes con Estados Unidos, que en cualquier momento los puede solicitar.
Y, por otro lado, porque en los antiguos procesos de sometimiento, como en el caso del Cartel de Medellín, la extradición fue el punto de quiebre entre el Gobierno y los delincuentes. En un contexto, eso sí, en el que las instituciones del Estado parecían doblegadas y en el que hacía eco la frase “prefiero una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos”, de Pablo Escobar. En los 2.000, por otro lado, el gobierno Uribe Vélez les garantizó la no extradición a los jefes paramilitares que desmovilizaron sus tropas. Sin embargo, luego se conoció que siguieron delinquiendo desde prisión y, al perder sus beneficios, llegaron a Norteamérica a pagar por narcotráfico. Un golpe a las víctimas que quisieron conocer la verdad.
El poder de Estados Unidos
¿Por qué no se habló de la extradición esta vez? La explicación es básica en boca del senador Iván Cepeda quien, además de ser uno de los negociadores de paz con el Eln, le metió mano a lo que hoy es el proyecto de sometimiento. “Es un asunto que responde a una relación política entre varios Estados”, respondió el líder del Polo Democrático en diálogo con este diario. Agregó que no es concebible que se tome una decisión unilateral con base en una ley que entrará en vigencia en territorio nacional. “El tema es un asunto que debe ser dialogado y revisado con Estados Unidos”, resaltó el político.
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Así las cosas, a juicio de Cepeda, cualquier cambio que se haga no es un asunto del Congreso. Debe conversarse en el marco de los acuerdos cooperacionales que tienen Colombia y Estados Unidos. En ese orden, el procedimiento de extradición se mantendrá igual a como ha estado reglamentado por años, a propósito de la cooperación que tiene Colombia con otros países en su lucha frontal contra el narcotráfico. Lo que aclaró el político es que si existe una organización criminal que decide acogerse a la iniciativa de paz total del presidente Petro tendrá que cumplir con las reglas para alcanzar un tratamiento especial.
En pocas palabras, las solicitudes de extradición que puedan existir sobre algunos líderes de esas estructuras se podrían negociar con base en el cumplimiento de la norma. “Si hay una organización que decide acogerse a esta ley se puede crear un contexto en el cual sí cumple con las condiciones previstas, se le puede decir a Estados Unidos: esta organización está dispuesta a desarmarse y entregar rutas de narcotráfico. Y, con base en ello, podría eventualmente decidirse, en el marco de una cooperación internacional, suspender (la extradición) mientras se cumpla con lo que se requiere”, explicó el político. Añadió que esa es una situación que será analizada cuando se presente un caso particular.
Los antecedentes
Jorge Iván Cuervo, docente investigador de El Externado, agrega que la extradición ya no es “el coco” que era en la época del Cartel de Medellín y, por tanto, no representaría el talón de Aquiles de la ley. “La extradición ha ido evolucionando. De hecho, muchos narcotraficantes de la nueva generación muchas veces prefieren negociar directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Los narcos colombianos van y reconocen sus delitos, pueden delatar a alguien, pagar unos años y regresan a Colombia tranquilos. La herramienta de la extradición ha perdido fuerza, pero, desde la perspectiva de Estados Unidos, es un tema importante”, explicó.
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Así de crucial es Estados Unidos que, según Cuervo, adhiriendo a la posición de Cepeda, resultaba difícil garantizar la no extradición desde la misma presentación del proyecto de ley. El investigador, por su parte, plantea que eventualmente se podrían congelar los traslados de los capos del narcotráfico, si desde Norteamérica se aceptan cierto tipo de, por así decirlo, contraprestaciones. Tal sería el caso de reducir el número de hectáreas de coca en Colombia, bajar el número de toneladas de droga que llega a Estados Unidos o que, definitivamente y como quiere el presidente Petro, se entregue el listado de las rutas de narcotráfico.
Ángela Olaya, analista de la Fundación Conflict Responses, agrega que la extradición no representa, tampoco, una gran amenaza para el Clan del Golfo, que tiene presencia en todo el pacífico y la costa caribe nacional. “Son estructuras que ya no son carteles. Antes, con bajar a la cabeza ya desarticulas toda la organización. Ahora, aunque tienen algunos niveles de jerarquía, tienen un relacionamiento nodal. La extradición podría sacar uno de estos nodos de los territorios, pero no desestructura completamente un grupo”, aseguró. Y, por último, que el Clan se ha camuflado en las economías informales del país, lo cual hace más complejo el trabajo de desmantelamiento, que no debe verse únicamente desde la perspectiva del narcotráfico y del poder de la justicia estadounidense.
En materia de extradición no todo está dicho. Colombia y Estados Unidos podrían sentarse a hablar del tema una vez el Congreso y la Corte Constitucional decida darle vía libre a la iniciativa del presidente Petro. Entre tanto, el Gobierno prepara un mecanismo para la inclusión a la vida en sociedad de delincuentes que pagarían penas reducidas a cambio de dejar las armas. Una de las dos vías en las que camina la paz total, que también le apuesta a los diálogos de paz con el Eln y las disidencias de las Farc. Todo, mientras el partido Comunes delibera legislativamente, los capos de los antiguos carteles envejecen y las cabezas paramilitares vuelven a Colombia y piden pista, como Salvatore Mancuso, para decir su verdad en la JEP.
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