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Este lunes el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett se reunirá con representantes de la familia de Álvaro Gómez Hurtado. En el encuentro el jefe del ente les dará a conocer la forma en cómo avanza la investigación que adelanta la Unidad de Análisis y Contexto por el crimen del líder político registrado el 2 de diciembre de 1995.
En los últimos meses, la Unidad ha dispuesto la práctica de 40 pruebas documentales y testimoniales con el fin de reconstruir el contexto general del crimen “y realizar las asociaciones de casos que sean procedentes y necesarias para identificar a los responsables”.
Un grupo de tres testigos fue citado con el fin de elaborar un perfil detallado de Gómez Hurtado así como “la victimización del periodismo como oposición” durante la década de los noventa, atendiendo una solicitud de la parte civil. (Ver Piden que magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado sea declarado crimen de lesa humanidad)
Entre los 27 testigos se encuentra la periodista y columnista del diario El Tiempo y la WRadio, María Isabel Rueda, quien en su publicación del pasado domingo aseguró que se siente amedrentada por la citación de la Fiscalía General debido a los señalamientos que hizo sobre los vínculos del abogado Ignacio Londoño y el crimen de Gómez Hurtado. “En la misma providencia en la que se convocó a la mencionada periodista, también se decretaron otras dos pruebas testimoniales y una contextual”.
Por medio de un comunicado el ente acusador manifestó que “el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado se enmarca dentro de la categoría de graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, el término para contar el momento en que prescribe la acción penal es distinto al que se utiliza para los delitos comunes, lo cual significa que no prescribirá el próximo año”.
Gómez Hurtado fue asesinado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleada, donde dictaba la cátedra Historia Política y Constitucional de Colombia. En la calle 76 el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por una moto, el sicario que se encontraba de parrillero que le propinó varios disparos en contra de su humanidad, causándole la muerte de manera inmediata.
A un año de cumplirse el vigésimo aniversario de su muerte, los familiares del líder conservador y un grupo de expresidentes de la República le han solicitado a la Fiscalía General que declare este homicidio como crimen de lesa humanidad con el fin de que se sigan adelantando las pesquisas dirigidas a establecer a las personas que participaron en el homicidio y los móviles que se presentaron para ordenar su ejecución.
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