“Falsos positivos no son hechos aislados”

Un abogado argentino tiene, desde hace tres años, la responsabilidad de observar desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado colombiano.    Víctor Abramovich, quien recientemente estuvo en Colombia y ha construido como pocos una constante y cercana relación tanto con los agentes oficiales  como con las organizaciones no gubernamentales, habló con El Espectador sobre su reciente visita a las cuencas del Urabá, el escándalo de los falsos positivos y el futuro de esta institución, una vez entre en vigencia, en 2009, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Varias veces se han pronunciado ustedes críticamente sobre la extradición de los 14 líderes paramilitares a Estados Unidos, ¿qué les preocupa?

Las extradiciones implicaron un cambio en la hoja de ruta que marcaba la Ley de Justicia y Paz e impuso restricciones en relación con los juzgamientos de estos crímenes. Nos parecía que era más importante juzgar los crímenes de lesa humanidad, lograr plena reparación a las víctimas, producir verdad y, logrado eso, proceder a la extradición.

El Gobierno afirma que se continuará con los casos desde Colombia…

No hay ningún acuerdo expreso de cooperación. Además, las decisiones en E.U. dependen de las autoridades judiciales, no de las autoridades políticas. Esto va a depender mucho de los fiscales y de los jueces.

Hay cierto escepticismo en sus posiciones frente al retiro de 27 miembros de la Fuerza Pública por los falsos positivos, ¿por qué?

Si lee nuestros informes anuales de 2006 y 2007, en ambos referimos la situación de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. Ahí decíamos que la repetición de hechos y la existencia de algunos elementos comunes impiden considerar a estos casos como aislados. Hay elementos comunes y hay ciertos patrones que obligan a revisar las prácticas de la Fuerza Pública. El Estado venía efectuando algunas revisiones de políticas que eran importantes, pero después de eso siguieron ocurriendo hechos, lo cual nos hace pensar que esos cambios no fueron suficientes, que hay aspectos quizás más profundos que tienen que ver con prácticas de la Fuerza Pública que deberían ser revisadas y mecanismos de control internos y externos que no están funcionando adecuadamente, aunque no sabemos cuáles.

¿No tienen hipótesis?

Hay tres grandes hipótesis, que no son nuestras, sino de los funcionarios: una sostiene que, aunque se cambien los incentivos, las bajas siguen siendo importantes. Otra  tiene que ver con el sistema de recompensas, que puede ser un incentivo perverso. Hay quienes dicen que los militares no participan de este sistema, pero otros sostienen que pueden participar civiles que actúan como testaferros de estos militares. Una tercera hipótesis es la posible vinculación de ciertos

casos de falsos positivos con situaciones de connivencia de agentes estatales y crimen organizado en donde los agentes estatales que no persiguen a grupos ilegales muestran estadísticas para encubrir la tolerancia con ciertas prácticas ilegales. De manera que grupos ilegales no sólo estarían pagando por protección, sino que además como parte del acuerdo entregarían falsos positivos para que ciertos actores estatales puedan mostrar estadísticas.

¿Qué saben del surgimiento de ‘Águilas Negras’ en el país?

Es prematuro hacer una evaluación. En la Comisión recibimos habitualmente información sobre amenazas provenientes de este grupo a defensores de DD.HH., comunidades indígenas y  afrocolombianas.

Usted visitó hace poco las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó, en el Urabá, ¿cómo las  encontró?

Está pendiente lograr la restitución material del territorio a las comunidades, que siguen siendo ocupadas por empresas cultivadoras de palma aceitera. Por otro lado,  vemos con preocupación que no han disminuido los niveles de violencia. Hay muchos casos de homicidios que les imputan a grupos paramilitares. Esto se puede dar, en parte, a la reacción de los sectores afectados por el desalojo a estas  empresas.

La semana pasada la CIDH demandó a Colombia por la muerte de Manuel Cepeda Vargas. ¿Qué va a pasar con el resto de muertos de la UP?

El problema en el caso es la determinación del universo de víctimas. Eso ha generado mayores demoras.

El asesinato de líderes sindicales es un tema caliente en las relaciones entre Colombia y el partido del nuevo presidente de E.U., Barack Obama, ¿de qué lado se pondría usted?

De ninguno. Mostraría los informes anuales. En ellos siempre hemos planteado como algo grave la violencia contra líderes sindicales en Colombia. No sólo los casos, sino la falta de respuesta judicial. Se han dado pasos importantes, pero sin duda hay un problema grave en términos de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana ya falló en casos como Mapiripán, La Rochela e Ituango, ¿están satisfechos con la reacción del Estado después de estos fallos?

Colombia, a diferencia de otros Estados  en el continente, muestra una importante capacidad de reacción y de respuesta a las sentencias de la Corte. No sólo en términos de reparaciones a las víctimas, sino en la reactivación de los procesos judiciales internos. En esto último está a la vanguardia de los países en el continente.

¿Qué va a pasar el año entrante con la entrada en vigencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en La Haya?

El sistema interamericano juzga la responsabilidad del Estado y no la responsabilidad de individuos particulares, mientras que el CPI juzga la responsabilidad penal de individuos. Nosotros estamos en diálogos con el fiscal de la CPI, porque mucha de la información que  tenemos de crímenes de lesa humanidad son materia de investigación de la CPI. Puede haber una circulación de información, pero las competencias serán diferenciadas.