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Ha pasado poco más de un mes desde la toma de posesión de Benjamín Netanyahu como líder del gobierno de Israel y ya la oposición está en las calles. Como si la inconformidad con la reforma a la justicia que se busca aprobar en el Parlamento fuera poco, el Legislativo y el Ejecutivo han anunciado y promovido una serie de medidas que han causado preocupación e incluso rechazo por los efectos que puedan tener en la ya deteriorada seguridad de la región.
El miércoles, la Knéset aprobó, con 94 votos a favor y 10 en contra, una ley que permite quitarles la nacionalidad israelí a las “personas reconocidas como culpables de terrorismo”, en caso de que se demuestre que reciben fondos de la Autoridad Palestina (ANP). Como recuerda la AFP, la ANP, que controla Cisjordania, “ofrece remuneraciones a numerosas familias de prisioneros o a propios detenidos, incluido los que han sido condenados por matar a israelíes”.
Según la organización HaMoked, citada por The Guardian, la decisión adoptada por el Legislativo podría afectar a 140 ciudadanos de Israel de herencia palestina y a 211 palestinos de Jerusalén Este que tienen permisos israelíes de residencia y que están presos en este momento. Aunque minoritaria, la oposición árabe en el Parlamento se hizo sentir: Ahmad Tibi, líder del partido Ta’al, dijo, por ejemplo, que la ley es racista pues no aplica para los judíos procesados por terrorismo.
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La determinación llega horas después de que Israel anunciara la legalización de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania como respuesta a los atentados que han ocurrido en las últimas semanas en Jerusalén oriental. Todo esto ha estado enmarcado en la tensa situación de seguridad en la zona tras la escalada violenta de enero pasado, catalogada como la más mortífera de los últimos 20 años, a raíz de una redada israelí que dejó nueve palestinos muertos.
Protestas: hartazgo y polarización
Como señala Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, en este panorama hay problemas distintos, pero que son “concomitantes”. Por un lado, están las protestas en las calles que, según el analista, demuestran el “hastío” ciudadano con la política tradicional. “Que la derecha sea el único partido que puede gobernar no quiere decir que tenga niveles de legitimidad suficientes”, señala Jaramillo.
“Recordemos que, a pesar de que Netanyahu tiene gobierno, la colación de los partidos que él representa ganó apenas por 40.000 votos de seis millones que hubo”, dice, por su parte, Marcos Peckel, columnista de El Espectador y docente en la misma universidad. Peckel señala la resistencia que hay frente al Gobierno por parte de sectores de la sociedad que defienden los derechos LGBT, son “más abiertos” a alcanzar acuerdos con los palestinos, entre otros.
“Esas son las personas que están en las calles”, dice el analista en referencia a las multitudinarias manifestaciones que se han visto en las últimas semanas en ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. La ciudadanía ha salido a rechazar la reforma a la justicia que según sus críticos daría más poder a los parlamentarios, en detrimento del contrapeso que hace el Poder Judicial. Todo esto, además, justo cuando Netanyahu es investigado por cohecho, fraude y abuso de confianza.
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“El juicio a Netanyahu es la razón de todo. Trata de debilitar el poder judicial por todos los medios para eludir su juicio”, le dijo a la AFP Neta Keren-Tal, una manifestante que trabaja en el sector médico.
Peckel agrega que el Poder Judicial en Israel “ha sido feroz garante de los derechos de las minorías árabes, las mujeres, la comunidad LGBT”, así que la gente que ha salido a marchar interpreta la reforma como una amenaza a todo esto. En cambio, “hay partidos religiosos que no ven con buenos ojos que el Poder Judicial garantice derechos que no consideran”.
Gabriel Ben-Tasgal, máster en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice que mientras unos ven en la reforma una amenaza a la democracia, quienes la apoyan creen que hoy “la Justicia representa a una parte del mapa ideológico; que no puede ser que la Justicia decida tocar temas políticos y que los jueces anulan leyes del Parlamento con base en criterios subjetivos de lo que es razonable o no”.
Agrega, no obstante, que “hay personas que son de derecha y están en contra de las reformas y viceversa”.
Asentamientos y nacionalidades
Los analistas parecen coincidir en que el proyecto para quitar la nacionalidad ha sido una iniciativa relativamente popular o que por lo menos no causa tanta resistencia como la de la legalización de asentamientos. Según Peckel, la privación de la ciudadanía es una idea para complacer a los partidarios de derecha que reclaman ese tipo de medidas, pero en la práctica, agrega, es difícil de materializar, pues en el proceso debe demostrarse una traición a la patria, entre otras cosas, “que es prácticamente imposible probar”.
El asunto de los asentamientos parece más complicado para el Gobierno. Aunque tiene una “fuerza política, porque viene a suplir necesidades de legitimidad interna en el bloque de derecha, enfrenta al gobierno de Israel con la administración Biden, que ha dado muestras de que a Estados Unidos no le gusta lo que está pasando”, señala Ben-Tasgal.
Hace dos días Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido rechazaron por escrito y en conjunto el anuncio sobre los asentamientos: “Nos oponemos firmemente a estas acciones unilaterales que no hacen más que aumentar las tensiones entre israelíes y palestinos, perjudicando los esfuerzos para llegar a la solución negociada de los dos Estados”, según los jefes de la diplomacia de los cinco países.
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Este jueves, la Casa Blanca se volvió a referir al tema asegurando, a través de la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, que Estados Unidos está “profundamente consternado” por los planes israelíes de una gran extensión de sus asentamientos en territorios palestinos. Al respecto, Peckel señaló que Israel es “muy sensible” a la opinión pública, de Estados Unidos y Europa, por lo que duda que finalmente, de forma unilateral, termine llevando la legalización a cabo.
Sin embargo, no cabe duda de que la situación en la región es tensa. Para Jaramillo las posiciones recalcitrantes del gobierno de derecha, “supremacista”, representa, de hecho, una “crisis regional porque aleja la posibilidad de paz con los palestinos, lo que a su vez complica la interlocución entre Israel y otros vecinos árabes”, como Arabia Saudí, que ha supeditado la normalización de relaciones a la solución del conflicto con Palestina.
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