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Luis Felipe Lota será el primer gerente de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC). Su nombramiento se dio en la última sesión del Consejo de la entidad, tras un concurso de méritos, supervisado por la Universidad Nacional, al que se postularon 75 personas. Lota es ingeniero civil, magíster en ingeniería de transporte y especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos.
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Su hoja de vida cuenta que por nueve fue años subdirector de Transporte y Asesor de Infraestructura y Energía sostenible, del Departamento Nacional de Planeación; director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2019-2022), y subdirector de Formulación en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT. Su experiencia, sin duda, marcará su gestión en la RMBC.
No obstante, con su nueva designación, tendrá que ampliar la mirada, pues llega a comandar una entidad, que promovieron la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo asociar a los municipios aledaños a la capital y buscar soluciones a los problemas comunes.
Sin embargo, su tarea no será fácil, pues una de sus primeras misiones será luchar contra el escepticismo que persiste entre los municipios vecinos, que siguen sin dar el paso para sumarse a la RMBC. Aspecto en el que tendrá una ardua labor en 2024, ya que la Región Metropolitana cierra el 2023 solo con Bogotá y Cundinamarca como miembros oficiales.
Y es precisamente la suma de los municipios uno de los obstáculos, que ha impedido que la entidad despliegue su potencial. Sin ello, será difícil consolidar la entidad como espacio de crecimiento regional. Para Alfredo Molina, excandidato a la gobernación de Cundinamarca por el partido En Marcha, la RMBC, si bien es hoy una figura legalmente constituida, no es legítima. “Y lo digo, ya que la legitimidad es el reconocimiento social y acá ningún municipio de Cundinamarca se ha adherido”.
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Para que un municipio se sume a la Región Metropolitana, en gran medida, depende de la voluntad política. El alcalde debe radicar el proyecto al Concejo de su municipio, donde se debe someter a discusión y a aprobación. Hoy la mirada está puesta, en principio, en 17 municipios aledaños a la capital, a los que se les abrió la puerta, por compartir problemas comunes como seguridad, movilidad y abastecimiento. Se trata de Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Sibaté, Sopó, Tabio, Gachancipá y El Rosal.
Sin embargo, pese a la promoción que hicieron la Alcaldía y la Gobernación, en 2023 nadie dio el paso. El asunto es que, como lo han señalado los expertos, aún persisten dudas alrededor de la RMBC. La esperanza ahora está puesta en el cambio de administración, que será la oportunidad para que el nuevo gerente de la RMBC entre en acción y logre convencer a los nuevos alcaldes de la importancia de esta figura asociativa.
Una de ellas: mejorar la competitividad, como lo ha explicado María Carolina Castillo, directora de Probogotá. “Lo que se busca es generar que, en las actividades económicas, las personas de Bogotá y Cundinamarca cuenten con condiciones mínimas. Unas vías y transporte adecuado e integrado, que permitan sacar los alimentos al mercado más grande del país. Hoy en las vías de acceso a las ciudades, se pierde en competitividad, por ineficiencias, casi $16 billones”.
Pese a los beneficios, que muchos de los municipios reconocen, tal vez el mayor obstáculo es el tema de la participación y la toma de decisiones. Si bien, con la puesta en marcha de la RMBC, se crearon el Ágora Metropolitana y el Consejo Regional como espacios de deliberación en la asociación regional, los municipios sienten que, de sumarse, tienen desventajas.
Maylor Caicedo, columnista de este medio, lo explica así: “algunos sectores sociales y políticos consideran que estos espacios son insuficientes, más cuando en el Consejo Regional se presenta un desbalance al dotar a la Gobernación y a la Alcaldía con capacidad de veto. Es decir, podrían vetar cualquier decisión que se tome en el Consejo”. Debido a que muchos de los proyectos que se formulen dependerán, en gran medida, de los intereses de Bogotá y de la Gobernación, esta particularidad plantea dudas por resolver.
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