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La DIAN va detrás de una torta de más de $9 billones en supuestas deudas de Ecopetrol por IVA de importación a los combustibles; la petrolera dice que el argumento de la administración de tributos es errado y que peleará la decisión. El Ministerio de Hacienda asegura estar delineando una nueva reforma tributaria y alista un polémico decreto para anticipar recaudo. Empresas de energía exigen el pago de saldos por subsidios atrasados del Gobierno. Alcaldes y gobernadores se quejan por falta de recursos para sus regiones. Analistas de todo tipo esperan un nuevo recorte presupuestal, que podría estar por los $40 billones.
Un día más en Colombia, en medio de uno de los peores panoramas fiscales en la historia reciente del país.
Hablar de crisis fiscal puede ser un término tan alienante como vital. Pero, en pocas palabras, las cuentas del Gobierno no cuadran, desde hace un rato: sus ingresos no terminan igualando ni sumando más que sus gastos.
¿De quién es la culpa? Bueno, esa es una pregunta más compleja y, en gran parte, para responderla se necesita que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se mire larga y detenidamente en el espejo.
Los impuestos que no alcanzan
En 2024 se registró una baja en el recaudo tributario de unos $19 billones, situación inédita en las finanzas nacionales recientes, según reconoció el Ministerio de Hacienda en su momento. Esto implicó que el recaudo pasó de ser cerca de 17 % del PIB en 2023 a poco más de 14 % en 2024. Y en esta diferencia se juega la supervivencia del Estado, porque esos $19 billones deben ajustarse por algún lado: alguien no va a recibir lo prometido y los programas del Gobierno van a sufrir, guste o no.
Cuando hablamos de ingresos, la vasta mayoría de esta palabra está anclada a los impuestos. De ahí que tengan un papel central en la economía del país y, claro, en la vida diaria de millones de consumidores y miles de empresas.
Pero no es el único renglón de financiación del Gobierno. La otra línea por la que entran recursos es la deuda, que se maneja a través de varios elementos de los que hablaremos más adelante.
La deuda es una porción normal de las finanzas de cualquier país, pues, como en un hogar, es una forma de financiar actividades y apalancar crecimiento, por ejemplo. Pero, también, como en las finanzas personales, tiene sus bemoles, áreas grises y peligros.
Aquí es importante tener un dato: los ingresos totales del Gobierno en 2024 (sin deuda) llegaron a casi $280 billones, mientras que sus gastos fueron de más de $394 billones, según las cifras del Plan Financiero.
Es claro que hay una diferencia muy grande entre gastos e ingresos. El tamaño de ese hueco, que el año pasado fue más un abismo que otra cosa, es lo que se llama déficit fiscal, que siempre ha existido y tiene unos ciertos límites tolerables, pues el oficio de administrar un país es deficitario casi por naturaleza.
Pero el punto acá es que en 2024 el déficit creció tanto, llegando a 6,8 %, que no hay punto de comparación similar en, por lo menos, la última década. Esto con la notable excepción de los años de la pandemia. Esta salvedad es importante porque, como no hubo una crisis sanitaria y económica en la mitad, lo que el déficit fiscal les dice a los mercados es que las finanzas de Colombia no van tan bien como en otros momentos. Y por aquí es que llegamos a la parte central de esta ecuación: cuánto le cuesta al país tener una menor reputación fiscal.
La deuda y sus efectos
En un trino de hace unos días, el presidente Petro atribuía culpas al Banco de la República por la deuda interna y sus implicaciones en el aumento del gasto público, por un lado.
Por el otro, al Gobierno también le gusta echarle la culpa a la Reserva Federal de lo cara que está la financiación exterior. En ambos casos, el argumento de fondo es que como estos bancos centrales no bajan más sus tasas de interés, adquirir recursos es más caro. Y si bien en los contornos esta afirmación es verdad, lo cierto es que en este momento lo que le cuesta a Colombia financiarse tiene mucho más que ver con el Gobierno que con los complots (imaginarios o no) del resto del mundo.
En palabras sencillas, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explica el escenario de esta forma: “Cuando usted va al banco a pedir un crédito, miran su estado financiero: las cuentas, qué tanto riesgo tiene. Y decide que, por ejemplo, para vivienda, que es a largo plazo, le prestan a una tasa, y a corto plazo, un crédito de consumo, a otra tasa. Algo similar ocurre con las calificadoras y quienes prestan en el mercado internacional. Cuando el Gobierno emite TES, el mercado mira los datos y asigna una tasa de interés”. Aquí es útil explicar que los TES son títulos de deuda pública con vencimiento a corto, mediano y largo plazo (por ejemplo, a uno, cinco, 10, 20 y hasta 30 años) . Estos títulos los compran inversionistas nacionales e internacionales.
Y los TES son importantes en esta conversación, pues, en palabras de Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, son el principal termómetro del comportamiento de la financiación a la que accede el Gobierno. “A cierre de abril, los TES a 10 años superaban el 11,7 %, frente a niveles cercanos al 9 % hace un año. Este repunte refleja el encarecimiento sostenido del endeudamiento interno”, argumenta el experto.
Pabón señala que la tasa de interés promedio de los títulos de deuda pública en circulación al cierre de 2020 era de 5,58 %, pero en marzo de 2025 se ubicaba en 7,26 %. En mayor detalle, en esos períodos la deuda interna pasó de 6,69 % a 8,38 % y la externa de 3,69 % a 4,90 %. Salazar añade que, por el lado externo, “la prima de riesgo medida por el EMBI Colombia se mantiene por encima de los 300 puntos básicos, y ha sido una de las que más ha subido en la región en 2024”.
La comparación con otras economías es útil en este punto, pues ayuda a ver mejor cómo nos miden los inversionistas. “Las últimas colocaciones de bonos en los mercados internacionales fueron muy costosas, con tasas de 8,75 % en dólares. Son superiores a la de países como Brasil y Turquía”, explica Gonzalo Hernández, exviceministro técnico de Hacienda de la administración de Petro (cuando José Antonio Ocampo era el titular de la cartera). El ejemplo de Turquía puede ser alarmante cuando se tiene en cuenta que ese país atraviesa por una inflación que ronda 40 % (en Colombia vamos en 5,16 % en este indicador, según los datos de abril que publicó el DANE este jueves).
A finales de abril, la junta directiva del Banco de la República, en una decisión unánime, bajó las tasas de interés en 25 puntos básicos, llevándolas a 9,25 %. En la rueda de prensa que siguió a la decisión, Leonardo Villar, gerente del emisor, explicó que “la tasa de interés mayor que está pagando el Gobierno por sus operaciones internas y externas responde a factores que no surgen por la tasa de interés del Banrep. Por el contrario, el Banco ha bajado las tasas de manera significativa, en 1,5 % en los últimos seis meses y si se toma un plazo más largo, la ha bajado en 4 %”.
Pabón, de Corficolombiana, explica que mientras en los TES de corto plazo las tasas vienen bajando, en los de largo plazo (de 10, 15, 20 años) están subiendo. ¿Qué nos dice ese comportamiento? Según el experto, es claro que el mercado está leyendo que las condiciones de corto plazo están mejorando por las decisiones del Banco de la República, pero en el largo plazo, donde se miden mejor las condiciones estructurales de la economía colombiana, hay serias preocupaciones.
Entonces, si no es culpa del Banco ni de la Reserva Federal, ¿qué pasa?: “En ausencia de una ruta de ajuste fiscal clara y creíble para Colombia, los inversionistas piden rendimientos más altos para compensar el riesgo de financiar a nuestro país”, explica Hernández.
En este diagnóstico coincide Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Aval Casa de Bolsa, al decir que “la mayor preocupación económica en Colombia es el alto déficit fiscal, que ha hecho que el riesgo país suba y esté por encima de los países de América Latina, incluso frente a países como Brasil, que tiene una calificación menor (peor) que Colombia”.
En general, que la deuda salga cara no es una buena noticia por sí sola, como tampoco lo es por lo que dice sobre los fundamentos de la economía. Pero es particularmente preocupante en un escenario en el que una parte considerable del presupuesto se va en servicio de la deuda. En 2025, el servicio de la deuda corresponde a 21,4 % del Presupuesto General de la Nación, comenta Pabón.
Ahora bien, el llamado riesgo país viene subiendo, de cierta forma, desde 2021, cuando el país perdió el grado de inversión ante dos de las tres principales calificadoras de riesgo. Con información del Ministerio de Hacienda, es posible ver cómo volvió a subir en 2022, con la polémica declaración de la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, quien en el foro de Davos dijo que no iba a haber más exploración de hidrocarburos en Colombia.
En 2023 hubo una suerte de tregua en este tema, pero en 2024 volvió a subir en medio de los alegatos de que el Gobierno no cumpliría la regla fiscal (debate que sigue abierto, por cierto). El día en el que salió Diego Guevara, ministro de Hacienda antes de la llegada de Germán Ávila a la cartera, este riesgo se tradujo en un incremento de intereses igual al de todo el año anterior.
Si bien hay quienes argumentan que la pérdida de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es casi un hecho que ya dan por descontado los mercados, hay otros factores que le seguirían pegando de forma sensible al riesgo país. De hecho, según fuentes del Minhacienda, no hay una buena perspectiva de la posibilidad de mantener el grado de inversión con la calificadora Moody’s, la única de las grandes firmas que aún tiene al país por encima de ese peldaño.
Así mismo, voces de todo lado han calificado la meta de recaudo de la DIAN para este año de demasiado optimista e incluso irreal. Una fuente del Ministerio aseguró que se lograrán recaudar “con muchísima suerte” unos $267 billones de los $299 billones. Y, en ese sentido, hay serias dudas de que el Gobierno logre cumplir el objetivo de bajar el déficit fiscal hasta 5,1 % del PIB este año.
El escenario es un poco como lo describe David Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la U. de los Andes: “En ausencia de planes creíbles para disminuir el déficit fiscal, no hay manera de que la prima de riesgo caiga porque los niveles de deuda seguirán siendo altos y, de hecho, hasta podría seguir aumentando”.
Entonces, la imagen del país ante los mercados va bajando en una especie de tobogán, pero tenemos los ojos vendados: no sabemos a ciencia cierta qué tan cerca estamos del fondo. Por más doloroso que sea, especialmente en un año preelectoral, los expertos coinciden en que el salvavidas para mejorar (o mantener) la imagen de responsabilidad fiscal frente a los mercados es un recorte presupuestal, aparte de los $12 billones que ya se aplazaron por la caída de la ley de financiamiento en 2024.
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