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Procuraduría destituyó a ocho concejales de Barrancabermeja

El Ministerio Público determinó que los cabildantes incurrieron en una falla disciplinaria al elegir las mesas directivas del Concejo Municipal para el período 2014 y 2015.

11 de noviembre de 2014 – 04:53 p. m.

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En fallo de primera instancia la Procuraduría General destituyó a ocho concejales de Barrancabermeja (Santander) y los inhabilitó entre 14 y 12 años para ejercer cargos públicos en el proceso que se les adelantó por las irregularidades que se presentaron en la elección de las mesas directivas del Concejo Municipal para los periodos 2014 y 2015.

El Ministerio Público consideró que esta elección se realizó sin la existencia de un quórum decisorio y, por suscribir y votar el acto administrativo para la elección de la mesa directiva del año 2015, actuación para la cual no estaban facultados.

En este caso se determinó que la voluntad de los funcionarios investigados sabía que estaban incurrieron en una falta disciplinaria, puesto que 17 de los ediles no ostentaban esa condición debido a la pérdida de investidura proferida por el Consejo de Estado.

En cuanto a la elección de la mesa directiva para el periodo 2015, el órgano de control manifestó que los actuales concejales contrariaron normas constitucionales y legales, así como el reglamento interno del Concejo, los cuales prohíben la elección de mesa directiva para más de un periodo.

Además manifestó que estos servidores incurrieron en violación de los principios de la función pública, especialmente el de transparencia, al hacer prevaler su capricho personal frente a los citados mandatos.

La primera falta disciplinaria cometida por los concejales fue considerada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja como grave, y la segunda como gravísima teniendo en cuenta que en su mayoría eran profesionales y, por lo tanto, debían conocer el manejo de la administración pública.

Igualmente se estimó su culpabilidad a título de dolo en ambos cargos por actuar de manera arbitraria, «contrariando la confianza depositada por la comunidad de Barrancabermeja que los eligió».

En el extenso fallo la Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer si hubo responsabilidad de tipo penal por parte de estos funcionarios públicos.

Debido a la trascendencia política generada por este fallo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, constituyó una asignación especial para el estudio y decisión de segunda instancia en Bogotá.

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