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Hace más de 10 años, María Zoila Acevedo se arriesgó a criar y cuidar abejas en El Socorro, Santander. Pese a ser alérgica a estos insectos aceptó un proyecto que le propuso el alcalde de aquel entonces, y recibió tres colmenas para empezar. Con el paso del tiempo su apiario fue creciendo y para 2015 ya tenía 18 colmenas. Sin embargo, ese año 13 resultaron envenenadas por el uso de agroquímicos en otros cultivos. Acevedo logró recuperarse y en 2023 alcanzó a tener 27, pero la historia se repitió: perdió varias por el veneno.
Esta situación se repite en varios países. Las poblaciones de estos insectos han disminuido en las últimas décadas. Se estima que cerca del 25 % de las 20.000 especies de abejas conocidas hasta la fecha han desaparecido. Las razones son varias: la pérdida de su hábitat, el uso excesivo de productos agroquímicos como los pesticidas que llegan hasta las flores de las que se alimentan las abejas y las envenenan, entre otras.
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“Decidí continuar con el apiario no por beneficios económicos, sino porque las abejas poco a poco se están acabando. Ya no se encuentran enjambres como antes, y sin ellas no hay vida”, dice Acevedo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas.
La razón es que estos insectos son claves en el proceso de polinización: como otros insectos, recogen el polen de las flores y lo esparcen, permitiendo que las plantas, incluidos los cultivos alimentarios, se reproduzcan. Pero hay varias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.
“Los envenenamientos, desde el punto de vista ecológico, tienen una trascendencia supremamente grave porque hay animales que se alimentan de esos insectos. Si ellos se comen las abejas que están envenenadas, también resultan afectados”, explica Germán Perilla Aldana, biólogo y director de la Fundación Honey Bee Impact.
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Ante este panorama, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), de la mano de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la fundación liderada por Perilla, crearon un proyecto que busca incentivar la proliferación de abejas en ese departamento y devolverle al bosque la madera que ha sido talada ilegalmente.
“En muchos casos la madera incautada se descompone, se pudre, y luego no sirve para nada. Por eso desarrollamos un proyecto para transformar esa madera en colmenas, que llamamos ‘La madera vuelve a casa’”, sostiene el director de la CAS, Alexcevith Acosta.
Para hacer uso de este material, la madera primero debe sortear todos los trámites sancionatorios y judiciales, un proceso largo en el que gran parte del material se pierde. Este año, por ejemplo, la CAS, de la mano de otras instituciones como la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría, han incautado 421,33 metros cúbicos de madera ilegal que provenían principalmente de municipios como Vélez y Barrancabermeja, y no contaba con los permisos correspondientes para ser comercializada o aprovechada, o pertenecía a alguna de las 12 especies que no se pueden talar en el departamento por ser vulnerables, como el pino colombiano, pino montañero, marfil o sepán.
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De dicha cantidad, solo 37,3 m³ han sido entregados a proyectos como “La madera vuelve a casa”. Pero, en años anteriores, el porcentaje era menor. En 2021, de los 704 m³ incautados, solo 7,91 m³ pudieron ser aprovechados en proyectos comunitarios. Los demás permanecen en bodegas de la zona rural de San Gil mientras se realizan los procesos judiciales.
“La idea es aprovechar un producto que estaba siendo inservible en unas bodegas, y generar beneficios ambientales, a través de los procesos de polinización que hacen las abejas. A la vez, incentivamos la productividad y seguridad alimentaria”, señala Leonardo Andrés Pacheco Ríos, ingeniero de la CAS.
Una manera de volver al bosque
Una vez se emite un fallo y la madera queda decomisada definitivamente por parte de las autoridades, esta puede ser donada a entidades públicas, siempre y cuando sean para proyectos comunitarios. En el caso del proyecto de la CAS, el material llega hasta la sede de la UIS en El Socorro, municipio ubicado aproximadamente a tres horas de Bucaramanga. Allí, personal de la fundación Honey Bee Impact hace el proceso de transformación de estas colmenas, que llenas de miel pueden llegar a pesar 120 libras.
“La colmena no es solo un cajón, tiene una estructura interna que es específica, que depende de la manera en que funcionan las abejas”, afirma Perilla. En el taller producen dos tipos de colmenas, una para las abejas del género Apis y otras para las Meliponas, ambas productoras de miel. La fundación, además, realiza capacitaciones a los apicultores para que entiendan de mejor manera el funcionamiento de estos insectos.
En los dos años que lleva funcionando el proyecto se han entregado aproximadamente 2.000 colmenas a apicultores de 11 municipios de Santander, como Suaita, Oiba, Mogotes y Aratoca. “La idea es que nos ayuden a proliferar las abejas, a conservarlas, cuidar los recursos naturales y, al mismo tiempo, fortalecemos las unidades productivas para el sustento económico de las familias”, explica el ingeniero de la CAS.
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Este es solo un paso para conservar estas especies, pues uno de los problemas principales radica justamente en el uso de agroquímicos como los neonicotinoides, que, según explica el biólogo Perilla, “son sistémicos, están presentes en el néctar y en el polen, y eso eventualmente envenena a las abejas”.
Se estima que en el país desaparecen más de 10.500 colmenas por año debido al uso de ciertos plaguicidas. Sin embargo, aún hace falta mayor investigación sobre el estado de estos insectos en el país.
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