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Meta, en la mira de los extorsionistas

La fundación País Libre elaboró un diagnóstico sobre el impacto de ese delito en el departamento, el segundo del país en el que más casos se registran.

13 de noviembre de 2014 – 06:03 a. m.

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De las más de 2.700 personas que han sido víctimas de la extorsión en Colombia en lo corrido de 2014, al menos 228 residen en el Meta. Así lo reveló la Fundación País Libre, que realizó un diagnóstico sobre la incidencia de ese delito en la región, la mayor productora de crudo. Entre los municipios más golpeados se encuentran Villavicencio, la capital, con 130 casos; Acacías, con 28; Granada, con 13; y Puerto López, con 9, ubicados en tres de las cinco subregiones que componen el departamento, el segundo más afectado por ese fenómeno delincuencial, lugar que comparte con el Valle del Cauca.

La extorsión, considerada un delito contra el patrimonio, afecta principalmente a comerciantes e industriales del departamento, quienes han reportado que el 37% de los casos son responsabilidad de delincuentes comunes; el 35%, de bandas criminales y el 32%, de las Farc, que hacen presencia en la zona con los frentes 53 y 21, adscritos al bloque Oriental. En la lista de los gremios afectados también se encuentran la ganadería, la agricultura, los sectores hotelero y minero-energético, el transporte y el negocio de la construcción.

En septiembre pasado, durante un recorrido por el Meta, la senadora del Centro Democrático Nohora Tovar aseguró que a “quienes venden empanadas, algo tan mínimo, les piden cuota de extorsión. A las personas que tienen gallinas les piden $5.000 por ave y a los propietarios de ganado les exigen $20.000 por cabeza”. Igualmente, el representante a la Cámara Fernando Sierra, del mismo partido, declaró que “dos frentes de las Farc tienen azotada a la región. Aquí mover cualquier centavo, vender un litro de leche o una cabeza de ganado, significa dejarle un impuesto a la guerrilla”.

Según las denuncias de las víctimas, el 64% de los extorsionistas se identificaron como guerrilleros de las Farc, el 16% dijeron integrar grupos de corte paramilitar, el 15% adujeron ser integrantes de bandas criminales y el 13% alegaron pertenecer a bandas delincuenciales. Asimismo, el 76% de las extorsiones se realizaron mediante llamadas telefónicas, el 15% consistieron en amenazas directas en negocios, residencias y fincas, y el 13% se efectuaron citando a las víctimas a lugares específicos. El no pago de los montos exigidos, que oscilan entre los $1.000 y los $100 millones, es motivo de nuevas amenazas y constreñimientos.

De acuerdo a la percepción de los encuestados por País Libre, la inseguridad en el departamento obedece a la poca presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, el Ejército reportó en agosto la captura de cinco guerrilleros que se escudaban en un resguardo indígena para, desde allí, eludir la acción de los militares y cobrar extorsiones a comerciantes y empresarios del Meta y Bogotá. La acción, según la VII Brigada, “fue un incentivo más para arreciar las operaciones militares contra extorsionistas que afectan a comerciantes, gremios, agricultores, campesinos y empresarios de la región”.

El Batallón de Ingenieros Carlos Albán también reseñó la captura de alias el ‘Flaco’ o ‘Jhonatan’, que, según esa unidad militar, se desempeñaba como jefe de las finanzas de la banda criminal conocida como bloque Meta, una disidencia del desaparecido Erpac que delinque en los municipios de Villavicencio, San Martín, Granada y Acacías. El Gaula Militar Meta, por su parte, ha capacitado a 900 personas que trabajan en distintas empresas, centros comerciales y entidades bancarias y del sector salud, con el fin de que evitar que sean víctimas de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
 

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